28 Septiembre 2017
BUENOS AIRES.- En una sesión donde repercutió el caso de Santiago Maldonado, el Senado aprobó el proyecto por el que se prorroga por cuatro años la Ley 26.160, con el objeto de evitar los desalojos de las comunidades originarias de las tierras que ocupan de manera ancestral, pese a las pretensiones del Gobierno nacional de extender la prórroga por un plazo menor. El proyecto pasó a Diputados, que deberá darle sanción definitiva o devolverlo con modificaciones.
La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad con 62 votos afirmativos. El asunto cobró mayor relevancia tras la desaparición del joven artesano Maldonado vinculada a la represión de una protesta mapuche en la que intervino la Gendarmería Nacional.
La senadora del PJ-La Pampa, Norma Durango, impulsora de la propuesta, apuntó que la precaria situación de la tenencia de tierra por parte de los pueblos originarios justificaba la referida prórroga e indicó que se trata de un proyecto imperativo de derechos humanos porque el Estado está obligado a reconocer la propiedad de los territorios ancestrales. La senadora recordó que la norma fue aprobada en 2006 y dijo que era imprescindible (mantener su vigencia), ya que no habían finalizado los relevamientos que prevé esta ley que caduca el 23 de noviembre, en el sentido de censar a las comunidades originarias de todo el país, así como los territorios que vienen ocupando desde antes de la formación del Estado argentino. Y advirtió que, de lo contrario, iban a avanzar las sentencias, y los actos procesales o administrativos cuyo objeto es el desalojo o la desocupación de las tierras. El oficialismo legislativo proponía aplazarla sólo por dos años y medio.
El radical formoseño Luis Naidenoff adelantó que su bancada iba “a acompañar la prórroga” en señal de respeto a los derechos de las comunidades beneficiadas, pero reflexionó que, si se cumplían 11 años de la sanción de la ley que paralizó los desalojos, eso indicaba que no se habían hecho las cosas bien. Al cierre del debate, el jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Pichetto, opinó que no podía haber tierra sagrada en la Argentina que no esté en jurisdicción de las autoridades y de la Justicia, y en donde no puedan ingresar las fuerzas de seguridad. Pichetto afirmó que no se podían tolerar los grupos violentos como los que en su provincia, Río Negro, habían quemado edificios que eran refugios para caminantes (DyN).
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