18 Marzo 2017
“PICO” EN TRIBUNALES. Dos efectivos lo custodiaron hasta el penal de Villa Urquiza luego de su declaración. la gaceta / foto de diego aráoz
Fue uno de los hombres más buscados de la provincia luego de protagonizar una fuga de la comisaría de Delfín Gallo. José Antonio “Pico” Peralta, acusado de liderar una banda conocida como Los 30, sospechada de estar dedicada al narcomenudeo en el sur de la ciudad, ya camina sin problemas por la calle del barrio que lo vio crecer. “Nunca me dediqué a la venta de droga”, se cansó de repetir el hombre que fue liberado luego de que la Cámara de Apelaciones le dictara la falta de mérito.
El hombre, de 30 años, casado y padre de dos hijos, aseguró, según consta en el expediente, que tenía un buen pasar económico, por los ingresos que él y su mujer percibían. “Siempre estaba muy ocupado por todos los trabajos que tenía”, declaró ante la Justicia.
Según sus palabras, que quedaron registradas en la causa que se tramitó en el fuero federal, se dedicaba a entrenar jugadores de fútbol de manera particular y en Tucumán Central, club para el que también jugaba. Además añadió que hasta el 2015 trabajó en el Concejo capitalino, e informó que su mujer también trabajaba en el allí. En total, siempre de acuerdo a su declaración, sus ingresos mensuales eran de $ 16.000 y los de su pareja, de $ 14.000.
Justamente, la relación con el Concejo genera polémicas. Por un lado, “Pico” informó que trabajó allí hasta 2015, es decir, cuando sobre él ya pesaba un pedido de detención en su contra. El ex edil Eloy Del Pino reconoció que conocía a Peralta, pero juró que él no lo había nombrado. “Hay que tener en cuenta que estuve en un acople que aglutina a mucha gente. Desconozco si fue nombrado. No era un militante político”, aclaró
Con la esposa, el panorama es más confuso aún. Según confirmaron fuentes del área personal del Concejo, ingresó el 1 de agosto de 2015, pero su vínculo terminó un mes después.
El caso
En agosto de 2014, personal del Servicio 911 allanó un domicilio en barrio sur para tratar de esclarecer un robo. Allí se encontraron con dos hombres que estaban estirando drogas para comercializarlas. Para los investigadores, se trataba de un quiosco que, según dijeron, era de “Pico” y de su hermano, identificado como “Oreja”.
El acusado se mantuvo prófugo hasta que fue detenido el 8 de agosto por una causa de robo. Después de varios días, se le informó a la Justicia Federal que había sido arrestado. Un mes después se escapó de la comisaría donde había sido trasladado sin que el juez Fernando Poviña lo ordenara. El sospechoso se presentó tres días después asegurando que él había recibido un permiso de sus custodios para ausentarse del lugar y que no fue liberado por un golpe comando, como informaron los uniformados de la dependencia policial.
Poviña, a las pocas semanas, dictó su procesamiento por tenencia y comercialización de estupefacientes. También rechazó al menos tres veces pedidos para que fuera trasladado al penal federal de Santiago del Estero.
Por este caso, en noviembre pasado, fueron condenados a más de cuatro años de prisión Emanuel Roberto Romero y Alberto Campos Córdoba. Estos, según la investigación, eran empleados de los hermanos Peralta. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar le revocó el procesamiento por falta de méritos y ordenó su libertad, aunque ordenó que siga siendo investigado. También pidieron se le diera libertad, trámite que se realizó el jueves.
Un invento
“Todo lo que aparece en esta causa es un invento de la Policía. Es un hombre que corre todo el tiempo para poder mantener a su familia. No tienen ningún emporio económico como quieren hacer creer”, dijo Silvia Furque, su defensora.
La profesional recalcó que en ningún momento se le pudo probar que tuviera todos los bienes (casas y vehículos) que hablaron los pesquisas en la causa. “Ni siquiera tiene un auto para trasladarse”, agregó.
