Legisladores quieren aumentar los controles sobre el Ministerio Público

Un sector de la oposición quiere introducir nuevos cambios a la organización del Ministerio Público, institución encargada de representar los intereses de la sociedad en la Justicia mediante el ejercicio de la función de acusar y de defender. La división traumática del órgano en un Ministerio Público Fiscal, y en un Ministerio Público Pupilar y de la Defensa no incluyó un régimen de transparencia, según los legisladores radicales José María Canelada, Adela Estofán de Terraf, Luis González, Fernando Valdez y Rubén Chebaia, y Silvio Bellomio (Peronismo para el Bicentenario). Por ello, los opositores propusieron establecer pautas para la rendición de cuentas y la publicidad de los órganos que todavía encabeza Edmundo Jiménez, puesto que el Gobierno aún no designó al ministro público de la Defensa.

Por cuerda separada y en forma complementaria, los legisladores mencionados firmaron también el proyecto de resolución que crea una comisión legislativa interna de seguimiento de los ministerios públicos conformada por 12 miembros. Este comité, que emula al que existe en el orden nacional, tiene por cometido monitorear y evaluar en forma permanente el funcionamiento de los órganos de fiscales y defensores estatales.

El proyecto de ley obliga a los titulares de los ministerios públicos a informar sobre “los principales asuntos” que manejan, y a publicar las resoluciones, reglamentos y dictámenes. El texto también establece el deber anual de rendir cuentas sobre la gestión y a confeccionar una memoria. En el presente, Jiménez sólo publicita un número ínfimo de las decisiones que emite, según consta en la página justucuman.gov.ar/blogs/ministerio-publico-fiscal. El 8 de marzo se había comprometido a ventilar todos sus actos, sin que ello haya ocurrido todavía.

A comienzos de este año, el oficialismo impulsó la partición del Ministerio Público mediante una ley que libró a los órganos resultantes de los controles que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre el manejo del presupuesto y del personal. La norma fue judicializada por quienes consideraron que vulneraba la cláusula constitucional que otorga el gobierno y la administración del Poder Judicial a la Corte. Finalmente y luego de que ese estrado declarara que la ley era “inaplicable”, la Legislatura rectificó la normativa.