Alzogaray decía tener un pariente como nexo en el Instituto de la Vivienda, declaró una detenida

“La fe no conoce derrota, crece y se fortalece en la dificultad”. Antes de apagar su teléfono celular, Elizabeth Rosa Alzogaray puso en su perfil de WhatsApp una imagen con esa frase. Mientras la supuesta jefa de la organización que ofrecía casas del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a cambio de dinero sigue prófuga, el fiscal de feria, Diego López Ávila, continúa en la búsqueda de los presuntos nexos políticos con la asociación ilícita.

El viernes prestaron indagatoria tres de las detenidas que tiene la causa. Según una de las hipótesis más firmes, ellas serían las encargadas de reclutar y coordinar los grupos de WhatsApp de los que participaban quienes pagaban desde $ 4.000 para asegurarse una vivienda social.

María Esther Soraire, una de las imputadas, declaró sin embargo que también se considera estafada por Alzogaray. “Mi defendida negó las acusaciones. Esa señora (por la supuesta cabecilla) primero la ‘enganchó’ con la promesa de una casa. Soraire y su hijo también pagaron los $4.000. Después, Alzogaray le pidió colaboración para sumar más gente, y se comprometió a darle un puesto (en el Estado)”, señaló Ricardo Scheuermann, representante legal de Soraire. Agregó que su clienta hizo una denuncia “como víctima” de estafa a inicios de la semana en la seccional 5°. “En su declaración, mi defendida explicó que Alzogaray decía tener un familiar que trabajaba en el Ipvdu”, añadió el abogado Scheuermann.

La interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, desmintió días atrás que la presunta jefa de la asociación ilícita -contra quien el fiscal de feria pidió la captura internacional- se desempeñara en esa repartición. Ahora, el organismo deberá revisar su nómina para constatar si había familiares de Alzogaray como empleados. De todas maneras, también existe la posibilidad de que tanto la supuesta cabecilla como la mujer detenida no dijeran la verdad.

En los 10 allanamientos concretados el jueves, los investigadores secuestraron decenas de carpetas que contenían fotocopias de documentación supuestamente presentada por los interesados en acceder una casa.

Además, se incautaron de sellos de la cooperativa que presidía Alzogaray desde 2005, llamada Nuevo Amanecer, y de una asociación mutual. Otro de los interrogantes en la causa es si estas entidades tenían contratos con el Estado o si eran utilizadas a modo de “pantalla” por la organización de falsos gestores para convencer a los interesados.

La hipótesis de López Ávila es que se trataba de una asociación ilícita. Así como Alzogaray era la presunta jefa, hay otros sospechosos de haber desempeñado roles determinantes para concretar las estafas reiteradas.

En videos

Entre los prófugos también están Luis Ernesto Ramallo y su hijo, Emmanuel Ramallo, quienes serían tío y primo -respectivamente- de Alzogaray. El primero de ellos aparecería en un video que fue viralizado por los afectados a través de las redes sociales. Al parecer, era uno de los encargados de recibir carpetas y de anunciarles a quienes se inscribían cómo marchaban los trámites para la entrega de casas.

Ayer comenzó a circular otra filmación, que dataría del año pasado, en la que se observa a una presunta falsa gestora en un barrio del Ipvdu. La mujer conversa con dos interesadas. “Si es para ‘Lomas vieja’, no hay; ‘Ampliación’ nomás queda”, explica respecto de la oferta disponible. Luego les pide que esperen “un ratito”, porque está haciendo una carpeta a “otra chica”. De todas formas, les asegura que tiene “cinco” inmuebles descartados por gente que “no puede esperar”. “Te explico: en ‘Ampliación’ están los dúplex casi hechos; (a) las casas les está faltando, no las entregan este año. Posiblemente a mediados del otro año, como puede ser antes, porque este atorrante de la Nación no ha mandado ni un peso para obras. Ustedes han visto que se está armando...”, asegura la falsa gestora del Ipvdu. Incluso, insinúa que tienen contactos con la Casa de Gobierno. “El gobernador (Juan) Manzur está en Buenos Aires. Tiene que firmar las carpetas. La gente no entiende, la han bardeado (sic) a mi sobrina, querían venir a pegarnos a mí y a mi marido acá. ¡Que vengan! Yo les voy a decir: ¿quién te conoce a vos?, ¿yo te he dado un recibo cuando vos me has dado la plata? Yo le puedo borrar, pero no somos personas así”, afirma la mujer. Y agrega a las dos interesadas en una casa del IPV que su sobrina “labura todo el día con el tema de obras públicas”.

Claves del escándalo

1. En 2017, Panorama Tucumano, el ciclo de LA GACETA TV, investigó una serie de anomalías en la edificación y asignación de viviendas sociales.

2. Una de las presuntas irregularidades era la adjudicación de obras a empresas ligadas a funcionarios del propio Instituto de la Vivienda.

3. A fines de 2017, el PE removió al funcionario Miguel Jiménez Augier, quien tenía 500.000 dólares en una caja de seguridad.

4. Este mes, la nueva interventora Ferrioli (sucedió a Gustavo Durán, quien falleció) comunicó la detección de “falsos gestores”.

5. Los afectados por la organización que ofrecía casas del IPV serían al menos 200. Podrían ser más de 1.000. Aún se recolectan denuncias.