“Se debería integrar una Corte con otros jueces”

La cautelar que plantearon ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) la senadora Silvia Elías de Pérez y el legislador José Canelada (ambos de la UCR-Cambiemos) con el objetivo de frenar la aplicación de la ley que divide en dos el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa mantiene expectantes a los actores centrales de los tribunales y de la escena política.

Ayer se sumó a la polémica el titular de ese órgano, Edmundo Jiménez. El jefe de los fiscales negó que con la reforma normativa vaya a contar con “superpoderes”, como afirman Elías de Pérez y Canelada. Y opinó que los actuales vocales del máximo tribunal provincial deberían excusarse de dirimir la cuestión. “Supongo que deberán designar alguna otra Corte, porque (los vocales titulares) tienen un interés lógico en el pleito debido a que se trata de facultades de la propia Corte y del Ministerio Público (las que están en pugna)”, remarcó Jiménez ayer, en rueda de prensa, en la sede de la Justicia penal.

El magistrado destacó que, en el marco de ese proceso, el Ministerio Público ya emitió el dictamen de rigor. Aclaró que él no participó de la redacción de ese texto, y que el fiscal de Cámara, Carlos Sale, fue quien expresó su opinión no vinculante respecto a la demanda de los radicales.

Días atrás, Elías de Pérez, Canelada y el dirigente radical Juan Andrés Robles solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que declare la inconstitucionalidad de la ley 8.983, sancionada en febrero, mediante la cual se fragmentó la estructura operativa y administrativa del Ministerio Público. En su forma original, ese órgano era encabezado por un único jefe para los fiscales y los defensores oficiales. Según argumentó el bloque Tucumán Crece en el recinto, la fragmentación del Ministerio Público era un requisito para avanzar con la implementación del Código Procesal Penal de Tucumán, que prevé la autonomía funcional de estos despachos entre sí y, a la vez, de ambas “cabezas” con respecto la máximo tribunal local.

“La norma crea una situación de gravedad institucional afectando el principio de división de poderes, avanzando sobre las potestades y atribuciones otorgadas constitucionalmente al Poder Judicial”, expresaron los opositores en la demanda ante la CSJT. Afirmaron que sería inconstitucional que los futuros jefes de los fiscales y de los defensores oficiales ostenten las facultades que ahora les confiere la ley 8.983, ya que el artículo 121 de la Carta Magna provincial sostiene que será la Corte Suprema la que ejerza la superintendencia de la administración de justicia.

“Superpoderes”

Ayer Jiménez dio una conferencia de prensa para expresarse con respecto al posible freno de la ley 8.983. Allí, el ex funcionario alperovichista descartó que vaya a tener “superpoderes” como jefe de los fiscales. “Creo que es un término utilizado más que nada para comunicar (desde la prensa). Pero no tiene nada que ver con el contenido (de la norma). Aquí estamos hablando de la administración del presupuesto del Ministerio Público, que hoy depende de la CSJT. Es esencial para la aplicación del nuevo Código Procesal la independencia (de este organismo)”, remarcó.

Recordó a la vez que la propia oficina que a su cargo quedó dividida en dos (todavía el PE no elevó el pliego del postulante a asumir como jefe de los defensores oficiales). “Hay que buscar un sistema que funcione. Hemos accedido bien (a esta medida). Creemos que es así, que de alguna forma se cercena al Ministerio Público, pero de alguna forma se debe tener independencia suficiente de la Corte Suprema y de los jueces. Ese es el sistema adversarial que se está planteando en Argentina. No es un invento de la Legislatura de Tucumán”, manifestó Jiménez. Aprovechó para desestimar que haya tenido cualquier participación en la elaboración del proyecto sancionado en febrero pasado. Y negó que se le haya otorgado un manejo discrecional de las designaciones. “Los fiscales van a ser elegidos con participación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y los demás funcionarios, por concurso, como sucede en la actualidad”, remarcó Jiménez. Añadió que la distribución de las causas ingresadas tampoco estará a su cargo, ya que la nueva normativa procesal penal prevé la creación de una oficina específica para esto en la CSJT.

Por otro lado, consideró como “una cosa absurda” que la oposición se resista al cambio funcionamiento en el Ministerio Público. “También lo sería que la Corte se hiciera eco de esto, porque es una medida dirigida a la implementación de un Código Procesal moderno. Permitirá que haya mucha más celeridad. Es el sistema que necesitamos nosotros para que la ciudadanía tenga seguridad, y se basa en la independencia del Ministerio Fiscal, de la Defensa y de la Corte con sus jueces”, remarcó Jiménez. E insistió con su mensaje inicial: “creo que la Corte no puede resolver este tema, porque es parte interesada, al tratarse de funciones de la propia Corte y de este Ministerio Público (en pugna). Supongo que se deberá conformar una Corte con otros jueces”.

¿Qué planteó la UCR? Que se declare inconstitucional la ley que divide al Ministerio Público por la supuesta delegación de facultades.

¿Puede actuar la CSJT? Gandur, Goane, Sbdar y Posse quedaron habilitados para analizar el caso. Lo harían junto con la competencia.

