31 Julio 2017
El Peronismo del Bicentenario propuso modificar la ley de Obras Públicas de Tucumán. El viernes, los legisladores Christian Rodríguez y Alfredo Toscano (afines al intendente de la capital Germán Alfaro), presentaron en la Legislatura un proyecto según el cual no podrían ser admitidos para realizar obras públicas quienes sean parientes de los funcionarios de la repartición contratante.
El planteo de los justicialistas surgió dos días después de que Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), reconociera que tiene un pariente que está trabajando para la entidad. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable”, admitió. Raúl Eduardo Beverina, cuñado del interventor, es uno de los dueños de la empresa Kursk S.R.L., que se encuentra realizando obras del Ipvdu. “Me haré cargo de lo que tenga que decir o de lo que tenga que hacer. Si hay una incompatibilidad, que me la demuestren”, afirmó Durán.
Cedidos
El funcionario aseguró que esta constructora tiene sólo una obra en la repartición y que se trata de cerca de 30 mejoramientos habitacionales que le fueron cedidos por otra empresa (trámite que fue aprobado por el instituto). Sin embargo, en un listado en el que figuran diversas obras del Ipvdu que podrían ser auditadas por la Nación, Kursk S.R.L. es mencionada dos veces. Una de ellas es en el acuerdo 1163/2014 y la otra es en el acuerdo 443/2015.
El artículo 18 de la ley de Obras Públicas provincial, actualmente vigente, enumera a quienes están inhabilitados para contratar con el Estado. Esa norma menciona a quienes sean deudores morosos de la provincia o a los funcionarios que “por su jerarquía y funciones puedan desvirtuar los principios de contratación pública”. Por lo tanto, no hay incompatibilidad legal en el hecho de que el cuñado de Durán realice obras para el instituto. Sin embargo, otro funcionario fue suspendido mientras se lo investiga por ser tío político de empresarios a los que se les adjudicaron obras del Ipvdu.
Hace semanas, “Panorama Tucumano” transmitió un informe en el que se trató el vínculo entre Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales del instituto) y los dueños de Marán Constructora S.R.L. (que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones).
El funcionario había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de la empresa. A pesar de las declaraciones del coordinador, se demostró, mediante las correspondientes actas de nacimiento, que los hermanos Nieva son sobrinos políticos de Barrionuevo. Actualmente se está llevando a cabo un sumario administrativo dentro del Instituto al coordinador, quien fue suspendido por 45 días.
El proyecto
“El nepotismo desnaturaliza la administración estatal y su función debido a que se usan al erario y a la estructura estatal para satisfacer intereses personales”, sostiene la fundamentación del proyecto de ley que presentaron Rodríguez y Toscano. La iniciativa mantiene las causales de incompatibilidad que rigen hoy, además de agregar otras nuevas. En la propuesta, se añade la mención expresa de que no podrán realizar obras públicas “los agentes y funcionarios de la Administración Pública Provincial”.
Finalmente, se excluye a los ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales hasta el segundo grado (hermanos o cuñados) de los empleados y funcionarios del organismo contratante. En este caso, no podrían contratar por sí mismos y tampoco a través de una empresa constructora de la que formen parte.
Lo más popular
