Sin que nadie se hiciera responsable, el Gobierno alimentó sospechas

Walter Schmidt - DyN

BUENOS AIRES.- Siete días demoró el presidente Mauricio Macri en dejar en claro ante la sociedad cuál era su posición respecto del fallo de la Corte Suprema por el cual decidió aplicar el denominado “dos por uno”, a un delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar. “Siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier ley que beneficie la impunidad”, aseguró Macri, evidenciando el talón de Aquiles de su gobierno: la comunicación.

¿A nadie en la Casa Rosada se le ocurrió que el silencio del Presidente no haría mas que alimentar la sospecha, aún en pie, de que detrás del fallo que puede beneficiar a cientos de represores está el gobierno?
Dos días menos que el Presidente tardó en darse cuenta de la necesidad de fijar una posición clara, la gobernadora María Eugenia Vidal. El lunes, sin que nadie se lo preguntara, afirmó que “no puede haber atajos para los delitos de lesa humanidad”.

La hipótesis sustentada rápidamente por la oposición fue: dos de los ministros de la Corte que avalaron el fallo le deben su designación a Macri -Horacio Rosatti y Juan Carlos Rosenkrantz-, mientras que Elena Highton de Nolasco le debe al gobierno su permanencia, mas allá de los 75 años, porque el Ejecutivo decidió no apelar su negativa a respetar el límite de edad fijado en al reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Mas aún. Algunos legisladores peronistas interpretaron el proyecto promovido en Diputados por el oficialismo y convertido en ley por el Senado, como una nueva “marcha atrás” del oficialismo: promover un fallo que beneficiara a ex represores y luego, ante la reacción negativa, volver sobre sus pasos impulsando una ley correctiva. Suspicacias.

Una decisión de la Corte de las características del fallo, con tamaña repercusión en la sociedad, debe tener un responsable. Pero nadie se hace cargo de ello. ¿El gobierno de Macri?¿El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aunque haya aparecido votando en contra?¿O solo responsabilidad de Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco? Si sólo fuera responsabilidad de los tres ministros del Alto Tribunal o de la Corte en su conjunto, estaríamos ante un caso de soberbia y de solemnidad hipócrita.
Por más que se trate de la Corte Suprema, ninguno de sus miembros escapa del lodo de la política, los contubernios y las operaciones, al igual que el 99 por ciento de la dirigencia. Todos son parte de la falsa independencia de poderes. Por ende, un fallo de esta magnitud debió haber obligado a los ministros de la Corte a advertir al gobierno y a la clase política, con quienes mantienen contactos permanentes por temas mucho mas triviales, acerca de las consecuencias que provocaría. Si los hubieran advertido, la corrección de la ley hubiera bastado y ningún represor hubiera gozado del beneficio.

Sin unanimidad

Como mínimo, el tribunal debió haber alcanzado una unanimidad para sostener tal decisión, no un fallo dividido de 3 a 2. Ninguna de las opciones ocurrió.
Ahora bien, sin que nadie se hiciera cargo de ello, porque tampoco los ministros de la Corte tuvieron la delicadeza de argumentar o defender su fallo ante una sociedad sorprendida de izquierda a derecha, al menos a través de voceros, rápidamente la “resolución” de la polémica quedó en manos del Congreso Nacional.

Si bien la fugaz aprobación de una ley que limita la aplicación del Dos por Uno pareció “calmar los ánimos”, él o los responsables deberían hacerse cargo de la movida que obligó a todo el arco político a marchar a la Plaza de Mayo como cuando el ex presidente Carlos Menem decretó los indultos en 1990.
Claro, la diferencia es que, por mas nefasta que haya sido la decisión de Menem, en ese momento hubo un responsable, que puso la cara. Hoy, todavía no lo hay.