¿Cómo funcionaba el Ministerio Público? Originalmente tenía una sola “cabeza” como jefe de fiscales y defensores oficiales.

¿Cómo funcionaría con la nueva ley? Fiscales y defensores oficiales tendrían sus respectivos jefes y autonomía funcional.

“Asalto final”.- El legislador macrista Luis Brodersen (PRO-A), quien inició una demanda para objetar la ley de suspensión de magistrados que sean acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento, criticó las nuevas reformas judiciales que tiene en carpeta el oficialismo. Entre ellas está un borrador de un proyecto de ley que prevé la ampliación de las vocalías de la Corte Suprema de Tucumán, con lo que ese tribunal pasaría de tener cinco jueces a nueve. “Están preparando el asalto final a la Justicia de Tucumán. No lo vamos a permitir”, indicó Brodersen. Además, vinculó las iniciativas del oficialismo sobre el Poder Judicial con el avance de las diferentes causas por el manejo de los gastos sociales de la Legislatura.

“Escandalosa extorsión”.- El peronista disidente Oscar López, ex candidato a legislador en 2015, consideró como “una escandalosa extorsión a la Corte Suprema” la decisión del oficialismo de avanzar con un proyecto de ley para ampliar las vocalías del máximo tribunal. “En instancias en que nada los detiene en su decisión de garantizar impunidad por el saqueo de los gastos sociales de la Legislatura, están tensando la cuerda institucional al punto de colocar a la Provincia al borde de la intervención federal, por la decisión de los poderes políticos de desaparecer a la Justicia como poder independiente, violentando la forma de gobierno republicana establecida en la Constitución nacional”, expresó López. En la agenda del Poder Legislativo aparecen otras iniciativas referidas al funcionamiento de la Justicia. Entre ellas, la creación de un sistema de conjueces para que se encarguen de subrogar los despachos vacantes.

Desde la UCR 
“Está claro que vienen por la Justicia provincial”, advirtió el legislador Canelada

La senadora Silvia Elías de Pérez y el legislador José María Canelada (foto), los radicales que objetan la constitucionalidad de la división del Ministerio Público, expresaron sus expectativas con respecto al avance del caso. “Esto es urgente, es ‘para ya’. Lo que pretende realizar el oficialismo es peligroso”, señaló Canelada, jefe del bloque de la UCR de la Legislatura. Y advirtió: ”está claro que vienen por la Justicia”. El radical opinó que el alto tribunal ya está en condiciones de dictar la cautelar, y consideró que sería importante una resolución rápida. “Necesitamos una Corte que demuestre seriedad y responsabilidad institucional”, añadió. Elías de Pérez advirtió: “el PE y sus legisladores están intentando avasallar la independencia de la Justicia provincial”. La senadora nacional sostuvo que se le dio al ministro fiscal, Edmundo Jiménez, “la suma del poder” de forma inconstitucional. “La Carta Magna reserva el poder de superintendencia a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, señaló Elías de Pérez. Y marcó que la aplicación del nuevo régimen impulsado por el oficialismo generará efectos negativos en Tribunales. “Pregunten a las víctimas de la impunidad”, acotó. Y consideró “el summum del descaro” que el legislador oficialista Marcelo Caponio, autor del proyecto de ley cuestionado, haya visitado en su despacho al vocal de la Corte, Antonio Estofán, para hablar sobre el tema. “Este tipo de cosas se tienen que acabar de una vez en Tucumán”, remarcó la radical.

Desde el oficialismo 
“Es un discurso político”, afirmó el oficialista Caponio sobre la demanda radical

El legislador Marcelo Caponio (foto), impulsor de la ley que dividió el Ministerio Público, criticó la postura de la senadora Silvia Elías de Pérez y del legislador José Canelada (ambos de la UCR), quienes plantearon una demanda ante la Corte para frenar la aplicación de esa norma. “No son ‘superpoderes’ (los que se le otorgó a Edmundo Jiménez). Las mismas facultades que se le da al Ministerio Fiscal se las otorga al Ministro de la Defensa para que haya igualdad de armas, que es el término jurídico. Lo que nosotros queremos es una Justicia transparente, ágil, que cuando una persona haya cometido un hecho ilícito sea investigada, juzgada y, si corresponde, condenada. Hoy tenemos la situación de que nadie es juzgado”, señaló Caponio. Insistió en que la versión expresada por Elías de Pérez con respecto a la existencia de “superpoderes” para Jiménez es “falsa”. “Eso es un discurso de barricada. Es un discurso político de una persona que no conoce de derecho, que no conoce de sistemas penales, que no participó en la comisión para la Reforma Procesal Penal. Los modelos procesales penales tanto de la Nación como de las provincias que los actualizaron, como Salta, Córdoba o Santa Fe, tienen estas características”, remarcó. El jueves, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura fue fotografiado por LA GACETA saliendo del despacho del vocal de la Corte, Antonio Estofán. Caponio admitió que había ido a hablar con él por la ley del Ministerio Público.