30 Octubre 2017
Tras participar de una decena de juicios en los que se abordaron delitos de lesa humanidad durante una década en la provincia, el juez Gabriel Casas decidió excusarse de los procesos orales de este tipo.
El integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano, que también intervino en causas en todo el NOA, pidió ser apartado durante la semana pasada de un expediente que se tramita ante el TOF de La Rioja. Idéntica determinación se repetiría en las causas que llegarán a la sala de audiencias local próximamente.
En el escrito, dirigido al presidente del TOF de Santiago del Estero José Camilo Quiroga Uriburu, detalló que tomó la determinación luego de que fuera notificado de que había sido designado por la Cámara Federal de Casación Penal como juez sustituto de un caso que tiene entre los imputados a Luciano Benjamín Menéndez y, entre las víctimas, al soldado Roberto Nicolás Villafañe.
“Imparcial”
Casas consignó que cuenta con razones “de hecho y de derecho” para apoyar su requerimiento y adjuntó una entrevista que brindó a este diario a fines de septiembre, tras el fallo de la megacausa “Operativo Independencia”. Citó jurisprudencia y a grandes pensadores.
Afirmó que intervino en la provincia y en distritos vecinos en numerosos juicios en los que se ha declarado que los delitos que se juzgaron fueron de lesa humanidad. “Todo ello en largas y numerosas jornadas, en algunas oportunidades con imputados que ya habían sido juzgados en otras causas y en otras, con distintos acusados por los mismos hechos. Al haberse concluido el debate en el juicio denominado ‘Operativo Independencia’ he dictado pronunciamiento sobre hechos ocurridos antes y después del 24 de marzo de 1976. Luego de haberse dictado la parte resolutiva de ese juicio, he formulado declaraciones al diario LA GACETA, para aclarar conceptos de ese veredicto”, repasó.
Explicó que, al haberse sostenido un “encuadre dogmático penal internacional contemplado como delitos de lesa humanidad”, independientemente de agravantes y de atenuantes, resultó una constante que “por lo menos desde el Operativo Independencia y hasta el final del denominado Proceso de Reorganización nacional, los hechos se han caracterizado como conductas cometidas dentro de un plan sistemático y generalizado de persecución de una parte de la población civil por razones políticas”.
A continuación subrayó que actuó de manera “absolutamente imparcial” e independiente en todos los juicios, pero que comprende “la posibilidad de que razonablemente pueda asistir a cualquiera de los imputados un temor o sospecha de que en función de tales resoluciones y sentencias precedentes, me encuentre condicionado por aquellas opiniones, lo que puede generar una legítima desconfianza en los acusados respecto de futuras decisiones”.
La decisión de Casas se concreta tras el final del juicio de lesa humanidad más grande celebrado en el Tribunal y en el que actuó como presidente. Después un año de debate, el 15 de septiembre, se condenó a 10 de los imputados y se absolvió a los siete restantes por crímenes cometidos contra 271 víctimas entre febrero de 1975 y marzo de 1976. Al tribunal lo integraron Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Después del fallo, hubo quejas de las partes y hasta un escrache en el edificio del TOF por parte de organismos de derechos humanos. Casas había explicado a este diario conceptos de la sentencia. Los fundamentos se conocerán el miércoles 8, a las 12.
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