25 Agosto 2017
Uno de los empresarios que pugnan por la explotación de la Línea 11 aportó más elementos al conflicto. Oscar Alonso, propietario de la firma Inverbus SA, cuestionó ante LA GACETA la última ampliación de la denuncia de los empresarios Jorge Alberto Mihelj y Jorge Berreta, de Leagas SA.
“Me sorprende la ampliación de la denuncia de Mihelj contra los jueces (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos y Sergio Gandur), porque fue beneficiado por un decreto del intendente de San Miguel de Tucumán (Germán Alfaro) basados en errores incurridos por el jefe municipal”, cuestionó Alonso.
Este mes, los vocales de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Ruiz y Castellanos, dictaron una sentencia interlocutoria mediante la cual rechazaron el planteo del municipio capitalino para que se declare la caducidad de la cautelar vigente, que permite a Inverbus seguir usufructuando el recorrido hasta que se vuelva a licitar la Línea 11.
Sobre la base de este fallo, Mihelj se presentó en la sede penal de Tribunales para ampliar la denuncia penal contra los camaristas de la Sala I; contra Sergio Gandur, vocal de la Sala III de ese fuero; y contra el padre de este, Antonio Gandur, presidente de la Corte de Tucumán. Según la versión del representante de Leagas SA, los Gandur están vinculados al empresario Alonso y, por ello, Inverbus obtuvo la cautelar para seguir explotando la Línea 11.
“La caducidad y adjudicación sin licitación escapa a las facultades del intendente, y es lo que motivó que se hiciera lugar al amparo decretado. Resulta absurdo introducir una denuncia a jueces probos por hacer cumplir la ley, proviniendo de socios de empresas con antecedentes dudosos”, se defendió Alonso. Consultado por LA GACETA, el empresario de Inverbus SA negó que haya cualquier incompatibilidad judicial con la familia Gandur. Aseguró que el presidente de la Corte fue asesor legal de su firma hasta que ingresó a la Justicia. “Luego tomó la posta Sergio Gandur, su hijo, también hasta que asumió en la Justicia. Y luego continuó la nieta del titular del máximo tribunal. No hay incompatibilidad porque todo ocurrió antes de que fueran miembros el Poder Judicial”, defendió.
Alonso deslizó una vinculación entre la firma Leagas y el secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci: “Tengo entendido que la familia del señor Berarducci arrienda una propiedad familiar, una ex estación de servicio de avenida Juan B. Justo y Las Bases, a la firma del señor Berreta. Alquila una propiedad familiar a Berreta”, señaló el titular de Inverbus. Fuentes municipales explicaron que se trataría de un pariente lejano del funcionario.
El conflicto por el servicio de colectivos comenzó en diciembre. La municipalidad había decretado la caducidad de la concesión a la firma Inverbus SA, que explotaba el servicio, y se la adjudicó de modo precario a Leagas SA (la firma explota también el recorrido de la Línea 10). Los jueces de la Sala I, Ruiz y Castellanos, emitieron una cautelar que ordenó a la Municipalidad a devolver la concesión a la firma de Alonso, en contra de los intereses de Leagas SA.
En febrero, Mihelj denunció ante la Fiscalía de Instrucción de la V°, a cargo de Washington Navarro Dávila, que Ruiz y Castellanos habrían cometido el delito de prevaricato (cuando se dictan sentencias contrarias a la ley basadas en hechos falsas). También adjudicó un supuesto tráfico de influencias contra Sergio Gandur, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El juez de Instrucción Juan Francisco Pisa, en consonancia con un planteo de Antonio Gandur, anuló los actos investigativos y desplazó del caso a Navarro Dávila.
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