Menores y corrupción, los retos de tres magistrados nuevos

En un acto oficial atípico para los cánones de la familia judicial juraron en sus cargos los jueces Sergio Altamirano, Ana María Iácono y Carlos Saltor. Los tres se incorporarán al fuero encargado de perseguir el delito: Altamirano a la Sala II de la Cámara Penal de Concepción; Iácono al flamante Juzgado de Menores de Banda del Río Salí y Saltor a la Fiscalía de Cámara N°6 de la capital. Al término de la ceremonia y por separado, los magistrados se explayaron sobre sus inquietudes. Iácono expresó que creía en la protección integral de los niños y adolescentes, y no en bajar la edad de la imputabilidad; Saltor dijo que estaba preparado para hacer frente a las causas que le toquen por más sensibles que estas sean mientras que Altamirano opinó que los Tribunales tienen una asignatura pendiente: la sanción de la corrupción.

Los nuevos miembros de la judicatura quedaron en condiciones de asumir el 18 de mayo pero el acto final de cobertura de las vacantes recién tuvo lugar este martes 1 de agosto porque había que armar de cero el Juzgado de Iácono y porque la Corte Suprema de Justicia de Tucumán es reacia a los juramentos parciales. Pese a los dos meses y medio de preparación, y quizá por primera vez en la historia de esta integración del alto tribunal, uno de los vocales, Daniel Posse, estuvo ausente -viajó a Amaicha del Valle para asistir a la festividad de la Pachamama, según informaron fuentes judiciales-. Esta circunstancia llevó a la Corte a integrarse con otra mujer, la camarista civil Marcela Ruiz, quien encabezó el ingreso al estrado de los vocales Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Gandur (presidente) y Antonio Estofán, y del ministro público fiscal Edmundo Jiménez. La presencia de Ruiz (titular de su Cámara y de la Asociación de Magistrados de Tucumán) fue la nota distintiva de un acontecimiento solemne que, por añadidura, suele ser breve y rutinario.

Debuta un juzgado

Tampoco pasaron inadvertidos los jueces federales Ernesto Wayar y Fernando Luis Poviña, quienes se sentaron en la primera fila junto a Julio Silman, titular subrogante de la Legislatura en ejercicio del Poder Ejecutivo, y de Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. Segundos antes del inicio del acto ingresó al salón “Juan B. Alberdi” el fiscal federal N°1, Carlos Brito, que se ubicó en la tercera hilera, junto a otros magistrados provinciales, miembros del Consejo Asesor de la Magistratura, funcionarios e invitados especiales. Tanto Brito como Wayar; Poviña; Sergio Díaz Ricci, vocal del Tribunal de Cuentas, y el ex vocal de la Corte y ex funcionario alperovichista, Juan Carlos Veiga, fueron al Palacio de Justicia para acompañar a Saltor, lo mismo que otras autoridades y docentes de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, donde el novel fiscal de Cámara se desempeñaba como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Entre abrazos, fotografías y expresiones de buenos augurios, Altamirano dijo que, como juez, aspiraba a aplicar las garantías constitucionales no sólo al imputado sino también a las víctimas del delito. Reivindicó su origen de abogado litigante y manifestó que iba a trabajar para ganarse el respeto de sus ex colegas. “Quiero ser recordado como un magistrado honesto”, definió. Y añadió que era consciente de que la sociedad demandaba firmeza respecto de la corrupción. Al respecto, consideró que había que recuperar la Fiscalía Anticorrupción, una oficina eliminada en 2005 por la Corte Suprema con la anuencia del entonces ministro público Luis De Mitri.

“Estoy comprometido con la sociedad que me educó y me permitió desarrollarme profesionalmente. Sé que la Justicia atraviesa una situación difícil y que la comunidad espera respuestas de nuestra parte”, manifestó Saltor después de decir un “sí, juro” que espabiló al público. El fiscal de Cámara N°6 expresó que iba a priorizar las causas con delitos graves, pero precisó que todos los procesos merecían la misma seriedad de su parte (se informa por aparte sobre el caso “DAU”).

Iácono aseguró estar al tanto del desafío que implicaba abordar la delincuencia juvenil en una zona tan vulnerable como Banda del Río Salí. La jueza de Menores consideró que bajar la edad de imputabilidad, como proponen algunos, no es una solución. “Se trata de una medida que ataca los efectos, pero no la causa del problema. Aquí lo relevante es prevenir”, afirmó. Iácono anunció que su juzgado estaba listo para empezar a funcionar (la Corte alquiló en forma directa un local por 36 meses por $ 1,3 millón a la locadora Ivana Lía Rodoni). “Los espero hoy a partir de las 7 en la calle Reconquista 538”, dijo.