El fallo del juez federal Fernando Luis Poviña que desestimó maniobras presuntamente fraudulentas por parte de Gendarmería y el Correo Argentino en las elecciones provinciales de 2015 no desalentó al diputado José Cano (Cambiemos), ex candidato a gobernador y autor de la denuncia penal.
El radical le confirmó a LA GACETA que recurrirá la sentencia dictada el viernes pasado. Si esto se concreta, el expediente pasará a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para su revisión. “Los hechos ocurridos en esos comicios fueron escandalosos y absolutamente irregulares, desde la contratación del sistema de cámaras de seguridad trucho hasta las duplicaciones de planillas de escrutinio. Esto es de conocimiento público, más allá de lo resuelto por el juez federal (Poviña)”, señaló Cano, en diálogo telefónico con LA GACETA.
En contrapartida, el gobernador Juan Manzur (PJ), quien se impuso al radical en aquella votación, cuestionó ayer la denuncia por supuesto fraude y la calificó de “malintencionada”. “Fue todo una mentira que se armó para generar daño. No tuvo nada que ver con el acto electoral”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo (PE), al ser consultado por la prensa durante un recorrido oficial por el Instituto Roca.
Además, el mandatario sostuvo que tanto él como el vicegobernador Osvaldo Jaldo se sintieron agraviados por el planteo de la oposición. “Siempre dijimos la verdad, fue un acto (electoral) donde nuestro espacio político había ganado las elecciones”, insistió Manzur.
Dos planteos
Tras los comicios de 2015, Cano y su compañero de fórmula, Domingo Amaya, hicieron un planteo judicial para solicitar la nulidad de todo el proceso por los presuntos hechos fraudulentos detectados a lo largo de la jornada, como el acarreo de votantes, la entrega de bolsones y las urnas “embarazadas”, entre otros. Fue el primer expediente abierto por este tema. En primera instancia, Cano y Amaya obtuvieron un fallo a favor; luego, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló esa sentencia y convalidó el triunfo de Manzur y Jaldo por más de 110.000 votos. Esta disposición fue ratificada luego por el máximo tribunal de la Argentina.
En paralelo, Cano impulsó una denuncia penal por presuntas irregularidades y objetó la labor de Gendarmería Nacional y del Correo Argentino. Los uniformados, según el diputado radical, habrían contratado a una empresa santiagueña sin experiencia en vigilancia, Info FOJ, para la instalación del circuito cerrado en la sede de la Junta Electoral Provincial, donde estaban las urnas con los votos. “Hay filmaciones en las que se observa cómo (los gendarmes) manipulan las urnas”, remarcó Cano ayer. Y recordó que las cámaras de la Junta no funcionaron los dos días posteriores a la elección provincial.
El viernes, sin embargo, el juez federal entendió que no había elementos para incriminar a la fuerza de seguridad, ya que el sistema de circuito cerrado era “una medida adicional de vigilancia”. Por eso, según el magistrado, la falla en los equipos “no tuvo ninguna incidencia” en el operativo, y la cadena de custodia no se vio afectada por ello.
Poviña también dictó el sobreseimiento para dos funcionarios del Correo Argentino. Cano había señalado en su denuncia que desde la empresa se había manipulado la carga de datos. El juez federal desestimó posibles anomalías, ya que el Correo sólo intervino durante el escrutinio provisorio; es decir, no en el conteo definitivo. “Los actos llevados a cabo (por esa firma) jamás podrían tener relevancia en el ámbito penal, toda vez que no tiene por sí sola la capacidad de cambiar un resultado eleccionario, tal como afirma la querella (Cano)”, señala el fallo dictado por Poviña.
El radical le anticipó a LA GACETA que recurrirá la sentencia. “Fue una elección escandalosa, en la que desaparecieron más de $ 600 millones de la Legislatura; pasaron más de dos años y aún no pudieron justificar qué hicieron con esos fondos. La Justicia Federal y la provincial miran al costado, pero es importante que se pongan los pantalones largos y resuelvan todas estas cuestiones”, expresó.
Manzur, en cambio, consideró que el objetivo de los denunciantes era “dañar la credibilidad del acto electoral” que lo consagró gobernador. “(Las acusaciones) fueron acciones que se tomaron deliberadamente, mal intencionadas. Yo creo en la justicia de mi país; es un poder independiente, del cual soy muy respetuoso. Ustedes siempre me han escuchado con esta postura”, les dijo el mandatario a los periodistas. Y destacó que la Corte de la Nación ya falló convalidando el resultado de 2015. “(Los denunciantes) hicieron todo esto para hacernos pelear entre los propios tucumanos”, insistió.