El Estado planea lanzar retiros voluntarios y los gremios se oponen

BUENOS AIRES.- El Gobierno prepara un plan de retiros voluntarios para implementar en las dependencias estatales que quedará plasmado en un decreto presidencial elaborado a partir de una iniciativa de los ministerios de Modernización y de Hacienda, y de la AFIP.

El alcance de la medida propuesta es “toda la administración centralizada (ministerios, Presidencia, Jefatura de Gabinete) y organismos descentralizados (como el INTA, el INTI, la Anses, la AFIP, entre otros), para planta permanente y ley de contrato de trabajo”, según la síntesis del decreto que sería firmado por el presidente Mauricio Macri la semana próxima. Se trata de una iniciativa confeccionada por los ministerios de Modernización y de Hacienda, y por la AFIP.

El texto de la norma invitará a plegarse al plan de retiros a “las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital, o en la formación de las decisiones societarias”.

El régimen que se propondrá consta de tres condiciones. El primero es “tener 65 o más años de edad” y no contar “con los años de servicio necesarios para obtener la jubilación ordinaria”. En ese caso, quienes se adhieran al plan “tendrán derecho a la percepción de una suma no remunerativa de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de sueldo neto”. La segunda de las condiciones previstas en la letra del proyecto de decreto es “tener entre 60 y 65 años de edad”, para tener derecho a la percepción de “una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de sueldo neto”. El texto aclara que, “cumplidos los 65 años de edad, percibirán hasta doce cuotas adicionales, siempre que en total no se supere la cantidad de 36”.

El tercer caso contemplado en el régimen de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno es el de “tener hasta 60 años de edad, con dos o más años de antigüedad en la Administración Pública”.

Quienes estén en esa situación y acepten el plan de retiro, “tendrán derecho a la percepción de una suma no remunerativa al finalizar su relación de empleo, equivalente a una cantidad de cuotas al momento de su baja, más una suma no remunerativa de cuotas mensuales, iguales y consecutivas”, según prevé la norma. A menor antigüedad, el empleado recibirá menos cantidad de cuotas mensuales consecutivas de sueldo.

De los 280.000 agentes que integran el Poder Ejecutivo, unos 80.000 estarían en condiciones de acogerse al plan de retiros voluntarios, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el equipo de la cartera de Modernización y el de Hacienda.

La normativa incluye un listado de categorías de empleados estatales que quedarán fuera del régimen de retiros. Esa nómina incluye al personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales; el personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); el personal docente; los profesionales de la salud, del servicio exterior o científico técnico; los procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional; el personal sometido a un sumario administrativo, y el personal con reclamos administrativos o demandas con la Administración Pública Nacional (exceptuando el personal que haya acordado un beneficio jubilatorio, presentado su renuncia o se encontrara en situación de disponibilidad).

Ayer, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), Andrés Rodríguez, consideró al aplicarse planes de retiros voluntarios como el que el Gobierno difundió se resiente el funcionamiento del Estado.

“Se habla mucho del retiro voluntario. En general, cuando se aplican los regímenes de retiro voluntario se van los mejores cuadros del Estado”, consideró el titular del gremio estatal en diálogo con la radio digital Led. (Télam)