La Legislatura debatirá proyectos contra los motochorros, los rompevidrios y los escruchantes

Si las formas delictivas se extienden como una suerte de moda entre los ladrones, los motochorros -uno o más asaltantes en moto-, los escruchantes -aprovechan cuando los dueños de una casa salen para entrar a robar- y los rompevidrios -atacan a automovilistas desprevenidos en semáforos y esquinas- están a la vanguardia en Tucumán.

Con el objetivo de tratar de contrarrestar esas tendencias, la Legislatura empezará a discutir una serie de proyectos de ley. Según el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, la intención es llevarlos al recinto de sesiones el jueves de la próxima semana. “Esto es lo que nos pide la sociedad, y es facultad del Poder Legislativo: endurecer las leyes para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra; para evitar definitivamente la puerta giratoria (en tribunales)”, afirmó el presidente de la Cámara.

En este marco, el ministro fiscal Edmundo Jiménez visitó ayer la sede legislativa y, tras una reunión con autoridades del cuerpo colegiado, entregó copias de dos anteproyectos referidos a los motoarrebatos, los escruches y los rompevidrios. Según explicó, el objetivo es agilizar los plazos procesales en las causas por esos delitos, de modo que se arribe a una posible condena en “tres o cuatro meses”. Así, en caso de reincidencia, los delincuentes registrarán antecedentes que agravarán su situación procesal, apuntó Jiménez. “Eso no está sucediendo hoy porque los procesos son largos”, añadió.

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La duración de las posibles condenas y sus figuras correspondientes están contempladas en el Código Penal Argentino, por lo que la Legislatura no tiene competencia respecto de esa normativa.

Las provincias, sin embargo, tienen la facultad de regular los procesos penales dentro de su jurisdicción. La Legislatura ya sancionó una ley que ordena un nuevo sistema procesal -desde la fase de la investigación penal hasta la celebración de juicios orales-, pero su aplicación fue postergada por la Justicia provincial.

Además, en el pasado reciente hubo intentos legislativos en pos de habilitar el dictado de la prisión preventiva en contra de los motochorros. Pero esas normas tampoco fueron implementadas finalmente en la etapa de Instrucción.

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LA GACETA le consultó respecto de estos antecedentes al ministro fiscal Jiménez. “(Las iniciativas) que proponemos se fundan justamente en aquellos aspectos que la Corte (provincial) habilitaba para que la norma sea legal”, indicó. Y explicó: “cuando el delincuente puede obstruir o eludir la acción de la Justicia, o cuando puede influenciar sobre la investigación o evitarla, en esos casos sí es legal la prisión preventiva”. Según el jefe de los fiscales, “sobre estos aspectos han sido fundados estos aportes a la Legislatura”. Y aseguró que los textos se enmarcan “dentro de todas las disposiciones legales”.

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Además de los proyectos referidos a motochorros, rompevidrios y escruchantes, Jiménez consideró que se debe rediseñar la herramienta de la flagrancia -se aplica cuando el delincuente es arrestado in fraganti- para permitir el dictado condenas en menor plazo. “La gente está descontenta con la seguridad. Eso implica a la Policía, a la Justicia, y también necesitamos leyes para ser más eficientes. Todos estamos en una deuda importante con la sociedad, y estamos abocados en ese trabajo”, afirmó el jefe de los fiscales. En ese sentido, insistió con que “cada uno de los poderes (del Estado provincial) tiene que hacer su tarea, y todos tenemos que ayudar también al otro (para que la cumpla)”.

Reclamo a la Nación

Según Jaldo, “está haciendo falta una modificación de estas características” para tratar de frenar las cifras del delito en la provincia. Anticipó que el viernes, en la reunión de comisión de Labor Parlamentaria, se analizará una convocatoria a sesión -la primera de este período ordinario- para el jueves de la semana próxima. “Por las opiniones que expresaron los legisladores de los distintos espacios políticos, entiendo que existe un interés importante para que este tema esté incluido (en el temario) y, si es posible, convertirlo en ley”, manifestó el titular de la Cámara.

Jaldo sostuvo que, de aplicarse estas nuevas disposiciones, se podría registrar un incremento exponencial en las detenciones que realicen las fuerzas de seguridad. Según el peronista, esto podría agravar la superpoblación carcelaria que registran los centros de arresto en este distrito. “Por todo esto, es importante que la Nación cumpla con la Provincia: cuando adherimos al decreto nacional de Emergencia (en Seguridad), quedó el compromiso del Gobierno nacional de construir una cárcel federal en Tucumán. Un porcentaje importante de los presos son por delitos federales, como narcotráfico”, manifestó Jaldo. Y sostuvo que, en ese marco, se acordó la edificación de 10 cárceles en distintas provincias. “Pero a Tucumán eso no llegó”, aseveró el vicegobernador.