Los argumentos que usó el fiscal para pedir la indagatoria de Gils Carbó

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy la citación a declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presunto fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias. Se la acusa del supuesto direccionamiento de la licitación y pago de sobornos para la compra del edificio en el que funciona el organismo.

Paralelamente, la defensa de la funcionaria entregó al magistrado un escrito para reclamar el sobreseimiento de Gils Carbó en la causa. Los abogados sustivieron que todo comenzó con un "anónimo" cuyo contenido, argumentó, habría quedado descartado durante la investigación.

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"Los funcionarios públicos involucrados han participado en la comisión de hechos delictivos despreciando el buen apego que debieron tener como representantes de una institución como el Ministerio Público Fiscal", afirmó el fiscal en su dictamen. Fue presentado al juez federal Julián Ercolini, quien tendrá que decidir si avanza o no con las citaciones.

El pedido del representante del Ministerio Público fiscal se produjo en el marco de una polémica instalada en los medios luego de que la propia procuradora afirmara que un eventual desplazamiento de su cargo vía decreto presidencial sería inconstitucional, detalló Télam.

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La posibilidad de que Gils Carbó sea apartada de su cargo por un decreto fue sostenida hoy por el diputado nacional de Cambiemos y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli, quien no descartó "para nada" esa alternativa con el argumento de que "hay jurisprudencia muy añeja" de la Corte Suprema de Justicia que así lo establece.

Estos son los puntos más importantes del dictamen de Taiano:

1- El fiscal Taiano consideró que la tramitación de la compra del edificio en 2013 "aparentó un escenario normal, como si el proceso de selección de oferentes no hubiese estado condicionado desde un primer momento" pero que todo se trató de una "simulación ha quedado al descubierto".

2- “Ha quedado demostrado que su accionar (de Gils Carbó) fue determinante en el avance del trámite licitatorio investigado y su direccionamiento".

3- Para el fiscal, la Procuradora y jefa de los fiscales "no sólo conoció el entretelón de la ilícita intención con la adjudicación a la empresa Arfinsa (intermediaria), sino que a su vez participó activamente en su desarrollo al aprobar cada uno de los actos que implicaron determinaciones de fondo para su materialización".

4- Por ello pidió indagarla junto a otros imputados por "los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

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5- Además de Gils Carbó, la fiscalía solicitó indagatorias para Guillermo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Domanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián Marcelo González Fischer, Pedro Antonio Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino.

6- Según la acusación, el accionar de los imputados "tacha de corruptos a los funcionarios que con el dinero del Estado obtuvieron un provecho personal de una operación pública".

EDUARDO TAIANO. El fiscal que pide la indagatoria de Gils Carbó. FOTO TOMADA DE POLÍTICA JUDICIAL

7- Agrega que hubo un perjuicio al Estado nacional porque ya estaba elegido el ganador de la licitación antes de comenzar la misma y que todo "fue producto de una serie de maniobras pergeñadas para torcer el interés de la administración pública y beneficiar a los imputados".

8- En la investigación, el fiscal sostiene que se trató de una compra direccionada y que se pagaron millonarias comisiones destinadas a la inmobiliaria que intervino, Jaureguiberry, que incluyeron el pago irregular a un intermediario, Thill, hermano de Bellingi. Este último era el entonces funcionario de la Procuración que intervino de manera directa en todo el proceso de compra del inmueble.

9- "Resulta preponderante que el asesor de la inmobiliaria que intervino en la venta del edificio sea hermano de la persona designada por la Procuradora General para lograr que llegase a buen puerto la adquisición del inmueble por parte de la PGN", advirtió.