La interventora abrió un sumario y pidió las pruebas

La interventora Noemí Ferrioli dio la misma respuesta a las preguntas sobre si se había reunido con los ciudadanos Juan Acosta, Manuel Liquitay y Antonia Lobo, y sobre si les había pedido que acreditaran que agentes del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) comercializaban casas de interés social,. “Por favor, lleven las pruebas que tengan al Instituto. Concretamente, vayan al área legal”, insistió. La funcionaria informó a LA GACETA que había abierto un sumario administrativo contra el empleado Daniel Manzaraz con el propósito de establecer si le correspondía una sanción.

La pesquisa interna comenzó el 13 de marzo, 11 días después de que Manzaraz fuera aprehendido mientras intentaba formalizar el pago de una seña por una vivienda en construcción en el complejo “Manantial Sur”. La Resolución 850/18 reseña que, a continuación, el fiscal Diego López Ávila (Nº4) allanó la repartición y que el sospechoso se habría ofrecido como una suerte de intermediario en una transferencia presuntamente anómala del barrio levantado con fondos del Ipvdu. La decisión firmada por Ferrioli indica que, por la necesidad de deslindar responsabilidades, correspondía abrir un sumario por el plazo de 60 días hábiles y ordena su sustanciación al abogado Hugo José Luaces (originalmente el procedimiento debía ser desarrollado por otro letrado). Una resolución posterior, la Nº 1.139, suspendió a Manzaraz durante el término de duración de la pesquisa interna.

Filman a un agente del Ipvdu cuando intenta vender una casa

Liquitay, Acosta y Lobo, tres de los múltiples denunciantes de una cooperativista que habrían vendido casas del Ipvdu, Elizabeth Alzogaray, manifestaron que, antes de ponerse en contacto con el agente investigado, habían advertido a Ferrioli sobre los negocios ilegales que se hacían y que se seguían haciendo en la dependencia estatal. Y se propusieron demostrarlo: para ello, buscaron ofertas de viviendas en las redes sociales y, así, llegaron a Manzaraz. Luego, registraron toda la negociación con ayuda de sus celulares: la historia finalizó con la aprehensión del empleado del Instituto (se informa por separado). El sospechoso podrá dejar la cárcel cuando presente la caución real de $ 80.000 que le impusieron.

El año pasado, el Ipvdu entonces conducido por Gustavo Durán (falleció en noviembre) abrió otro sumario contra el coordinador Lucas Barrionuevo por sus vinculaciones con la empresa constructora Marán: el funcionario negó que conociera “de antes” a los propietarios de esa firma, los hermanos Sebastián y Martín Nieva. Una investigación de “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, comprobó que ambos son sobrinos políticos del funcionario, que fue suspendido el año pasado. La empresa había recibido contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones y obras por $ 6 millones de la Municipalidad de Yerba Buena. El sumario avanzó hasta cierto punto: la Intervención habría resuelto que, para su conclusión, iban a aguardar el veredicto de la Justicia. La investigación penal de la presunta maniobra atribuida a Marán está en manos de la fiscala Adriana Giannoni (Nº8).

¿Aplicarían el mismo criterio de esperar el pronunciamiento del Poder Judicial respecto del sumario de Manzaraz? No necesariamente. En 2017, el gobernador Juan Manzur echó a Miguel Jiménez Augier, quien se desempeñaba como coordinador de Políticas Habitacionales de la repartición, luego de que trascendiera que tenía U$S 500.000 en una caja de seguridad. Antes, el propio Ipvdu había expulsado a Fabio Burgos, otro agente acusado de vender viviendas. Este escándalo, que estalló en 2014, también fue investigado por la Justicia penal. Hasta agosto del año pasado, el expediente seguía esperando el juicio oral.