Boudou fue sobreseído del delito de falsear documentación de un automóvil

Boudou, durante el juicio. FOTO DE DYN. Boudou, durante el juicio. FOTO DE DYN.

El Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires dio a conocer hoy el fallo.

04 Agosto 2017

El ex vicepresidente Amado Boudou fue sobreseído hoy por la Justicia del delito de falsear documentación registral de un automóvil de su propiedad. Los magistrados determinaron que la causa prescribió.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg, al considerar que la causa prescribió.

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Previo al fallo, Boudou había reiterado hoy su inocencia y negado haber cometido delito alguno. En esa línea, había pedido su sobreseimiento.

El fiscal federal Guillermo Marijuan lo había acusado de no haber inscrito como propio "hasta 10 años después de comprado" el automóvil investigado, pese a que lo utilizaba.

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La fiscalía consideró acreditado que "dos gestores y la encargada del Registro Seccional N° 2 de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, Graciela Taboada de Piñero, con la participación de Amado Boudou y (su ex pareja) Agustina Seguin, actuaron asociadamente con la finalidad de lograr la transferencia irregular -mediante documentación falsa- del automóvil marca Honda".

Boudou también enfrenta cerca de una decena de causas en su contra por presuntos hechos de corrupción en su paso por la función pública. Se encamina a afrontar un juicio oral tras ser procesado en 2014 en una causa por presuntas irregularidades cometidas en la venta de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.

Al ex vicepresidente se lo acusa de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el rescate de la principal imprenta de billetes del país.

Según la investigación, cuando fue ministro de Economía, entre 2009 y 2011, Boudou habría aprovechado el estado de quiebra de la compañía para levantar esa situación por medio de beneficios del fisco y así quedarse, con la participación de algunos allegados, con el 70% de las acciones de la empresa que desde ese momento haría negocios con el Estado. (Télam-DPA)




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