La muerte de Facundo nos interpela como sociedad

La muerte de Facundo Ferreira, el niño de 12 años que murió en la madrugada del pasado jueves luego de recibir un tiro en la nuca disparado por policías de la Provincia, nos interpela como sociedad. Aunque lo que ese hecho atroz recrimina a los tucumanos como cuerpo social es eludido por la conciencia colectiva en abordajes parcializados (aunque no desprovistos de legitimidad) de un hecho trágico que, en sí mismo, es una tragedia social.

La familia del pequeño reclama justicia para él, en lo que considera un caso de gatillo fácil. Asegura que es inocente de cualquier sospecha y que, cuando salía de una estación de servicios con un amigo, quedó en medio de una balacera entre uniformados y delincuentes.

La Policía sostiene que se trató de un enfrentamiento, asevera que respondieron un ataque con armas de fuego y plantea que las pruebas de dermotest dieron positivas para Facundo y para su acompañante, de 14 años.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, respalda esta versión. Negó que se trate de un caso de “gatillo fácil”, sostiene que los agentes “actuaron contra un claro ataque; como es su deber”. Y agregó que “alarma que haya menores armados. Sobre todo, chicos tan pequeños”.

La Justicia, en medio, trata de reunir pruebas que establezcan las responsabilidades.

Los tucumanos, en tanto, se muestran enfrascados en una lógica binaria de la actualidad. Unos justifican el accionar policial, y sostienen que Facundo Ferreira estaba armado; otros condenan la tarea de las fuerzas de seguridad y sostienen que se trató de una ejecución. Los 147 comentarios efectuados en la primera nota sobre el hecho publicada por LAGACETA.com (“Un niño murió en un supuesto tiroteo con la Policía en El Bajo”) son una muestra a escala de esta divisoria de aguas: de un lado, los que reclaman leyes más severas y exigen “mano dura”, a la vez que condenan a los menores (los llaman “delincuentes precoces”) y reivindican el accionar policial. Del otro, los que denuncian la estigmatización de la pobreza y la violación de los derechos humanos, a la vez que califican de “asesinos” a los uniformados y alertan sobre la instauración por parte del Estado de “la doctrina Chocobar” (el policía Luis Chocobar mató a un ladrón en La Boca cuando escapaba de un robo en el que había apuñalado a un turista).

Lo que subyace a tanta opinión es que un niño muerto de un balazo en la nuca por un disparo policial dice que hemos fracasado como sociedad. Puntualmente, en la protección de la niñez.

En el Estado reposa ahora la responsabilidad de revertir esta situación. En primer lugar, debe actuar coyunturalmente, para revertir la inseguridad creciente que genera un clima de tensión que recrudece las diferencias socioeconómicas e ideológicas. Hace dos años se creó una Comisión de Emergencia en Seguridad cuya tarea se ha traducido en diagnósticos y proyectos, pero no en resultados. La seguridad es hoy un elemento discordante, cuando debiera ser un bien social que “asocie” a los tucumanos. Hoy la sociedad está dividida, también, entre los que pueden costear seguridad privada, y los que no.

En segundo lugar, el Estado debe actuar estructuralmente. El tono irreconciliable y exasperado del debate entre los tucumanos en torno de la tragedia de Facundo Ferreira da cuenta de una violencia simbólica que es el síntoma de una violencia sistémica. Nuestro sistema es violento. Así, sólo engendrará más violencia.