27 Octubre 2017
El magistrado Benjamín Moisá manifestó sus objeciones respecto del diseño del concurso convocado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para cubrir dos cargos de secretario de Concursos y Quiebras, y, como consecuencia de ello, terminó afuera del jurado que debía evaluar a los postulantes. Al día siguiente de avisar al alto tribunal que, si el proceso no era rectificado, daría un paso al costado “por razones constitucionales y convicciones personales”, Moisá fue excluido del tribunal evaluador por decisión del presidente Antonio Gandur. “Resuelvo la continuidad del trámite del concurso de referencia porque ya está programada la solicitud de turnos para rendir la oposición del 1 de noviembre. Por ello, acepto la renuncia (de Moisá) como jurado”, dispuso el titular de la Corte.
El camarista en lo Civil y Comercial de la capital había planteado sus dudas sobre el hecho de que, al momento del examen, hubiese tantas postulantes -Solana Esther Casella y Elena María Silvetti- como cargos en disputa. “La reducción a dos del número de concursantes -sobre un total de 29 originales- para cubrir dos vacantes pone en evidencia el carácter excesivo del requisito excluyente establecido en el anexo reglamentario, esto es, acreditar título de posgrado en sindicatura concursal o afín”, dijo Moisá en una nota dirigida a Gandur y, por su intermedio, a los vocales René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.
El magistrado, que compartía el tribunal evaluador con los jueces de primera instancia José Dantur y Jesús Abel Lafuente, consideró que el requisito del posgrado colisionaba con el artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone que todos los habitantes de la Nación son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. “En efecto, el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán en ninguno de sus incisos exige como requisito de idoneidad para acceder al cargo de secretario de los Tribunales provinciales el disponer de títulos de posgrados. Para el concurso bastaba con acreditar el título de escribano, procurador y abogado”, opinó.
Moisá acudió también al pasado. Y precisó que la experiencia de un concurso anterior para cargos idénticos -en el que él también había participado como jurado- hacía aconsejable una nueva convocatoria que garantizara la amplia concurrencia de postulantes en igualdad de condiciones en atención a las exigencias de la ley. El camarista recordó que tres de los ocho funcionarios actuales de Concursos y Quiebras habían sido designados sobre la base del proceso anterior, que, según su criterio, tuvo excelentes resultados.
Los planteos de Moisá no cayeron bien en el alto tribunal, que ha de definir quién ocupará su lugar en el tribunal evaluador. Fuentes de ese estrado comentaron que se trataba de una presentación extemporánea y que su autor conocía de antemano el requisito del posgrado que impugnaba. El concurso fue aprobado el 27 de septiembre con las firmas de Gandur, Goane, Estofán y Posse -Sbdar no intervino porque estaba en un viaje oficial-. Los vocales fijaron un plazo de 24 horas (el 4 de octubre pasado) para la inscripción de interesados.
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