09 Mayo 2017
BUENOS AIRES.- El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial, confirmó la sanción contra la Argentina, con una multa de U$S 384, por la rescisión de los contratos con las empresas Aguas de Barcelona (Agbar), Suez Environnement y Vivendi. La ratificación de la sanción, que afronta la Nación con recursos de la Coparticipación, también alcanza al Gobierno de Tucumán, ya que la empresa Aguas del Aconquija, antigua prestataría del servicio en la provincia, era subsidiaria de Vivendi. En el caso de Tucumán, la deuda reclamada por la firma fue de U$S 170 millones.
En 2005, las tres empresas reclamaron al Gobierno nacional un incremento de las tarifas del servicio, que estaban congeladas por la crisis económica de 2001 y de 2002. A cambio del aumento de tarifas, el Gobierno argentino exigió a las concesionarias un plan de inversiones en la mejora el servicio. Al no llegar a un acuerdo, el Gobierno rescindió los contratos con las empresas europeas, que llevaron el caso al Ciadi. En abril de 2015, este tribunal, emitió un laudo en el cual obligó a la Argentina a pagar la indemnización.
En Tucumán, el pago a Vivendi comenzó en 2015, por lo que, hasta abril de 2016, se habría acumulado una deuda, por parte de la provincia, cercana a los $ 220 millones. A eso habría que sumarle otros $ 100 millones que corresponderían a vencimientos del período mayo-diciembre también del año pasado. Los pagos se pactaron en 180 cuotas, a tasa Libor, que se saldarán con fondos de la Coparticipación federal.
El Ciadi determinó que la Argentino tenía que pagar U$S 223 millones a Suez; U$S 123,2 millones a Agbar y U$S 37,2 millones a Vivendi por pérdidas sobre deuda garantizada y capital, consignó la agencia Télam.
En 2015, la Argentina pidió la anulación del laudo, al alegar que el tribunal “no fue constituido correctamente”. No obstante, el Ciadi rechazó la solicitud de anulación.
En 2005, las tres empresas reclamaron al Gobierno nacional un incremento de las tarifas del servicio, que estaban congeladas por la crisis económica de 2001 y de 2002. A cambio del aumento de tarifas, el Gobierno argentino exigió a las concesionarias un plan de inversiones en la mejora el servicio. Al no llegar a un acuerdo, el Gobierno rescindió los contratos con las empresas europeas, que llevaron el caso al Ciadi. En abril de 2015, este tribunal, emitió un laudo en el cual obligó a la Argentina a pagar la indemnización.
En Tucumán, el pago a Vivendi comenzó en 2015, por lo que, hasta abril de 2016, se habría acumulado una deuda, por parte de la provincia, cercana a los $ 220 millones. A eso habría que sumarle otros $ 100 millones que corresponderían a vencimientos del período mayo-diciembre también del año pasado. Los pagos se pactaron en 180 cuotas, a tasa Libor, que se saldarán con fondos de la Coparticipación federal.
El Ciadi determinó que la Argentino tenía que pagar U$S 223 millones a Suez; U$S 123,2 millones a Agbar y U$S 37,2 millones a Vivendi por pérdidas sobre deuda garantizada y capital, consignó la agencia Télam.
En 2015, la Argentina pidió la anulación del laudo, al alegar que el tribunal “no fue constituido correctamente”. No obstante, el Ciadi rechazó la solicitud de anulación.
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