Elías de Pérez pidió a Giannoni que solicite la detención de dos funcionarios del Ipvdu

El “caso Viviendas” lleva semanas acumulando nuevos elementos que fueron utilizados para cuestionar el patrimonio y la actividad de diversos funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Según la senadora Silvia Elías de Pérez, el material reunido permitiría dar un nuevo paso en la investigación, por lo que pidió a la Justicia que ordene la detención de Miguel Jiménez Augier y de Lucas Barrionuevo, coordinadores de Políticas Habitacionales y de Programas Federales de la repartición, respectivamente. También pidió que se dicte la inhibición general de bienes contra ambos funcionarios y los integrantes del grupo familiar.

Además, la parlamentaria solicitó que la causa que lleva adelante la fiscala Adriana Giannoni tenga en cuenta la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, entre otros. Hasta el momento, la investigación fue caratulada en base a las denuncias públicas formuladas por Elías de Pérez sobre el funcionamiento del Ipvdu. La radical agregó el pedido de que se le permita actuar como “amicus curiae” (amigos del tribunal), fundada en el hecho de que sus declaraciones fueron uno de los factores determinantes para que Giannoni actuara de oficio y abriese la causa.

El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, no quedó afuera del escrito que la parlamentaria presentó ayer ante la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación (a cargo de Giannoni). “Nos encontramos frente a una red de desviación de fondos mediante la obra pública, con la lógica y trágica consecuencia del enriquecimiento ilícito, siendo Durán el elemento fundamental de corrupción”, reza la presentación.

En el cierre del escrito, Elías de Pérez pidió que se tome declaración a los distintos funcionarios involucrados. También planteó que se cite a Sebastián y Martín Nieva, dueños de la empresa Marán Constructora S.R.L. (que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones) y sobrinos políticos de Barrionuevo.

Los elementos

Para fundar su pedido, Elías de Pérez hizo un repaso de la situación en la que se encuentran los funcionarios y los empresarios que denuncia. Según la parlamentaria, Durán habría diseñado una estructura paralela en el Ipvdu con el objetivo de adjudicar obras y viviendas de manera irregular. Sostuvo que en esta maniobra juegan un rol fundamental Jiménez Augier y Barrionuevo.

Como sustento de su denuncia contra Jiménez Augier, la parlamentaria recordó que ella misma cuestionó la situación patrimonial del coordinador de Políticas Habitacionales. Según el escrito que presentó ayer la senadora, en una serie de procesos civiles en los que está involucrado el funcionario se habría detectado una Caja de Seguridad a su nombre que contenía cerca de U$S 500.000. “El Sr. Jiménez Augier de ninguna manera puede justificar el origen del dinero encontrado ni de la adquisición de sus bienes inmuebles y/o demás bienes patrimoniales”, interpretó la senadora en el escrito.

Además, graficó su planteo al comparar “la caja de Jiménez Augier” con “los bolsos de José López”, haciendo referencia al ex secretario de Obras Públicas de la Nación detenido mientras intentaba esconder U$S 9 millones en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En el caso de Barrionuevo la parlamentaria mencionó diversos hechos. Sostuvo que los hermanos Nieva, dueños de Marán, serían testaferros del funcionario e hizo énfasis en el hecho de que Barrionuevo, en una entrevista con “Panorama Tucumano”, había negado conocer “de antes” a los empresarios. Sin embargo, se demostró que los constructores son sobrinos políticos del coordinador de Programas Federales. “La negación de Barrionuevo fue la prueba clara de la intencionalidad de evasión, ocultamiento y entorpecimiento de la investigación”, dijo Elías de Pérez.

Además, destacó “la trascendental existencia de un testigo presencial que acusa de coima y soborno al Sr. Barrionuevo”, haciendo referencia al arquitecto y empresario de la construcción Javier Zerda. En una Carta al Director publicada por LA GACETA el 3 de agosto, el constructor sostuvo que en el año 2009 logró aprobar un proyecto sobre un inmueble propio. “Como la adjudicación demoraba más de lo normal, me reuní con el señor Lucas Barrionuevo en un bar céntrico; el mismo me pidió para él un departamento para agilizarme la gestión y sacarme el pago del anticipo”, explicó el empresario.

Al referirse a Durán, el escrito menciona una entrevista del interventor ante el ciclo televisivo de LA GACETA en la que reconoció que tenía un pariente trabajando en obras de la repartición. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable. (...) Si hay incompatibilidad que lo demuestren”, dijo el funcionario. Raúl Eduardo Beverina, cuñado del interventor, es uno de los dueños de la constructora Kursk S.R.L., que está realizando al menos una obra de la repartición. “El desvío de millones de pesos correspondientes a la obra pública, la adjudicación directa de obras a los amigos del poder, las coimas y las desprolijidades incurridas durante más de 12 años jamás podrían haber sucedido sin conocimiento del interventor del Ipvdu”, denunció Elías de Pérez.