14 Septiembre 2017
El Colegio de Abogados de la Capital actualizó sus críticas sobre el funcionamiento de los Tribunales penales mediante una nota extensa dirigida a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Marcelo Billone, titular de la entidad profesional, describió con detalles un cúmulo de cirscunstancias degradantes para la abogacía, y denunció maltrato y faltas de respeto consuetudinarios por parte de la Justicia. “La situación es grave”, definió. Gandur comunicó las quejas al Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez y a los jueces del fuero penal, y recordó la plena vigencia de la prohibición del llamado “avenegrismo”, que es el ejercicio de la profesión por quienes no están habilitados para ello.
Los reclamos del Colegio no son nuevos: el malestar ya había sido expuesto de diferentes maneras por la gestión del ex presidente Francisco García Posse. Billone manifestó que las críticas seguían llegando y disparó en especial contra los fiscales de Instrucción (encargados de investigar las denuncias penales y de acusar a los imputados). “Es de público conocimiento cómo actúan estos. Existe una evidente confusión en las distintas fiscalías que se consideran como una suerte de superioridad en el proceso frente a la defensa y la querella. Esto lleva muchas veces (a los fiscales) a solicitar sanciones procesales, restringir el acceso al expediente y hasta a exigir a la fuerza policial la requisa de los letrados en los acceso al fuero penal” (Ver: “Un gremio protesta ante la Fiscalía N°2”).
El presidente del Colegio denunció que los letrados suelen esperar entre una y tres horas para ser atendidos por un empleado. “Lo más grave y muchas veces insultante es que, al momento de prestar declaración indagatoria, el imputado es conducido a la Fiscalía sin avisar a su abogado y, llegado el momento, se le designa un defensor de manera unilateral y arbitraria, lo que convierte en letra muerta a los pactos internacionales y a las garantías reconocidas en la Constitución. Mientras ello sucede, el profesional aguarda en el mostrador”, relató el dirigente.
Billone agregó que todo empeoraba durante los fines de semana y ferias judiciales. Y enfatizó que, lejos de aumentar la publicidad y la transparencia de los procesos, se retaceaba cada vez más el acceso a las causas y existía un secreto de sumario injustificado. “El letrado asume la defensa a ciegas, sin saber cuál es la situación de su cliente, lo que se transforma en una trampa porque sólo puede renunciar al caso cuando es designado un nuevo abogado”, ilustró el titular del Colegio.
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