Los “Paradise Papers” se cuelan en el caso YMAD

El fiscal federal general Gustavo Gómez introdujo un elemento inédito a la causa “YMAD”, que investiga el presunto manejo irregular de fondos mineros administrados por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009.

A través de un recurso de aclaratoria planteado ante la Cámara Federal, el representante del Ministerio Público Fiscal no sólo pidió la detención de ex funcionarios de la casa de altos estudios -entre los que aparecen el ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y el ex secretario administrativo y ex diputado nacional por la UCR, Luis Sacca-.

Además, Gómez consideró que existen elementos para considerar la posible comisión del delito de lavado de activos. En ese sentido, citó en el escrito judicial la aparición de una empresa multinacional presuntamente ligada a la explotación de la mina de La Alumbrera en la investigación periodística de alcance mundial “Paradise Papers”, como se denomina a la continuación de los “Panama Papers”.

“Es una cuestión mediática del fiscal y pediremos su recusación”

“Un argumento más que debe traerse a este análisis es el dato publicado por un diario de tirada nacional, cuyo título es ‘Glencore’ montó una red offshore para operar la mina de oro La Alumbrera’”, indicó el fiscal federal general, en alusión a una nota publicada el lunes pasado por el diario La Nación. Agregó que ese artículo detalla información colectada en el marco de la labor llevada adelante por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

“(Allí se) delinea la estructura financiera montada en paraísos fiscales, como Islas Bermudas e Islas Caimán, mediante la cual la empresa Glencore operó la extracción de minerales, lo que mereció cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión fiscal y las deficiencias de política ambiental. Concretamente, la información asevera que Glencore opera Minera Alumbrera Ltda. utilizando empresas off shore”, señaló Gómez.

Sorpresa en el entorno del ex diputado Luis Sacca

El planteo del magistrado fue duramente criticado por los abogados defensores, que incluso anticiparon su intención de recusarlo (ver nota aparte). Mientras tanto, la cuestión generó fuertes repercusiones en los pasillos de la casa de altos estudios.

La causa “YMAD” data de 2010. Se inició por la denuncia penal de Ramón Eudal. Luego fue incorporando expedientes por otros planteos, como el efectuado por el abogado Oscar López por presuntos sobreprecios en la ejecución de obras en instalaciones universitarias. La semana pasada se conoció que la Cámara Federal de Tucumán había rechazado la apelación presentada en 2016 por los defensores de los imputados.

Mediante un recurso de aclaratoria, Gómez requirió el martes nuevas medidas en este caso.

Entre ellas, consideró que existen elementos suficientes para ordenar una serie de detenciones, dado que los sospechosos -según el fiscal federal general- podrían llevar a cabo maniobras que perjudiquen la pesquisa. “Entre los imputados hay quienes cumplieron funciones en ejercicio de un cargo político y ya cesaron en tal función respecto a la periodicidad del ejercicio de tal rol. Esto no implica que a la fecha haya funcionarios designados por los mismos y que le permiten alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal”, manifestó Gómez.

Mencionó en ese sentido a Cerisola, a Sacca, a Olga Graciela Cudmani (encargada de la Dirección General de Construcciones al momento de los hechos) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones de UNT). El fiscal federal general agregó: “la envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros, a través de la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, debieran sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad”.

Según Gómez, también resulta objetable la “omisión” en la sentencia de la Cámara Federal sobre un presunto lavado de activos. “Es razonable sospechar que el indebido manejo de los dineros remitidos por Minera Alumbrera Ldta, a través de argucias con apariencias de legalidad, debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados.

Esta hipótesis sólo puede ser analizada desde la perspectiva punitiva brindada por el tipo penal de lavado de dinero, lo contrario a toda especie o tipo de investigación en esa línea constituye un mascaron de impunidad que beneficiaría a los imputados”, remarcó el fiscal federal, que quedó a la espera del visto bueno de la Cámara.