La adolescencia del manzurismo

El Gobierno tucumano, durante esta semana, se ha manifestado con respecto a la administración federal como si, por momentos, adoleciera de la capacidad para comprender que toda acción política genera una reacción. Entonces el funcionariado, con el gesto absorto y el tono correspondiente a cuestiones incomprensibles, ha reparado públicamente en que la Nación no responde favorablemente a los pedidos de recursos que le formula la Provincia.

Ayer, propiamente, el gobernador Juan Manzur manifestó que sigue sin respuesta su pedido de $ 600 millones para la reconstrucción de los pueblos del sur, arrasados por la inundación provocada por las inéditas crecidas de los ríos y el ya clásico desgobierno provincial.

Como si fuera incapaz de trascender la literalidad, el oficialismo parece no leer que, últimamente, sólo le va mal en la Casa Rosada. Esta semana, el presidente Mauricio Macri dijo en la cara de los gobernadores que se dieron cita para suscribir la anunciada “modernización del Estado” que ese Estado no puede seguir siendo un “aguantadero”. Había mandatarios que a esa reprimenda no estaban escuchándola por primera vez...

En mayo del año pasado, también en la Casa Rosada, el mandatario nacional les pidió a los 18 intendentes tucumanos, que acompañaban a Manzur a una reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que dejaran de practicar clientelismo con nombramientos.
Inmediatamente, le demandó a Manzur el fin de los acoples. Es decir, basta del anti-sistema electoral tucumano. Para entonces, el gobernador llevaba ya seis meses haciéndose el distraído con su primer compromiso como gobernador: la reforma política que prometió en su mensaje de asunción, el 29 de octubre de 2015. Dentro de 10 días, cuando llegue mayo, el requerimiento presidencial habrá cumplido un año de absoluto ninguneo por parte de las autoridades del jardín de la república anegada.

Mientras tanto, Manzur le mandaba mensajes a la Nación. En enero pasado, instó a Macri a realizar un reparto equitativo de los fondos. En febrero, manifestó que la Casa Rosada debía involucrarse en las paritarias docentes. En marzo, expresó su respaldo a los reclamos de los sindicatos de los educadores de Buenos Aires. En abril, cuando fue al encuentro del jefe de Estado en Monteagudo, un grupo de personas nunca antes vista en los inundados (hasta ese lunes 10 en que aparecieron legisladores y funcionarios por la zona) abucheó e insultó al Presidente.

Frente a este cuadro, la sorpresa del mandatario tucumano por no recibir los millones que reclama es desconcertante. Pero no porque haya criticado a Macri: el problema no es con lo que Manzur dice, sino con lo que no hace. 

Memorias

Aunque algunos funcionarios refunfuñan la presunta demora en la remisión de dineros federales, la Coparticipación Federal de Impuestos luce estar al día, según informadas fuentes oficiales. Es cierto que algún desprevenido pudo haber esperado un mayor “goteo” a partir de la notable recaudación reciente, fruto del “blanqueo”, pero la Nación resolvió devolver retenciones al campo, con lo cual coparticipó la cifra más o menos acostumbrada.

Los únicos recursos “demorados” por la Nación son los correspondientes al plan social “Argentina Trabaja” del año pasado, pero los municipios y las comunas están siendo auditadas con respecto al uso que han dado a los recursos federales para obras públicas.

Si bien el federalismo es el primer plan constitucional abandonado en este país, por el momento el manzurismo no tiene mucho que reclamar en esa línea. Por eso, cuando el actual gobernador clama por un “reparto equitativo” de fondos públicos, pareciera que por momentos adolece de falta de memoria de corto plazo. El kirchnerato (del cual él fue ministro de Salud durante seis años) desequilibró la coparticipación hasta dejarla en un 30% para las provincias y un 70% para la Nación, según declaró la ex presidenta Cristina Fernández. La última Ley de Coparticipación (la 23.548, de 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín) fijó una distribución primaria de sólo el 42,3% para la Nación, y de nada menos que el 57,7% para las provincias. 

Entonces, el oficialismo local parece adolecer de problemas de aceptación: las acciones del pasado nos dan un rostro. Lo que hicimos es lo que elegimos ser.

