Macri y Vidal van a la Corte para evitar el Congreso, dice la Provincia

“Una puesta en escena”. De manera contundente, la Provincia cuestionó el papel asumido por la Nación en el juicio iniciado por Buenos Aires para recuperar recursos del Fondo del Conurbano.

El Gobierno de Juan Manzur es uno de los cinco distritos que ya contestó a la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el escrito de 60 fojas presentado el viernes en Capital Federal, Tucumán se deshace en críticas hacia el rol del presidente, Mauricio Macri, ante el conflicto. Puntualmente, la Fiscalía de Estado, que conduce Daniel Leiva, repudia que la Nación, en lugar de refutar los argumentos de Buenos Aires en la demanda en su contra, los consienta. Esta situación, sostiene el funcionario, deja a las 22 provincias restantes “huérfanas”.

“Nos encontramos ante una mise en scène donde quienes son las partes procesales -actora y demandada- interpretan sin grandes y profundos fundamentos las acciones de pretender y contradecir. De esa manera, la contestación de demanda realizada por el Estado nacional, como acto procesal, no puede ser conceptuada como tal. En lugar de marcar un claro posicionamiento de refutación, que resultaba exigible en un caso como el planteado para hacer valer el supremo interés de la Nación, pone en evidencia su beneplácito con la posición de la demandante Provincia de Buenos Aires”, se lee.

El conflicto se originó luego de que la gobernadora Vidal planteara en la Corte Suprema que se derribe la ley de la década del ‘90 que fija el tope para que su provincia no reciba más de $ 650 millones por el Fondo del Conurbano. El problema para el resto de las provincias es que el excedente del Fondo -que se alimenta de la recaudación del Impuesto a las Ganancias- se distribuye entre los distritos del interior.

Gobernadores vienen advirtiendo sobre el impacto que una decisión judicial de esa naturaleza podría acarrear en las arcas de cada distrito. En el caso de Tucumán, según repite Manzur, dejarían de ingresar unos $ 3.500 millones por año. Por eso, el miércoles 6 de este mes se reunieron en Buenos Aires y exigieron un debate que incluya a la Nación, las provincias y el Congreso (al tratarse de una ley) y pidieron a la Corte que no falle hasta escuchar a todas las partes.

El fiscal de Estado precisó que el eje del escrito tucumano apunta a cuestionar la “simulación” de un pleito entre Buenos Aires y el Estado Nacional, y a desnudar la connivencia política y procesal entre ambas administraciones de Cambiemos. En paralelo, Leiva y el fiscal de Estado adjunto, Federico Nazur, abogan porque sea el Congreso el que resuelva cómo debe darse el reparto de recursos entre la Nación y las provincias.

“Este proceso configura un hecho inédito en la historia judicial argentina, en el que de modo manifiesto asistimos azorados al armado de una contienda judicial que tiene por finalidad poner en ámbito de los estrados judiciales de la Corte, un asunto de la más compleja importancia constitucional por estar en ciernes la coparticipación federal, para poder prescindir así de la discusión de fuerzas políticas nacionales y provinciales del que se nutre el necesario debate parlamentario”, agrega el texto.

Finalmente, Fiscalía de Estado solicita que se le permita actuar dentro del juicio como parte y no como tercero, a fin de poder ejercer en pleno el derecho a la defensa. “Tucumán no sólo rechaza la posición de la Provincia de Buenos Aires en su demanda, sino que también rebate y condena la indisimulable conformidad a la demanda asumida por el Estado Nacional como demandado en este juicio”, cierra el escrito la Provincia.

“Simulaciones”.- “Cabe indicar que el abordaje a la situación procesal planteada en autos se hace desde la particularidad en que se encuentra la Provincia de Tucumán, como tercero, frente a un proceso judicial donde la demandante, provincia de Buenos Aires, y el demandado, Estado Nacional, confluyen en los estrados judiciales del Alto Tribunal de la Nación de manera artificiosa, simulando pretender y defender respectivamente”.

“Absurdo y peligroso”.- “El total respaldo brindado por la Nación a la Provincia de Buenos Aires tuvo su concreción procesal en el escrito de contestación de demanda que no es otra cosa que un “claro allanamiento” a su posición (...), donde llega al absurdo - peligroso- de renunciar a sus potestades impositivas en pos de una salvavidas judicial a favor de la parte actora, proponiendo un debate de la coparticipación fuera de su ámbito natural, en una franca violación con las normas constitucionales”.

Guiño a una cautelar.- “La sorprendente actitud de renunciamiento del Estado Nacional en esta parte del escrito se consolida en los siguientes términos que me permito subrayar y destacar: ‘….la situación descripta nos obliga a poner de manifiesto a V.E. la necesidad de procurar evitar tanto la continuidad del daño como la agravación del mismo como consecuencia del tiempo, a través del dictado de una medida protectoria que impida transitoriamente, hasta tanto se dilucide la constitucionalidad de las asignaciones específicas dispuestas en los incisos puestos en crisis por la Provincia de Buenos Aires o se dicte un nuevo Régimen de Coparticipación Federal, la generación de mayores perjuicios que resultarán inevitables de no adoptarse algún tipo de medida preventiva durante la sustanciación del presente proceso’”.

“Maniobra”.- “No cabe otra cosa que hablar de una maniobra pergeñada para judicializar una cuestión que por su naturaleza jurídica, por honda tradición histórica e importancia institucional es propia del Congreso, ámbito natural en el que deben debatirse y resolverse posiciones como las aquí planteadas por la provincia de Buenos Aires”.