La pobreza se asocia con las barreras que impiden acceder al empleo de calidad

La inflación proyectada para este año rondará entre el 22% y el 25%, de acuerdo con las proyecciones de las consultoras privadas. De una u otra forma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habrá registrado una caída casi a la mitad que el registro del año pasado, cuando esos valores se incrementaron en torno de un 40% anual.

El primer efecto de una inflación en baja se da en una desaceleración de los precios de la canasta básica que mide la situación de pobreza en la Argentina. “Esto, más la incipiente recuperación de la producción, contribuyen a reducir la pobreza. Pero no alcanzan para eliminarla”, advierte el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en su último reporte.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en mayo y en junio, la producción creció entre el 3% y 4% interanual. También que el valor de la canasta básica trepó a $ 4.862 promedio en julio, lo que representa para una familia tipo $ 15.000 mensuales luego del ajuste por adulto equivalente. Este valor es un 21% superior al del mismo mes del año pasado, reflejando una desaceleración en el ritmo de su aumento, a criterio. “Una economía que empieza a crecer y una inflación que empieza a ceder son señales positivas para la reducción de la pobreza”, acota Idesa.

¿Esto alcanza para construir una sociedad plenamente integrada? Sin duda que el orden macroeconómico es fundamental y todavía queda mucho por hacer para lograr estabilidad y crecimiento sostenido, sostiene el instituto. Pero, en paralelo, el 30% de los hogares más pobres vivía en el primer trimestre con casi $ 3.000 por persona por mes, es decir, un monto por debajo de lo que necesita para salir de la marginalidad.

Según Idesa, una forma de evaluar las capacidades de generación de ingresos de los hogares pobres es comparando con el otro extremo de la distribución, es decir, con el 30% de mayores ingresos. Así, tomando a los jefes y cónyuges de los hogares se observa que:

• En hogares de bajos ingresos sólo el 38% de los jefes y cónyuges tiene educación media o alta mientras que en los de mayores ingresos el 67% alcanza estos niveles.

• Entre los hogares de menores ingresos sólo el 55% de los jefes y cónyuges trabaja, mientras que en los de mayores ingresos trabaja el 69%.

• Entre los hogares de menores ingresos el 23% de los jefes y cónyuges ocupados son asalariados privados formales o cuentapropistas profesionales, mientras que en los hogares de mayores ingresos el 45% accede a estos tipos de empleos. “Estos datos -dice el reporte- muestran que los hogares de mayores ingresos tienen una conformación educativa y laboral diferente a la de los pobres”. Así, en las familias de mayores ingresos, los responsables por la manutención del hogar se caracterizan por tener más educación, lo que les facilita la inserción laboral y el acceso a puestos de trabajo decentes.

Más allá de las debilidades de las que todavía adolecen las estadísticas del Indec en materia de relevamiento de ingresos, resulta sugerente que a partir de estas características los hogares de mayores ingresos generen hasta seis veces más ingresos per cápita que los hogares pobres. En otras palabras, la pobreza está esencialmente asociada a las barreras que impiden el acceso al empleo de calidad, puntualiza el informe privado al que accedió LA GACETA.

Para acelerar la construcción de una sociedad más integrada se necesita además políticas acompañantes. “Un punto de partida clave es descartar las recetas tradicionales como imponer aumentos de salarios de convenio por encima de los aumentos de la productividad o complejizar y judicializar la legislación laboral o mantener altas las cargas sociales”, sugiere.

Al crecimiento y baja inflación hay que sumarle innovación en las políticas sociales. En educación, es clave que las provincias y los municipios pongan énfasis en los centros de cuidado de la primera infancia y mejoren la cobertura y la calidad de la educación básica, considera Idesa. Esto comenzará a revertir los déficits educativos. En paralelo, hay que promover la generación de empleos, especialmente los orientados a jóvenes y mujeres con menos formación. Aquí se debería contemplar mínimos no imponibles a las cargas sociales, un estatuto laboral especial para pequeñas empresas y simplificar, en general, la legislación laboral, completa Idesa.