Filman a un agente del Ipvdu cuando intenta vender una casa

Con el afán de exponer la realidad del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), simularon que deseaban adquirir una casa construida por el Estado y terminaron comprometiendo a un agente de esa institución, Daniel Manzaraz. Antonia Lobo, Juan Acosta y Manuel Liquitay, tres ciudadanos que dicen haber sido víctimas de las maniobras irregulares ocurridas con inmuebles sociales, llevaron adelante su investigación particular para reunir pruebas que los avalaran. Ellos admiten que entregaron dinero (entre $ 20.000 y $ 50.000) a la red de Elizabeth Alzogaray, la cooperativista y presunta gestora detenida en febrero junto a otros supuestos colaboradores. “Nosotros no somos estafadores: no hay otra forma de acceder a una casa. El Instituto funciona como una inmobiliaria. Así lo definió el propio Manzaraz”, dijeron a LA GACETA.

La interventora abrió un sumario y pidió las pruebas

La operación en cuatro pasos:

1. Los ciudadanos Lobo, Liquitay y Acosta decidieron probar que en el Instituto de la Vivienda era posible adquirir una casa por fuera de la ley.

2. Con esta finalidad, se contactaron con quienes ofrecían casas de barrios del Instituto en las redes sociales (Olx, Facebook, Alamaula, etc.).

3. Un tal “Sebastián” los derivó a Daniel Manzaraz, que se desempeñaba como empleado del área de Investigaciones Sociales del Instituto.

4. Los simuladores documentaron toda la negociación. Manzaraz fue aprehendido el 2/3/18, cuando iba a recibir una seña.

La pesquisa empezó en el momento en el que, según expresaron, la interventora Noemí Ferrioli les requirió que demostraran que era posible comprar anómalamente una casa en el Instituto. La masajista Lobo, el docente Liquitay y el plomero Acosta relataron que tomaron el desafío al pie de la letra, y empezaron a sondear las ofertas publicadas en las redes sociales. Así llegaron a un tal Sebastián, que en ese momento estaba en Miami, y que los conectó con Manzaraz. Este agente del área de Investigaciones Sociales del Ipvdu llevó adelante la negociación de una vivienda emplazada en el barrio “Manantial Sur”, supuestamente una de las varias que tenía. La puesta en escena de la operación llegó hasta el punto del acuerdo donde Acosta, que se hizo pasar por hijo de Lobo, iba a entregar $ 100.000 en concepto de seña para reservar la propiedad valuada en $ 550.000 -$ 200.000 estarían destinados a cancelar la comisión-. Cuando Manzaraz y la mujer que en los papeles figuraba como dueña del inmueble, NVS, se dirigían a recibir el dinero, el fiscal Diego López Ávila (Nº4) y un grupo de policías los aprehendieron -luego, allanaron la oficina del empleado-. Esto sucedió el 2 de marzo.

Previamente, los simuladores registraron -por medio de sus celulares- la evolución de las conversaciones con Manzaraz, que, por estos hechos, también afronta un sumario administrativo (se informa por separado). Hicieron capturas de pantalla; grabaron llamados telefónicos, y diálogos sostenidos en la casa en venta y en un bar; tomaron fotografías a distancia y hasta filmaron la escena final. Lobo, Acosta y Liquitay presentaron estos archivos a LA GACETA, y manifestaron que también constaban en el expediente penal en manos de López Ávila. Además, expresaron que llegaron a estar con Manzaraz adentro del Ipvdu y que en ese entorno hablaron naturalmente sobre el negocio ilegal que se proponían cerrar.

“Ya va a aprender”

“No salí a ver obras para esperarte a vos (Acosta). Estoy en el Instituto”, afirma la voz que responde al nombre de Daniel Manzaraz, según uno de los archivos proporcionados. “¿Con $ 100.000 podría señar? (...) No sé nada sobre compras de casa”, dice Acosta. “Ya va a aprender”, responde su interlocutor. En otra conversación, el hombre que sería el agente estatal advierte: “si lo hacemos intervenir al Instituto, vas a pagar una fortuna (...). Cualquier cosa yo estoy ahí, lo vemos juntos y hablamos con los compañeros en el Instituto, que harán que la casa sea transferida a tu nombre. No te conviene hacerlo ahora porque estamos especulando con que tengas otra inscripción. Todo es posible”.

De los audios surge que el vendedor presionaba para cerrar la operación inmobiliaria. “Si la pateamos unos días más, ya estamos alejándonos de la realidad. Tengo otro comprador en la gatera”, afirma. “¿Seguro que es todo legal?”, interroga Acosta preocupado por los requisitos del Ipvdu. La contraparte contesta: “si hacemos el arreglo, yo te entrego el número de expediente en mano, con la preadjudicación y pasamos a otra cosa”. Después, Daniel informa que muchas casas construidas por el Estado están vacías. Y da instrucciones sobre cómo entrar al Instituto: “a mí me dicen ‘El Viejo’. Me conocen así. Estoy en el área de Investigación Social”.

Los hallazgos de Lobo, Liquitay y Acosta ponen de manifiesto que el vendedor inspeccionaba obras, y que solía irse a las 9 de su trabajo. Este explicó que la Nación los cocinaba a auditorías por los “problemas” que había. “Cuando me dijo que estaba en el Instituto, pensé que se refería a una escuela privada”, expresa Acosta. “No me dedico mucho a vender casas porque trabajo ahí, pero mi socio (el tal Sebastián) sí. Digamos que somos una inmobiliaria”, responde Daniel.

Llave en mano

Manzaraz, cuyo trabajo en el Ipvdu consistía, en los papeles, en detectar las necesidades habitacionales en zonas vulnerables, lleva 23 días detenido en la Comisaría Nº1, pero saldrá en libertad cuando presente una caución real. Su abogado defensor, Guillermo Orso, prefirió no hacer comentarios pero deslizó que había habido irregularidades graves (ver “Defensa”).

Mientras tanto, Liquitay, Lobo y Acosta siguen luchando para que les reconozcan derechos por haber tratado con la organización que respondía a Alzogaray. Para ello, se reunieron varias veces con Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia. Este conflicto se suma a las anomalías reveladas durante el año pasado por el ciclo televisivo de LA GACETA, “Panorama Tucumano”, y que derivaron, entre otras repercusiones, en la cesantía de Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales de la repartición. “Reclamamos en forma pacífica para terminar con las injusticias de una buena vez. Cualquier persona común que vaya al Ipvdu con $ 300.000 o $ 400.000 no sale con una promesa de una vivienda: sale con una llave en la mano”, aseguraron Liquitay y Acosta. Lobo por su parte opinó que, en ese estado de cosas, no se distinguía qué implicaba actuar por derecha y qué por izquierda porque estaba normalizado el manejo ilegal de los techos construidos por el Estado.