04 Octubre 2017
EN COMERCIOS. El régimen de servicios adicionales de la Policía permite que los privados -y también reparcitiones públicas- contraten policías. la gaceta / foto de archivo
El sistema de vigilancia pago que aplica la Policía de Tucumán hace 47 años fue objetado por el Tribunal de Cuentas (TC). En el marco del análisis de la Cuenta de Inversión 2016, los auditores observaron que el Servicio de Policía Adicional “tiene un tratamiento extra-sistema”. “Es decir, no existe en el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc) ningún registro presupuestario, financiero ni contable” producto de esas prestaciones, expresa el acuerdo 3.761, firmado el 14 de septiembre por Miguel Chaibén Terraf (presidente del TC), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales).
Pese a esto, el ente de control obtuvo información sobre las operaciones a través de la cuenta corriente 187 126/5 del Banco del Tucumán, denominada “Dirección General de Policía de Tucumán – Servicios”.
Al cierre de 2015 existía un saldo de $ 612.000; durante 2016, registró un ingreso de $ 184,9 millones y un egreso de $ 185 millones; y al cierre de 2016 quedó un saldo de $ 358.000, según datos del Tribunal de Cuentas. “Atento a lo verificado en la ejecución presupuestaria corresponde, conforme lo normado por la Ley de Administración Financiera: que la totalidad de los fondos de esta operatoria sean incorporados y registrados en el Presupuesto de la Provincia”, remarcaron Terraf y sus pares. Y si bien aprobaron en términos generales la totalidad de la Cuenta de Inversión, resolvieron “recomendar al Poder Ejecutivo (...) que arbitre las medidas conducentes a la regularización de las situaciones observadas”.
De vieja data
El Servicio de Policía Adicional fue creado en 1970. Y las normas originales -la ley 3.656 y el decreto 3.608, ambos de ese año- son las que regulan el cuestionado sistema de custodia.
El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, afirmó que la prestación del servicio se mantiene siguiendo esos lineamientos. “Desde aquel tiempo, el Departamento General del Policía es el que tiene el manejo (de esas cuentas). Esa repartición cobra y factura (los adicionales), le paga al personal que estuvo afectado y retiene un porcentaje mínimo”, afirmó Amado.
Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que hoy habrá una reunión entre el jefe de Policía, Dante Bustamante, y los responsables del área de finanzas de la fuerza para analizar las observaciones del TC. Pero anticiparon que casi todo el dinero recaudado va a parar a los haberes de los empleados que prestan servicios y, el remanente, a gastos corrientes urgentes, como el reemplazo de cubiertas de patrulleros.
¿Cómo nace este régimen? La ley 3.656 la prevé entre las funciones que otorga a la fuerza provincial: “proveer servicios de Policía Adicional dentro de su jurisdicción, en los casos y formas que determine la reglamentación”. El decreto 3.608, en tanto, autorizó al Departamento General de Policía al dictado de una resolución que creó este mecanismo. No sólo comerciantes, consorcios de edificios y otros particulares requieren esta custodia. Por ejemplo, a través del decreto 4.121/3-ME, firmado en diciembre de 2016, el gobernador Juan Manzur autorizó la contratación directa de policías adicionales para la casa central y las receptorías de la Dirección General de Rentas (DGR), durante 2017 y 2018, por $ 7 millones. “(La medida) tiene como fin garantizar el resguardo tanto de las instalaciones como del personal y contribuyentes que concurren en forma habitual”, reza el decreto 4.121/3-ME.
Diversos proyectos de ley apuntan al cambio del régimen. Incluso, la peronista Nancy Bulacio instó en 2016 a su prohibición. “Es un secreto a voces que en la práctica estos trabajos se encuentran corporizados por algunos jefes de la fuerza, los que además eligen a quienes prestan estos servicios y obtienen con ello un ingreso impurio (sic) a costilla del trabajo de otros”, dijo Bulacio en los fundamentos.
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