29 Abril 2017
VALOR DEMOCRÁTICO. La Corte pretende acercar la Justicia a la gente con medidas de mayor transparencia. la gaceta / foto de diego aráoz
A tres años de haber dispuesto la publicación de todas las acordadas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (CSJT) se apresta a dar otro paso hacia la transparencia: la difusión también alcanzará a los actos administrativos del presidente del máximo tribunal.
El miércoles 19, el titular de la CSJT, Antonio Gandur; y a los vocales René Mario Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse firmaron la acordada N° 411, mediante la que dispusieron la publicación de todas las resoluciones que adopte la Presidencia de la Corte Suprema.
El texto recuerda que está vigente la Acordada N° 1.235/13, por la cual la Corte se obligó a publicar en la página web del Poder Judicial todas las acordadas que dictó a partir del 3 de febrero de 2011. Esta nueva medida, enfatizaron los jueces, tiene el propósito de mejorar el acceso a la información pública y dar mayor transparencia a sus actos y disposiciones.
Además, Gandur, Goane, Sbdar y Posse argumentaron que el alto tribunal suscribió un convenio de cooperación técnica con la Nación el año pasado. Se trata del acuerdo sobre “Sistemas de Información y Estándares de Justicia Abierta para la Justicia Argentina”, suscripto entre la Corte y el Ministerio de Justicia de la Nación -que conduce Germán Garavano- y convalidado por la CSJT mediante la Acordada N° 123 de 2016.
Se supone que a partir de la firma de la última acordada, además de los fallos y disposiciones que emita el máximo tribunal, estarán disponibles en el sitio oficial del Poder Judicial (www.justucuman.gov.ar) todas aquellas decisiones administrativas sobre sumarios, sanciones, nombramientos, ascensos y licencias que adopte quien ocupe la Presidencia.
El 10 de marzo, en una entrevista publicada por LA GACETA, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, había anticipado su intención de transparentar los actos administrativos del Ministerio Público. “No vamos a publicar casi todas: vamos a publicar todas las decisiones”, había dicho. No obstante, aún no existe en el sitio web de la Justicia un espacio para las disposiciones del jefe de los fiscales.
Sin avances
En los poderes políticos de Tucumán, el acceso a la información pública se mantiene como una cuenta pendiente. De hecho, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) intenta sin éxito desde 2013 que se sancione una Ley de Ética Pública.
La entidad profesional retomó el mes pasado la campaña #ÉticaParaLaDemocracia en la vía pública para pedir por el tratamiento del proyecto. Además de esa iniciativa, hay otras impulsadas por parlamentarios opositores que no fueron abordadas.
A nivel nacional, el año pasado, el Congreso aprobó un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública a partir del cual cualquier persona puede pedir datos, documentos, registros de la administración de cualquier organismo del Estado y dispone que “el funcionario que no responda en 15 días podrá ser sancionado”. La Provincia había anticipado que estudiaría la adhesión a la norma, aunque aún no hay bajo tratamiento legislativo ningún proyecto con ese propósito.
El miércoles 19, el titular de la CSJT, Antonio Gandur; y a los vocales René Mario Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse firmaron la acordada N° 411, mediante la que dispusieron la publicación de todas las resoluciones que adopte la Presidencia de la Corte Suprema.
El texto recuerda que está vigente la Acordada N° 1.235/13, por la cual la Corte se obligó a publicar en la página web del Poder Judicial todas las acordadas que dictó a partir del 3 de febrero de 2011. Esta nueva medida, enfatizaron los jueces, tiene el propósito de mejorar el acceso a la información pública y dar mayor transparencia a sus actos y disposiciones.
Además, Gandur, Goane, Sbdar y Posse argumentaron que el alto tribunal suscribió un convenio de cooperación técnica con la Nación el año pasado. Se trata del acuerdo sobre “Sistemas de Información y Estándares de Justicia Abierta para la Justicia Argentina”, suscripto entre la Corte y el Ministerio de Justicia de la Nación -que conduce Germán Garavano- y convalidado por la CSJT mediante la Acordada N° 123 de 2016.
Se supone que a partir de la firma de la última acordada, además de los fallos y disposiciones que emita el máximo tribunal, estarán disponibles en el sitio oficial del Poder Judicial (www.justucuman.gov.ar) todas aquellas decisiones administrativas sobre sumarios, sanciones, nombramientos, ascensos y licencias que adopte quien ocupe la Presidencia.
El 10 de marzo, en una entrevista publicada por LA GACETA, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, había anticipado su intención de transparentar los actos administrativos del Ministerio Público. “No vamos a publicar casi todas: vamos a publicar todas las decisiones”, había dicho. No obstante, aún no existe en el sitio web de la Justicia un espacio para las disposiciones del jefe de los fiscales.
Sin avances
En los poderes políticos de Tucumán, el acceso a la información pública se mantiene como una cuenta pendiente. De hecho, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) intenta sin éxito desde 2013 que se sancione una Ley de Ética Pública.
La entidad profesional retomó el mes pasado la campaña #ÉticaParaLaDemocracia en la vía pública para pedir por el tratamiento del proyecto. Además de esa iniciativa, hay otras impulsadas por parlamentarios opositores que no fueron abordadas.
A nivel nacional, el año pasado, el Congreso aprobó un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública a partir del cual cualquier persona puede pedir datos, documentos, registros de la administración de cualquier organismo del Estado y dispone que “el funcionario que no responda en 15 días podrá ser sancionado”. La Provincia había anticipado que estudiaría la adhesión a la norma, aunque aún no hay bajo tratamiento legislativo ningún proyecto con ese propósito.
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