05 Noviembre 2017
ARCHIVO LA GACETA
WASHINGTON, Estados Unidos.- Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre paraísos fiscales, conocida como "Paradise Papers", reveló hoy que hay vínculos comerciales entre miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia.
De acuerdo con la investigación, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es accionista de una naviera con relaciones comerciales con un empresario ruso que fue objeto de sanciones por parte de Washington y con el yerno del presidente Vladimir Putin.
Pese a haber vendido otras participaciones antes de unirse a la Administración Trump, Ross mantuvo sus acciones en la naviera Navigator, apuntó "The New York Times", uno de los medios internacionales que participó en la investigación, como el alemán "Süddeutsche Zeitung", similar a la de los "Panama Papers".
El fiscal especial estadounidense Robert Mueller investiga actualmente posibles contactos entre el Gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar una victoria de Trump.
El listado incluye, entre otros, al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y a Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como así también a la reina Isabel de Inglaterra y de la reina Noor de Jordania, o al ex presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, y el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles.
Argentinos mencionados
En la nueva filtración también figuran ciudadanos argentinos con operaciones en, desde y hacia paraísos fiscales. Entre ellos el ministro de Finanzas, Luis Caputo (antes de ingresar a la función pública en diciembre de 2015) y los empresarios Ignacio Rosner y Cristóbal López.
Para la nueva investigación se analizaron durante un año unos 13,4 millones de documentos de dos empresas de servicios "offshore" de Bermudas y Singapur, en los que aparecen los nombres de más de 120 políticos, así como empresarios, deportistas o artistas de casi 50 países.
Los periodistas del ICIJ no revelaron cómo accedieron a esta información.
Prácticas legales
La compañía de servicios "offshore" Appleby, con sede en Bermudas, admitió hace unos días que era posible que el ICIJ hubiera obtenidos material de forma ilegal. La empresa asegura que sus prácticas son legales y que se maneja dentro de los márgenes de la ley.
Además, considera que no hay indicios de que haya habido comportamientos incorrectos de parte de la compañía ni de sus clientes. Appleby no habla de una filtración, sino de un ciberataque ilegal. (DPA)
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