07 Agosto 2017
HORA DE LA VERDAD. Los consejeros tendrán que decidir si las liquidaciones que se dieron de baja deberán ser restituidas por quienes las cobraron. la gaceta / foto de hector peralta (archivo)
La primera sesión del Consejo Superior después del receso invernal promete ser larga y polémica. Los consejeros universitarios deberán levantar sus manos y votar por alguno de los tres dictámenes que hay sobre un proyecto de resolución que plantea la devolución de los dineros cobrados indebidamente, en concepto de antigüedad, por funcionarios del gabinete.
El tema ya había generado roces y posturas contrarias, pero en los últimos días se le agregó un ingrediente: se involucró la Justicia Federal, luego de una denuncia realizada hace un par de semanas sobre este tema. La causa recayó en la fiscalía de Carlos Brito y, desde ahí, ya se impulsó la primera medida: pedir información a las autoridades universitarias. Esto dividió más las aguas y resquebrajó la relación dentro del gabinete rectoral.
Además de dar cuenta ante los Tribunales, los consejeros deberán votar alguno de los tres dictámenes que postulan ideas muy diferentes sobre lo que hay que hacer desde el plano administrativo. Uno plantea que hay que seguir investigando, otro que no hay argumentos jurídicos para pedir la devolución de los montos cobrados y un tercero que sostiene que se debe obligar a que se restituyan esos fondos. Así de dividida está la cuestión.
Mal pagados
¿De cuánto dinero se habla? Entre junio y diciembre de 2014 se les otorgó una bonificación “por antigüedad” del 100% a nueve funcionarios que trabajaban en las distintas secretarías y subsecretarías del Rectorado, cuando Alicia Bardón ya había asumido como rectora. La nota señalaba que se debía a la “complejidad de asuntos que deben tratar (...) lo que implica tanto mayor responsabilidad como mayor dedicación”. La nota resolutiva sólo llevaba la firma del anterior secretario Económico Administrativo, Leandro Díaz, hoy miembro del directorio de Canal 10.
Existía un antecedente, que era una anterior resolución del ex rector, Juan Cerisola, que también otorgaba este beneficio a varios de sus funcionarios.
Se habla de que al día de hoy serían unos $ 20.000 extra que impactaban en el sueldo de los funcionarios. A fines del año pasado, la nueva cabeza de la secretaría Económico Administrativa revisó este ítem y otros más y consideró que habían sido dados de manera irregular. Los quitó. Esto le permitió a la universidad ahorrarse unos $ 500.000 mensuales, según informó en su momento la funcionaria Lidia Ascárate.
Uno de los fundamentos para suspender este pago era que para la liquidación de “antigüedad” correspondía estar ajustados “a las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes”, y citaba el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), el Estatuto Docente y los años de servicios prestados en la UNT, así como en la Administración Pública.
Posteriormente, en febrero de 2017 se dio de baja el ítem “Riesgo” (resolución 0071) que cobraba más de un centenar de no docentes y que a la UNT le significaba $ 1,5 millón mensuales. Todo esto figura en la resolución N°682-007.
A partir de estas acciones surgió un nuevo planteo: dejar las cosas así o pedir que se devuelva el dinero cobrado de forma indebida. Después de haber sido analizado por las tres comisiones el expediente ahora se encuentra en la secretaría a cargo de Ascárate.
Lo que mañana se vote -si se llega con el tiempo- marcará un antecedente de trascendencia en el uso de los fondos universitarios.
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