Manzur, por decreto, eleva el tope de compras directas para la DAU de $300.000 a $850.000

A un año y medio de terminar su mandato, el gobernador Juan Luis Manzur apuesta por darle más recursos para compras directas a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), una repartición que fue blanco de pesquisas penales al cierre de la administración alperovichista.

A través de un decreto acuerdo de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) dispuso un incremento en el tope máximo habilitado para las contrataciones directas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.

Según el instrumento, la DAU podrá pagar mano de obra y adquirir materiales e insumos sin licitación pública por hasta $850.000, con la condición de efectuar concursos de precios previos con al menos tres proveedores del servicio requerido.

Ese valor había sido actualizado por última vez en octubre de 2016, cuando Manzur duplicó, también vía decreto, el límite para compras directas de la DAU (pasó de $ 150.000 a $ 300.000). En esta oportunidad, el porcentual de la suba impulsada por el gobernador supera el 280%.

El decreto 1/3 (ME), firmado por Manzur y sus ministros, fue recibido el lunes pasado en Mesa de Entradas de la Legislatura.

El inciso 2° del artículo 101° de la Constitución provincial otorga al cuerpo legislativo 20 días hábiles desde aquel momento para expedirse sobre la validez del instrumento. Transcurrido ese tiempo, si el bloque oficialista Tucumán Crece -que tiene mayoría- resuelve no debatir el tema en el recinto, el decreto de necesidad y urgencia tomará fuerza de ley.

Las razones oficiales

En los considerando del instrumento, Manzur destacó que se han ordenado “distintos emprendimientos” a la DAU, y que esto hacía necesario actualizar el tope para compras directas en caso de tareas urgentes y prioritarias. “Esto permitirá contar con una planificación estratégica (para la aplicación de este sistema)”, describió el gobernador.

El director de la DAU, Alfredo Quinteros, explicó a LA GACETA que el nuevo monto para contratos directos es necesario para atender obras públicas y reparaciones que, si bien son de menor escala, son consideradas urgentes y prioritarias. “(Esa suma) nos da margen para arreglar comisarías y otras dependencias policiales que tienen arrestos. Esto permite atender los requerimientos de la Corte Suprema”, señaló el ex legislador, en alusión a los cuestionamientos del alto tribunal provincial por los lugares de detención en la provincia.

Advirtió que el rubro de la construcción registró fuertes subas en materiales, como hierro y cemento, y que en muchas ocasiones se necesita mano de obra privada para estos trabajos.

Respecto de las dudas que generó en el pasado la aplicación de esta herramienta legal, Quinteros aseveró que no ha recibido desde su llegada a la DAU, a finales de 2015, reproches formales de parte del Tribunal de Cuentas.

Antecedente polémico

La Constitución local ordena que las compras del Estado deben ser efectuadas por licitación, “salvo el caso en que la Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario, por razones especiales reclamadas por el bien público”. Las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera disponen restricciones en ese sentido.

A fines de 2007, la Legislatura sancionó la ley 7.960, que habilitó las compras directas -y las excepciones previstas por aquellas normas- para obras públicas urgentes y prioritarias que no superaran los $150.000. Su utilización generó polémica. En 2016, Manzur sustituyó la ley por un DNU.

En 2012, el ahora ex director de la DAU, Miguel Ángel Brito, renunció al cargo por pedido del entonces gobernador y hoy senador, José Alperovich. Luego, el Tribunal de Cuentas le inició un sumario por la presunta aplicación irregular de la ley 7.960. Según una auditoría, hubo anomalías en 86 de los 423 trabajos realizados mediante contratos directos. En paralelo, el ex funcionario fue denunciado ante la Justicia por los radicales Silvia Elías y Ariel García. El inicio del juicio oral en contra de Brito está anunciado para dentro de dos semanas.

Claves de un sistema cuestionado

¿Son legales las compras sin licitación pública?
Sí. Aunque la Constitución provincial establece las licitaciones como la “regla” para las compras del Estado, también habilita a la Legislatura y los municipios a autorizar excepciones. Para un uso eficiente del erario, se requieren cotejos de precios.

¿Qué función cumple la Dirección de Arquitectura?
La DAU, creada en 1896, tiene por misión “proyectar y ejecutar las obras de arquitectura que realice la Provincia”. Depende en el organigrama de la Subsecretaría de Obras Públicas, y está bajo la esfera del Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo. 

¿Por qué recurre Manzur a un decreto?
Es la segunda vez que el gobernador recurre a la facultad del decreto para subir los topes de los contratos directos de la DAU. En 2016, cuando reemplazó la ley 7.960 por un decreto, la oposición afirmó que era para eludir el debate en el recinto.

¿Hay control sobre las contrataciones directas?
Si bien es la vía “excepcional” para las compras del Estado, la contratación directa también está sujeta a los controles del Tribunal de Cuentas en las tres instancias de rigor: previa (antes del gasto), concomitante (durante el trámite) y posterior.

¿Por qué se incrementó el tope a $850.000?
La Dirección de Arquitectura suele hacerse cargo de obras urgentes en zonas urbanas. Con el nuevo tope, explicó el director Quinteros, buscarán realizar las reparaciones que requirió la Corte en los arrestos de las comisarías.

Este DNU, ¿servirá para el Cepla de la Costanera?
No. Si bien el gobernador Manzur elevó un proyecto de ley -ya sancionado- para habilitar a la DAU a compras directas para edificar el centro de adictos de La Costanera, no se usará este instrumento para ese proyecto, sino otro decreto específico.