Furque aseguró que no está preocupada por una posible persecución policial. “La gente de la Digedrop es muy profesional, hacen muy bien su trabajo; el problema son los hombres de Investigaciones que son capaces de inventar cualquier cosa, como lo hicieron con ‘Pico’”, concluyó.
El hombre, de 30 años, casado y padre de dos hijos, aseguró, según consta en el expediente, que tenía un buen pasar económico, por los ingresos que él y su mujer percibían. “Siempre estaba muy ocupado por todos los trabajos que tenía”, declaró ante la Justicia.
Según sus palabras, que quedaron registradas en la causa que se tramitó en el fuero federal, se dedicaba a entrenar jugadores de fútbol de manera particular y en Tucumán Central, club para el que también jugaba. Además añadió que hasta el 2015 trabajó en el Concejo capitalino, e informó que su mujer también trabajaba en el allí. En total, siempre de acuerdo a su declaración, sus ingresos mensuales eran de $ 16.000 y los de su pareja, de $ 14.000.
Justamente, la relación con el Concejo genera polémicas. Por un lado, “Pico” informó que trabajó allí hasta 2015, es decir, cuando sobre él ya pesaba un pedido de detención en su contra. El ex edil Eloy Del Pino reconoció que conocía a Peralta, pero juró que él no lo había nombrado. “Hay que tener en cuenta que estuve en un acople que aglutina a mucha gente. Desconozco si fue nombrado. No era un militante político”, aclaró
Con la esposa, el panorama es más confuso aún. Según confirmaron fuentes del área personal del Concejo, ingresó el 1 de agosto de 2015, pero su vínculo terminó un mes después.
El caso
En agosto de 2014, personal del Servicio 911 allanó un domicilio en barrio sur para tratar de esclarecer un robo. Allí se encontraron con dos hombres que estaban estirando drogas para comercializarlas. Para los investigadores, se trataba de un quiosco que, según dijeron, era de “Pico” y de su hermano, identificado como “Oreja”.
El acusado se mantuvo prófugo hasta que fue detenido el 8 de agosto por una causa de robo. Después de varios días, se le informó a la Justicia Federal que había sido arrestado. Un mes después se escapó de la comisaría donde había sido trasladado sin que el juez Fernando Poviña lo ordenara. El sospechoso se presentó tres días después asegurando que él había recibido un permiso de sus custodios para ausentarse del lugar y que no fue liberado por un golpe comando, como informaron los uniformados de la dependencia policial.
Poviña, a las pocas semanas, dictó su procesamiento por tenencia y comercialización de estupefacientes. También rechazó al menos tres veces pedidos para que fuera trasladado al penal federal de Santiago del Estero.
Por este caso, en noviembre pasado, fueron condenados a más de cuatro años de prisión Emanuel Roberto Romero y Alberto Campos Córdoba. Estos, según la investigación, eran empleados de los hermanos Peralta. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar le revocó el procesamiento por falta de méritos y ordenó su libertad, aunque ordenó que siga siendo investigado. También pidieron se le diera libertad, trámite que se realizó el jueves.
Un invento
“Todo lo que aparece en esta causa es un invento de la Policía. Es un hombre que corre todo el tiempo para poder mantener a su familia. No tienen ningún emporio económico como quieren hacer creer”, dijo Silvia Furque, su defensora.
La profesional recalcó que en ningún momento se le pudo probar que tuviera todos los bienes (casas y vehículos) que hablaron los pesquisas en la causa. “Ni siquiera tiene un auto para trasladarse”, agregó.
Furque aseguró que no está preocupada por una posible persecución policial. “La gente de la Digedrop es muy profesional, hacen muy bien su trabajo; el problema son los hombres de Investigaciones que son capaces de inventar cualquier cosa, como lo hicieron con ‘Pico’”, concluyó.
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