Alonso sugirió que investigarán a un funcionario de Manzur

Según dos denuncias presentadas en la Oficina Anticorrupción (OA), un funcionario del Gobierno de Juan Manzur habría participado como connivente en múltiples irregularidades en licitaciones por más de $ 1.500 millones, durante la gestión kirchnerista. Se trata de Jorge Neme, actual secretario de Estado de Relaciones Internacionales de Tucumán. Además, aparece mencionado en posibles casos de enriquecimiento ilícito y de sobornos. El organismo, a cargo de Laura Alonso, emitió un dictamen en el que sugiere el inicio de una investigación judicial.

Desde 2002 hasta enero de 2016, Neme fue titular del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), plan ejecutado mediante la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación. De acuerdo al análisis de la OA, habría existido una connivencia entre las autoridades públicas que estaban al frente de ese organismo -Neme entre ellos- para favorecer la adjudicación de licitaciones de obras de riego en distintas provincias, a las empresas mendocinas Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (Ceosa) e Hydrotec S.A. Ambas habrían estado ligadas con los funcionarios que trabajaban en el Programa. Las presuntas irregularidades en las licitaciones superarían los $ 1.500 millones.

Durante el período en que Neme se desempeñó en el Prosap hubo tres ministros de Agricultura: Julián Domínguez, Norberto Yahuar y Carlos Casamiquela. Las maniobras habrían iniciado en 2010; es decir, durante la gestión de Domínguez. Con motivo de la difusión de la denuncia de la OA, el ex presidente de la Cámara de Diputados, mediante un comunicado, aseguró que la gestión de Neme fue altamente reconocida y evaluada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según Domínguez, esas organizaciones eran las responsables de la administración de los fondos internacionales para el desarrollo e infraestructura rural. “La aprobación de los proyectos, la adjudicación de las licitaciones y las auditorías siempre están sometidas al control y a la no objeción de los organismos internacionales. Dicho de manera simple, son los que aprueban o no la gestión”, aseguró el referente kirchnerista.

La OA inició la investigación a partir de dos denuncias recibidas el año pasado: una, con identidad reservada; la otra, anónima. Según el dictamen del organismo, ambas nombran a los mismos funcionarios y hacen referencia a las presuntas irregularidades con la empresa Ceosa en las licitaciones de obras agrícolas en las localidades de Rincón, Belén y Pomán, en Catamarca. Además, las denuncias mencionan posibles pagos de sobresueldos, a partir de convenios con Universidades, sobornos y otros enriquecimientos ilícitos.

La Oficina dirigida por Alonso determinó que, en los hechos con posible significación típica -es decir, presuntos delitos- tres personas habrían colaborado para el Prosap durante la gestión de Neme: Fernando Gomensoro, Juan Pablo Sánchez y Diego Fabián; todos vinculados con Hydrotec, compañía que ofrecía sus servicios como consultora. Asimismo, la OA aseguró haber acreditado cómo Ceosa era favorecida en la ejecución de la obras del Prosap. “A pesar de sus demoras no se la sancionaba y, siendo una empresa incumplidora, se le seguía adjudicando licitaciones”, señala el dictamen. De acuerdo al documento, sólo durante el período 2010-2015 Ceosa fue adjudicataria de licitaciones por un monto “histórico” de más de $ 1.500 millones. “Esto, sin contar redeterminaciones, posibles mayores costos u otras sumas que pudieran haber percibido”, se detalla.

El organismo también apunta contra Neme en cuanto a su presunto incremento patrimonial por los manejos “espurios” en el Prosap. En consecuencia, realizó un análisis sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el ahora funcionario provincial. “De esta comparación se pudo determinar que Neme tuvo durante algunos períodos un incremento patrimonial en función a sus ingresos; siendo el caso más representativo de esta situación el año 2014, con la suma sin justificar equivalente al 115% de sus ingresos”, indica el documento.

La OA pidió la actuación de la Justicia por la posible comisión de los delitos de negociación incompatible con la función pública y de administración infiel, agravada por haber sido cometida contra la administración pública nacional. Además, no descarta la existencia de los sobreprecios y sobornos mencionados. Altas fuentes de la Oficina confirmaron a LA GACETA que, a partir del conocimiento público de la denuncia, el organismo comenzó a recibir más información de la causa por parte de diversas personas.