Los azucareros rechazan la baja del precio del bioetanol y fustigan la suba de impuestos internos

Dos medidas del Gobierno nacional han puesto en alerta a la actividad azucarera: la reducción de un 30% del precio del bioetanol y el incremento de los impuestos internos a las bebidas azucaradas. La primera ha sido relevada a través de la resolución 415, firmada por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. La segunda fue anunciada en el marco del paquete de reformas impositivas que expuso el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Los industriales azucareros expresaron su malestar con la Casa Rosada a través de un duro documento contra la suba de impuestos internos. Los alcoholeros, a su vez, advirtieron que el cambio del valor de la producción causa daño a la seguridad jurídica en inversiones proyectadas en la actividad.

En el Gobierno provincial consideraron que ambas medidas pueden generar un perjuicio socioeconómico incalculable para la provincia, anticipó el gobernador Juan Manzur, que instruyó al ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, para que gestione la posibilidad de acercar posiciones y evitar el avance de la reducción del precio del alcohol.

Fernández calificó a las medidas federales como “irresponsables y arbitrarias, que va a contramano de lo pregonado por la Nación para el norte argentino”. Y, entre todos, alertaron que -de prosperar- pueden llegar a ocasionar pérdidas de ingresos de hasta $ 2.000 millones, poner en peligro la fuente de trabajo y hasta la reconversión de una actividad que recientemente ha cerrado la zafra.

Desde Cambiemos, el diputado electo José Cano manifestó ayer a LA GACETA que se comunicó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien le anticipó que la semana que viene citará a los factores de la actividad para analizar pormenorizadamente los alcances de la medida. Dijo que, de ninguna manera, la gestión del presidente Mauricio Macri atenta contra el desarrollo de las economías regionales. “Hay que buscar alternativas consensuadas para no perjudicar a la actividad azucarera. No hay que perder de vista que la gestión de Macri ha hecho mucho por ella en estos dos años”, resaltó Cano.

La hoja de ruta

El Gobierno nacional estableció que a partir de ayer bajará un 15% el precio del bioetanol y que a partir del 1 de febrero se aplicará otra disminución del 14%. Según la resolución del Ministerio de Energía, “se estima oportuno establecer modificaciones al procedimiento para la determinación del precio de adquisición del bioetanol a partir de la caña de azúcar y maíz”. Según la disposición, eso se fija “en base a una fórmula de precio que propende a que los productores, que operen en forma económica y prudente, tengan la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos eficientes aplicables a la producción, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable”. La respuesta no tardó en llegar. “Esta medida es un golpe brutal al sector productor de biocombustibles con origen en la caña de azúcar”, se pronunció la Cámara Argentina de Alcoholes.

Con la firma de su vicepresidente, Jorge Rocchia Ferro, la entidad le recordó al Gobierno nacional que el sector genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos sólo en el NOA. “La citada decisión atenta contra el principio de seguridad jurídica, ya que las empresas bioetanoleras y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la ley hasta 2021 y, en cuestión de horas, esa situación cambió por una inconsulta decisión de Energía”, puntualizó la cámara.

El ministro de Desarrollo Productivo, a su vez, coincidió con los alcoholeros acerca del perjuicio que la decisión nacional puede acarrear a las inversiones. “Las pérdidas serían enormes; estamos hablando no menos de $ 1.600 millones”, puntualizó. Cano, en tanto, sostuvo que no se ha modificado la hoja de ruta trazada por el presidente de la Nación, como pilares de sustentabilidad del sector, y que “tiende a la cogeneración de energía, al cultivo de caña para producir más bioetanol y a la producción propiamente del azúcar”.

En las redes sociales, el senador justicialista por Tucumán, José Alperovich, se refirió a la cuestión y solicitó al Gobierno nacional la “urgente revisión de las medidas que darán un duro golpe a la economía provincial”. El ex gobernador calculó “pérdidas de ingresos en una zafra del orden de $ 3.000 millones” e impactará negativamente en el precio del azúcar en el mercado interno. “Se pondrá en riesgo la continuidad del programa alcoholero de biomasa. Esta decisión es una transferencia de recursos del sector azucarero al sector petrolero sin ningún beneficio para el consumidor”, opinó Alperovich en Twitter.

Las alícuotas

Otra de las cuestiones que preocupan a los azucareros se vincula con los impuestos internos. El martes pasado, el ministro de Hacienda anunció algunos aspectos de la reforma impositiva que, entre otras medidas, propicia la suba de las alícuotas para las bebidas azucaradas de entre del actual entre 4% y 8% hasta el 17%, y 325% para los productos saborizados con jugos de fruta.

“La medida es claramente discriminatoria en contra del azúcar ya que, en tanto incrementa significativamente los gravámenes sobre las bebidas con azúcar, insólitamente elimina los impuestos internos que gravaban a las que utilizan edulcorantes sintéticos llevándolos a 0%”, indicó el Centro Azucarero Argentino (CAA). Según la entidad que preside Fernando Nebbia, “claramente se está promoviendo una sustitución de insumos nacionales (edulcorantes calóricos) por otros importados (edulcorantes sintéticos) y, lo que es peor, de dudosos beneficios para la salud”.

Los industriales azucareros de todo el país advierten sobre los perjudicios sociales que aparejarán las medidas. “La medida tendrá graves consecuencias en el empleo directo e indirecto en el sector azucarero del noroeste argentino, estimado en 200.000 trabajadores. La merma del consumo incidirá en una reducción estimada de 5.000 puestos de trabajo solo en el sector azucarero”, sostiene. Además, el incremento de la recaudación impositiva no será directo debido a la reducción del consumo, en tanto que el impacto en el sistema previsional será negativo por la pérdida de empleos, remarca.