Léase, si Manzur no recibe el dinero que solicita es porque nada ha hecho respecto de la reforma electoral.

Entendimientos

Dicho de otro modo: Manzur fue electo gobernador en los comicios de agosto de 2015, manchados por la sospecha del uso de fondos públicos para financiar el acarreo de electores y la compra de votos con dinero y bolsones. Luego, LA GACETA reveló que la partida que alimentó durante 12 años los “Gastos Sociales” (ahora eliminados) había pasado de $ 150 millones en 2014 a $ 600 millones en el año de las elecciones. En los 90 días previos a la votación, este diario mostró el retiro de $ 200 millones de la cuenta oficial del parlamento en valijas.

De conjurar todas estas aberraciones fraudulentas debía ocuparse la reforma política que Manzur prometió vanamente. ¿De verdad espera el oficialismo, con estos antecedentes, que la Nación le remita $ 600 millones a 192 días de las elecciones?

El manzurismo parece adolecer de problemas para entender que hacer nada equivale a hacer mucho por omisión.

Hacer nada con el régimen electoral ha dejado a los tucumanos, prácticamente, sin partidos políticos. El síntoma de ello es el paroxismo de las cifras. Según los datos del mes pasado, el número de agrupaciones reconocidas por la Cámara Nacional Electoral en toda la Argentina es de 624. En 2015, según la Junta Electoral Provincial, compitieron en Tucumán 454 partidos con sus propias listas, más 1.657 acoples, es decir, partidos que “acoplaron” a otros sus listas de concejales  o de legisladores. La propia Junta Electoral advirtió también a la Legislatura, en su informe de diciembre de 2015, que para 2019 la cifra de partidos será de 1.051. Si ese incremento del 130% se traslada a los acoples, estos rondarán los 3.800. En otros términos, Tucumán tiene el triple de los partidos políticos que todo el país, sencillamente, porque ya casi no tiene partidos políticos.

En todo caso, aquí se le llama “partido político” a una carpeta absurda con una declaración de principios fotocopiada hasta la inmundicia, más 25 firmas y unas fichas de afiliación de las que “da fe” el mismo apoderado que patrocina a varias decenas de otras “carpetas”.

Los que logran un cargo no son representantes más que de sí mismos.
Pero el oprobio no se reduce a esta farsa. Tucumán necesita de leyes específicas contra el clientelismo, y no tiene que ir a Europa a buscarlas.

Grandezas

En México se sanciona con multa y prisión a quien “solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas o la jornada electoral”. Y va preso quien “lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto”.

En Brasil, se prohíbe a los agentes públicos “utilizar o permitir el uso promocional en favor de candidato, partido o coalición, de la distribución gratuita de bienes o servicios de carácter social subvencionados por el Poder Público”. Y prevé la multa y la cancelación del diploma para el candidato que incurra en captación ilícita de sufragio, a partir de “donar, ofrecer, prometer o entregar al elector, para obtener su voto, bien o ventaja personal de cualquier naturaleza, inclusive empleo o función pública, desde el registro de la candidatura hasta el día de la elección”. Se configuraba el ilícito si actúa el postulante o intermediarios.

En Uruguay, “el ofrecimiento, promesa de lucro personal o dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector”, es delito electoral según la Ley de Elecciones.

“Comprar o vender el voto” merece reclusión en la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas de Honduras.

Ecuador pena con prisión al que “haya recibido algo por su voto, o haya dado o prometido algo por el voto de otro”.

La “compra de votos” también está prevista como delito bajo la denominación de “corrupción del sufragante” en la normativa penal de Colombia…

Hace nueve meses se celebró en Tucumán el bicentenario la Independencia de las Provincias Unidas en el Río de la Plata. Hoy, los anfitriones de esa fiesta no hacen nada para garantizar que en esta tierra, a la hora de elegir y ser elegidos, no se adolezca de la falta de libertad. 

Si, en comparación, buena parte de América Latina luce primermundista en materia electoral es por los gobiernos que adolecen de la escasez de grandeza para hacerse cargo de tanta historia.