La Justicia provincial y la federal actúan en la denuncia contra el Instituto de la Vivienda

La fiscala Gianonni citó a Elías de Pérez para que concrete las denuncias públicas contra funcionarios del Instituto de la Vivienda.

EN LA LUPA. La obra de Manantial Sur es una de las observadas. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (archivo) EN LA LUPA. La obra de Manantial Sur es una de las observadas. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)
19 Julio 2017

La Justicia provincial citó a Silvia Elías de Pérez, senadora radical, para que se expida sobre sus declaraciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Adriana del Carmen Giannoni, titular de la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación, dispuso que se cite a la parlamentaria para que ratifique o amplíe su denuncia pública.

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“Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, transmitió un informe en el que se analizaron una serie de obras del Ipvdu. También se investigó el vínculo entre un funcionario y Marán Constructora S.R.L. Según la senadora, Sebastián y Martín Nieva -los dueños de la empresa- serían testaferros de Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales del Ipvdu). Aunque el funcionario negó conocer “de antes” a los constructores, se demostró -mediante las actas de nacimiento de los involucrados- que Barrionuevo es tío político de los hermanos Nieva.

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La senadora acusó a Gustavo Durán, interventor del Ipvdu, de manejar una “estructura paralela” en la repartición. Según la denuncia pública de la parlamentaria, en este sistema estarían involucrados Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu. La parlamentaria sostuvo que mientras el primero se habría encargado de definir qué empresas serían beneficiadas con los contratos de obras, el segundo decidía a quiénes se adjudicarían las viviendas.

Gianonni citó a Elías de Pérez a prestar declaración en calidad de denunciante en torno a los hechos registrados por LA GACETA. El sábado, la fiscala había consultado a Mesa de Entradas del fuero penal si habían recibido alguna denuncia que involucre al Ipvdu. El domingo, ante la ausencia de una presentación, Gianonni dispuso la citación.

En su escrito, la fiscala hace referencia a algunas de las declaraciones textuales de la parlamentaria que fueron publicadas en este diario. “Es el gobernador (Juan Manzur) quien a través de un interventor hace lo que quiere en esta institución”, había declarado Elías de Pérez. “Durán es clave en la matriz de la corrupción”, declaró en otra oportunidad.

Ayer, la senadora no estaba al tanto del pedido formulado por la fiscala. “Todavía no fui notificada”, respondió a LA GACETA. Aseguró que acudirá a la citación y que llevará las pruebas que tiene a su disposición. “Me alegro que haya fiscales dispuestos a investigar, yo aportaré lo que sé y las pruebas que complementan y amplían el trabajo de la prensa”, sostuvo. “Esperamos no ocurra como Lomas de Tafí que lleva muchos años sin avances”, añadió.

La parlamentaria había solicitado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que se investiguen presuntas irregularidades en el Ipvdu. “Está en su derecho. Yo sabré demostrar lo errada que está”, había dicho Durán.

Independencia objetiva

“Que la auditoría se haga con un equipo de especialistas de probada idoneidad y rigurosidad técnica e independencia objetiva”, es lo que pidió Elías de Pérez al ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio.

La senadora dijo al funcionario que el 3 de julio le escribió al secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya. La parlamentaria pidió que se haga una auditoría de las 2.500 viviendas que el Ipvdu está construyendo en Manantial Sur. “En este barrio pudimos observar que, dado el tiempo transcurrido, existen viviendas que se encuentran sin terminar y otras terminadas y sin entregarse a sus beneficiarios”, explicó Elías de Pérez en la nota que dirigió al ministro. “Lo mismo ocurre con su infraestructura sanitaria”, añadió.

Amaya confirmó, en la edición de ayer de LA GACETA, que habrá inspectores de la Nación en Tucumán. “Se mostraron irregularidades, entonces irá una auditoría para ver qué es lo que pasa y cómo está la situación”, declaró. También se analizarán los avances en más de 5.000 mejoramientos habitacionales. “Se tiene parado un pago de entre $ 30 millones y $ 40 millones. No se va a pagar hasta que no se haga la auditoría”, dijo.

En la misiva que dirigió a Frigerio, Elías de Pérez sugirió que la auditoría tenga en cuenta una serie de puntos que consideró fundamentales. Entre ellos, mencionó los certificados de obra emitidos y pagados, las empresas adjudicatarias y la actuación del Ipvdu en el proceso constructivo.

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