27 Marzo 2017
El porcentaje de morosos en el Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) supera el 20%. El interventor de ese organismo público, Gustavo Durán, precisó que hay meses en que se acerca al 28%, sobre todo en vacaciones porque los beneficiarios no pagan sus cuotas. Esta realidad es la que obligó a pensar una estrategia de cobro. Durán confirmó que se firmó un convenio con la federación Económica de Tucumán (FET) para que se afecte la firma de los morosos y no se les permita tomar créditos hasta tanto se pongan al día con los pagos de su vivienda.
“Se trata de una cartera social, más que financiera. Las cuotas más elevadas rondan los $2.000, pero la mayoría está por debajo de los $1.000. Es una cuota social y por eso se llama vivienda social, porque tiene un alto subsidio del Estado”, justificó el funcionario.
El convenio con la FET prevé el traspaso de 6.000 cuentas a la gestión de cobranza de esa institución y así profundizar las medidas para incentivar el pago. Con esta nueva estrategia esperan que los beneficiarios “prioricen el pago de la casa antes que comprar una moto o un electrodoméstico”.
La norma detectará automáticamente a los beneficiarios que se encuentren en mora, afectará sus firmas para sacar créditos e implementará recargos que podrían alcanzar el 25%.
Incentivos
Durán recordó que con las cuotas al día se puede acceder a sorteos de cancelación anual, o sea que se bonifica lo que resta pagar para que la vivienda para que sea, definitivamente, propia. “Son incentivos para que se pongan al día”, expresó. Actualmente, el Instituto opera con un sistema de actualización de las cuotas que toma el índice salarial menos un 10%. “Por eso nunca va a acompañar, como otros índices, la realidad”, insistió Durán.
Las formas de pago vigentes con las que cuenta el Instituto de la Vivienda son el débito automático a los empleados estatales, el pago en bancos, por transferencia y en redes de cobranza (Pago Fácil y Rapipago).
El interventor reconoció que el débito automático es el medio de pago que más beneficia al Instituto, pero que actualmente solo el 50% de los usuarios está en condiciones de utilizar este método.
“Para nosotros es mejor que los beneficiarios estén bancarizados y no en una situación informal”, manifestó Durán, quien ironizó diciendo que la vida “sube mucho más de lo que aumenta la cuota”.
El plazo del pago de las cuotas atrasadas finaliza el 31 de mayo. A partir de esa fecha entrará en vigencia el régimen de gestión de cobranza producto del convenio. Habrá sanciones severas -apuntó- como la rescisión de la vivienda adjudicada, la afectación de la firma y hasta juicios ejecutivos y de desalojo.
“Se trata de una cartera social, más que financiera. Las cuotas más elevadas rondan los $2.000, pero la mayoría está por debajo de los $1.000. Es una cuota social y por eso se llama vivienda social, porque tiene un alto subsidio del Estado”, justificó el funcionario.
El convenio con la FET prevé el traspaso de 6.000 cuentas a la gestión de cobranza de esa institución y así profundizar las medidas para incentivar el pago. Con esta nueva estrategia esperan que los beneficiarios “prioricen el pago de la casa antes que comprar una moto o un electrodoméstico”.
La norma detectará automáticamente a los beneficiarios que se encuentren en mora, afectará sus firmas para sacar créditos e implementará recargos que podrían alcanzar el 25%.
Incentivos
Durán recordó que con las cuotas al día se puede acceder a sorteos de cancelación anual, o sea que se bonifica lo que resta pagar para que la vivienda para que sea, definitivamente, propia. “Son incentivos para que se pongan al día”, expresó. Actualmente, el Instituto opera con un sistema de actualización de las cuotas que toma el índice salarial menos un 10%. “Por eso nunca va a acompañar, como otros índices, la realidad”, insistió Durán.
Las formas de pago vigentes con las que cuenta el Instituto de la Vivienda son el débito automático a los empleados estatales, el pago en bancos, por transferencia y en redes de cobranza (Pago Fácil y Rapipago).
El interventor reconoció que el débito automático es el medio de pago que más beneficia al Instituto, pero que actualmente solo el 50% de los usuarios está en condiciones de utilizar este método.
“Para nosotros es mejor que los beneficiarios estén bancarizados y no en una situación informal”, manifestó Durán, quien ironizó diciendo que la vida “sube mucho más de lo que aumenta la cuota”.
El plazo del pago de las cuotas atrasadas finaliza el 31 de mayo. A partir de esa fecha entrará en vigencia el régimen de gestión de cobranza producto del convenio. Habrá sanciones severas -apuntó- como la rescisión de la vivienda adjudicada, la afectación de la firma y hasta juicios ejecutivos y de desalojo.
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