López podría recibir hasta seis años de cárcel

BUENOS AIRES.- El juez federal Daniel Rafecas mandó a juicio oral y público por “enriquecimiento ilícito de funcionario público” al ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, el tucumano José Francisco López; a su esposa, y a una monja de un monasterio de General Rodríguez, donde el concepcionense quiso ocultar unos U$S 9 millones provenientes, según declaró, de “la política”.

El magistrado también dispuso que se enjuicie a tres empresarios y a un abogado, quienes supuestamente fueron testaferros de López en las compras de un chalet en Dique Luján, partido de Tigre, y un departamento en el barrio de Recoleta.

En un fallo de 268 páginas, Rafecas resolvió la clausura parcial de la instrucción en la causa penal, que se había iniciado por una denuncia radicada en 2008, y elevarla a la etapa del debate oral y público, para lo cual ahora deberá sortearse un tribunal oral.

A López, en primer lugar, lo mandó a juicio por “la tenencia en su poder en efectivo de casi U$S 9 millones y unos 150.000 euros”, que fueron detectados el 14 de junio de 2016, cuando intentó esconder los bolsos con esa suma, de madrugada, en el monasterio Nuestra Señora de Fátima.

El delito de “enriquecimiento ilícito de funcionario público” que se atribuye a López tiene previsto en el Código Penal un castigo de dos a seis años de prisión, multa hasta el 100% del valor en que aumentó la fortuna e inhabilitación absoluta y perpetua.

Al declarar como imputado, López aseguró que aquella fortuna provenía “de la política”, pero nunca precisó su origen.

Serán juzgados también por ese hecho su esposa, María Amalia Díaz, como “partícipe necesaria”; y la religiosa que ayudó a ingresar los bolsos al convento, Celia Inés Aparicio, como supuesta autora del delito de “encubrimiento del enriquecimiento ilícito” del matrimonio.

López y Díaz, “pese a figurar como inquilinos participaron y decidieron en el diseño de la construcción de la casa, y efectuaron luego ampliaciones”, advirtió Rafecas en la resolución. Y además consideró “irrisorio” el alquiler que se pagaba ante la tasación de la propiedad de 200 metros cuadrados, con 2.000 m2 de terreno y muelle propio, valuada en 680.000 dólares.

También mandó a juicio a Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, presuntos testaferros y partícipes necesarios, en la compra de la casa de Dique Luján, que López habitaba cuando fue detenido.

A la vez, a Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio Marconi los mandó a juicio porque supuestamente habrían dejado que López usara a la sociedad “Marketing y Eventos SA” como pantalla en la compra de un departamento en Las Heras 2.032, valuado en U$S 110.000.

Rafecas rechazó el planteo de nulidad del requerimiento fiscal de juicio oral del abogado de Galera, Maximiliano Rusconi, que el miércoles pasado debutó como defensor del ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, en el juicio por la tragedia de Once.

López, secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pero su situación judicial cambió cuando lo detuvieron en el monasterio con una carabina, dos costosos relojes, y algo más de U$S 8,98 millones, 153.000 euros y $ 159.000. Desde entonces cumple prisión preventiva en la cárcel federal de Ezeiza, junto al ex secretario kirchnerista de Transporte Ricardo Jaime y al empresario santacruceño Lázaro Báez. Durante los 12 años de gobierno kirchnerista, López tuvo como superior a De Vido. (DyN)