Les declararon la guerra a los tours de compras a Bolivia

Una nueva batalla se desató en las rutas de las provincias del NOA. La protagonizan personal de las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, que se enfrentan a las personas que realizan los llamados tours de compras y a los particulares que ingresan ilegalmente mercadería desde Bolivia. En poco más de 72 horas, se incautaron productos por más $ 6,5 millones; y se secuestraron 18 micros y una veintena de vehículos “utilitarios”. Como resultado, un gendarme resultó herido durante un control porque los integrantes de un contingente se enardecieron cuando les informaron que secuestrarían los bultos.

Semana agitada

El miércoles, en la ruta 34, a la altura del paraje conocido como Balanza de Las Tijeras, Gendarmería Nacional dio el primer golpe: detuvo ocho micros y secuestró mercadería por más de $ 4 millones. Dos personas fueron detenidas por haberse enfrentado con los efectivos. Ahí fue cuando uno de los uniformados terminó internado: recibió una pedrada en la cabeza.

El viernes, en la localidad salteña de El Naranjo, los gendarmes de esa provincia detuvieron siete micros y 17 vehículos que trasladaban productos por más $ 1,1 millón. Y el sábado, en Trancas, también hombres de Gendarmería detuvieron tres ómnibus y tres vehículos que trasladaban a diferentes provincias $ 1,4 millón en mercadería.

“La orden del Ministerio de Seguridad de la Nación es la de ser inflexibles. Los controles se mantendrán y serán móviles en diferentes provincias para sorprenderlos”, aseguró el comandante Abel Espinoza, jefe del Escuadrón 55 de Gendarmería.

El comisario inspector Domingo Andrés Toledo, de la Agencia Regional de la Policía Federal, coincidió con su par y explicó que todas las fuerzas nacionales y provinciales se están encargando de hacer un control más exhaustivo en las rutas. “Este no es un tema menor. El contrabando puede ser una manera que tienen las grandes organizaciones para financiar sus actividades ilícitas. Por eso intentamos frenarlas antes de que sigan creciendo y comiencen a explorar nuevos negocios”, comentó en una charla con LA GACETA.

Investigación

Los procedimientos de los miembros de las distintas fuerzas de seguridad permiten determinar que los contrabandistas adquieren la ropa en Bolivia y la hacen ingresar por la localidad salteña de Orán. Desde allí toman rutas alternativas hasta que llegan a la 9 o la 34, a través de las cuales llegan al destino final, que puede ser esta provincia, Santiago del Estero y, en menor cantidad, Córdoba, Catamarca, Mendoza y San Luis.

Los investigadores confirmaron que estas cargas tienen dos orígenes. Por un lado, las personas que compran mercaderías para revenderlas. Por otro, las que son contratadas por organizaciones más importantes, que pagan para que les trasladen los productos y, luego de acopiarlos, los envían a Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, comúnmente en camiones con acoplados.

En nuestra provincia ya se incautaron varios vehículos de gran porte que habían cargado centenares de bultos en depósitos ubicados en Monteros, Simoca y Alderetes. También secuestraron camiones que habrían cargado grandes cantidades de mercadería en Rosario de la Frontera. “Un utilitario puede cargar hasta 30 bultos. Les pagan hasta $15.000 por cada viaje y después de que reúnen 400 bultos, los llevan en camiones. Para operar eligen lugares alejados, con el objetivo de no ser descubiertos”, describió una alta fuente de una fuerza nacional.

“En los últimos tiempos hubo millonarios secuestros a camiones y es probable que los grupos estén cambiando de modalidad para cumplieron su objetivo”, explicó el comandante Espinoza.

“También hemos observado que las empresas que realizan estos tipos de viaje están haciendo el recorrido en convoys para evitar ser detenido en los controles. Esta no es una receta nueva, sino que ya fue usada en otras oportunidades para generar incidentes”, agregó Espinoza.

Cinco veces más

El fiscal federal Pablo Camuñas explicó que no todas las personas que son descubiertas con mercadería ilegal deben afrontar a la Justicia Federal. Especificó además que si una persona lleva productos por hasta $ 100.000 (la valuación es realizada por la Dirección Nacional de Aduanas) sólo se le aplica una multa; pero si supera esa cifra, sí se le inicia una acción penal. En todos los casos se secuestra la mercadería y, salvo que tengan antecedentes penales, se los deja en libertad.

“Las investigaciones deben ser profundas para dar con los verdaderos responsables de la organización y establecer todo el circuito. El trabajo que se desarrolla es similar a los casos de narcotráfico”, señaló Camuña. Estima que en lo que va de este año atendió unas 20 causas, cinco veces más en comparación con todo el año pasado.