Lebbos pide que por el encubrimiento y las irregularidades el Estado pague $11,1 millones

La acción civil persigue el resarcimiento económico del daño causado por un hecho ilícito, mientras que la acción penal pretende el castigo. La primera es una acción accesoria de la segunda, donde se necesita la determinación previa de la responsabilidad de las personas imputadas. Estando pendiente la acción criminal, no puede condenarse primero en un juicio civil.

Aunque ambas acciones son independientes, son accesorias. En el caso Lebbos, la querella estableció como estrategia plantearla en el juicio penal. La demanda por daños y perjuicios es contra cinco imputados y el Gobierno provincial. Fue concretada por Alberto Lebbos en representación de su nieta, hija de Paulina. El monto del reclamo es de $11.173.680.

En el caso de Roberto Luis Gómez, debería responder económicamente por ser coautor responsable de la privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio. Es el único de los acusados que llegó al juicio imputado por ese delito.

Respecto a Luis Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez, Luis Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito, como autores responsables de los delitos de encubrimiento real agravado, abuso de autoridad y falsificación ideológica de instrumento público.

El Estado tucumano debería responder por tratarse de funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros de la Policía de la Provincia.

El daño causado

Al momento de su desaparición y asesinato, la víctima tenía 22 años, era estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y tenía a cargo una hija de seis años. Esos elementos serán valorados al momento de establecer el monto económico del resarcimiento solicitado. Pero también deberá tenerse en cuenta el daño emocional y psicológico causado por el hecho.

El Tribunal de la Sala III, integrado por los magistrados Carlos Caramuti (presidente) y Dante Ibáñez y Rafael Macoritto (vocales), podrá resolver esta cuestión al momento de la sentencia.

En el documento, que fue leído ayer, a continuación del requerimiento de elevación a juicio, se desarrolla la noción de “falta de servicio”, que se refiere a “un servicio que ha sido ejecutado de modo irregular, deficiente o anormal, que no ha sido ejecutado y por una relación causal adecuada entre el comportamiento en la función estatal y el daño cuya reparación reclama”.

“Hay que tener en cuenta que la víctima era una persona que se encontraba ejerciendo su actividad como estudiante universitaria, tenía una vida por delante y a la vez una hija a quien cuidar”, explicó el abogado Roberto Tejerizo, representante de Lebbos.

Paulina fue vista por última vez el 26 de febrero de 2006, cuando se retiró con su amiga y compañera de estudios, Virginia Mercado, de un boliche de la zona del ex Abasto. Habían asistido a ese local para festejar que habían aprobado un examen. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año, a la vera de la ruta 341, camino a Raco.

El cálculo

Para determinar la responsabilidad civil se tienen en cuenta diferentes rubros, como el daño emergente (el hecho); el lucro cesante, que regula las ganancias a las que se vio privado el damnificado; la pérdida de chances, por el daño futuro; y el daño moral, que implica, no el valor económico, sino “la clara violación dolosa que tuvieron los aquí demandados”.

“Esas determinaciones se hacen a través de un cálculo matemático que debe ser corroborado por medio de pruebas. Ya sean pericias contables o psicológicas, para determinar el daño que sufrió la familia”, aclaró Tejerizo.

Planteos

Los abogados de la Provincia, Carlos Parajón Ferullo y Cecilia Vaccaro, explicaron que efectuaron planteos previos. El primero fue por “prescripción”, por el tiempo transcurrido. El otro, por “litispendencia”, expresión utilizada en derecho para señalar que existe un juicio pendiente, entre las mismas partes y sobre una misma materia.

“Paralelamente a esta causa se tramita la causa Albaca, en la que el actor reclama otro importe similar basado en los mismos conceptos. Es una facultad de los jueces para evitar el abuso de derecho”, indicó Parajón Ferullo.

“Son dos juicios diferentes. Los jueces resolvieron que esta situación se va a tener presente para evitar duplicaciones al momento de la sentencia”, aclaró Vaccaro.

Sopa de fiscales

La tercera audiencia del juicio por el crimen de Paulina llegó con una sorpresa. El debate se retrasó más de una hora por la ausencia de un representante del Ministerio Público Fiscal. El titular, Carlos Sale, sufrió un problema de salud y avisó que no estaría presente. Carlos Saltor, su reemplazante natural, por primera vez desde que comenzó el proceso penal, no estuvo desde el inicio porque tenía una audiencia. El fiscal Diego López Ávila, que debe colaborar con sus pares, gozaba de una licencia por haber trabajado en la feria. El tribunal realizó las gestiones para que al menos Saltor estuviera en el juicio, pero quedó atrapado en el caos vehicular que provocó el paro de ómnibus. Después se sumó López Ávila que dijo que estará cuando su actividad se lo permita, ya que debe atender los asuntos de la fiscalía que conduce (IV) y la  XI, que debe atender como subrogante desde 2017.

Cifras del reclamo
$975.240 Daño emergente
$3.636.360 Lucro cesante
$975.240 Pérdida de chance
$5.586.840 Daño moral
$11.173.680 total

La defensora que calmó las aguas
Silvia Furque ocupó el papel de mediadora en las audiencias. Ayer evitó que Carlino y Morales se pelearan en serio, pero antes había calmado los ánimos de varios colegas.

Un duelo picante 
El desgaste de las dos primeras audiencias se hizo sentir en el juicio. No sólo el físico del fiscal Carlos Sale sufrió el golpe de dos interminables jornadas, sino que también la extensa lectura del requerimiento a elevación de juicio realizada por el fiscal Diego López Ávila, transformó el humor de las partes. Gustavo Carlino (defiende al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera) y Gustavo Morales (representante legal de Eduardo di Lella) sostuvieron una acalorada discusión en plena sala por un tema muy menor. “Chicos, paren esto que van a salir en los diarios”, les dijo Silvia Furque cuando vio que ambos profesionales se pusieron cara a cara. Por un par de minutos intercambiaron palabras, pero al final se terminaron bromeando fuera del recinto. El tribunal no se percató de este incidente porque ya se había retirado del lugar donde se realiza el debate oral. Los jueces habían advertido que no tolerarían discusiones.

Una imagen que dio lugar a un insulto
“Basura” es el término que usó el ex jefe de Policía Hugo Sánchez para atacar al fotógrafo de LA GACETA que lo retrató riéndose con Nicolás Barrera.

El tirón de orejas al ministerio público
Los miembros de la Sala no dudaron en llamar a Edmundo Jiménez para denunciar la ausencia de los tres fiscales que podrían representar al Ministerio Público.