Apuntan a designar al jefe de los Defensores

El vencimiento de la prórroga para la aplicación del Código Procesal Penal de la Provincia, luego subsanado por ley, generó tensiones entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

Mientras las autoridades de ambos poderes se preparan para la visita protocolar de mañana, en la sede parlamentaria de calle Muñecas 951, en el cuerpo legislativo apuntan a corregir las situaciones que obligaron a postergar la implementación del nuevo régimen de investigación y juzgamiento de delitos penales en la provincia hasta el 1 de febrero de 2019.

En ese marco, el legislador Claudio Viña (Nueva Fuerza, Cambiemos) presentó un proyecto de ley que insta al Poder Ejecutivo (PE) a avanzar con la cobertura de un cargo esencial para el sistema adversarial: el jefe de los Defensores Oficiales.

Para ello, el ex bussista pidió en la iniciativa que el gobernador, Juan Manzur, proceda al envío del nombre propuesto para esa función, que será el “contrapeso” del Ministerio Público Fiscal, despacho ocupado desde 2014 por Edmundo Jiménez.

Además, Viña instó a la Casa de Gobierno a que requiera al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) la remisión de las ternas para la cobertura de los Defensores Regionales, figuras previstas en el reformado código de procedimientos.

“Una de las principales modificaciones aprobadas en octubre de 2016 fue dividir el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos: acusación y defensa. Cada uno (cuenta ahora) con su propia ‘cabeza’. El objeto de esa modificación era acelerar los procedimientos judiciales. Pero al nunca nombrarse al ministro de Defensa ni a los defensores regionales, resulta imposible lograr una justicia eficaz”, planteó Viña en el proyecto.

En la sesión celebrada el lunes de la semana pasada, otros legisladores de la oposición habían cuestionado la falta de cobertura del ministro de la Defensa. Los radicales José Canelada y Eudoro Aráoz, entre otros, habían marcado que existía una demora del Ejecutivo respecto de este trámite.

Ese día, en sesión extraordinaria, los representantes del pueblo autorizaron una nueva prórroga para la puesta en vigencia del Código Procesal Penal aprobado en 2016. La norma debía entrar en vigencia el 1 de septiembre de 2017, pero dos semanas antes de esa fecha la Corte pidió la postergación hasta el 1 de abril de 2018. Ese día llegó, pero el alto tribunal advirtió que no estaba en condiciones de implementar el sistema adversarial. Legisladores del oficialismo, como Marcelo Caponio y Emiliano Vargas Aignasse, objetaron al alto tribunal por no haber advertido con anterioridad que el plazo había caducado. De todas formas, se aprobó una nueva prórroga, hasta el 1 de febrero de 2019, aunque no se acató con todos los pedidos del alto tribunal.

“La postura conciliatoria que tomamos como cuerpo en la sesión no significa que no haya un descontento con la mora por parte de los poderes responsables en cumplir cada uno de los requisitos para la puesta en marcha de este nuevo Código Procesal”, señalo Viña.

Mañana, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse, encabezará la visita oficial a la Legislatura. Será recibido por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y el titular subrogante del cuerpo legislativo, Fernando Juri.

Está previsto que el Poder Judicial eleve una serie de requerimientos para la aplicación del nuevo proceso penal, que promete aliviar los plazos en las causas penales y mejorar el servicio de justicia. Posse anticipó que, entre otros puntos, son necesarios 80 jueces más para poner en marcha ese sistema.

Apoyo de un radical a la Corte.- “Comparto la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, en cuanto a que son necesarios muchos más magistrados para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, y en cuanto a que se deben implementar los concursos múltiples para poder cubrir con rapidez esos cargos”, señaló el legislador radical Eudoro Aráoz, afín a Cambiemos. El opositor adhirió además a la opinión del juez Mario Velázquez, de Monteros. “Con los magistrados actuales y la falta de designación del Ministro Público de la Defensa se está afectando derechos que debe brindar el Estado. Lamentablemente, el Gobierno provincial no debate el diseño de una política de estado en materia judicial. Hasta acá hubo sólo parches, miradas parciales y se sancionaron leyes tendientes a que el poder político siga influyendo en forma desmedida sobre la Justicia y afectando su independencia”, añadió Aráoz.

Un camarista objeta al alto tribunal.- “No es serio, de un día para otro, decir que hacen falta 80 jueces penales más”, planteó el camarista Benjamín Moisá. “En el foro local, difícilmente haya abogados con la suficiente idoneidad técnica y moral para cubrir ese número de vacantes: como prueba, basta repasar la lista de postulantes para jueces subrogantes... Hasta 2019 es imposible designar y capacitar en el nuevo sistema, como corresponde, a ese número de jueces”, añadió. Moisá aseveró que no se puede comparar Chubut -donde fue camarista con competencia penal de garantía- con Tucumán. “El cambio llevó no menos de 10 años. Y para peor la Corte se olvidó de la entrada en vigencia del nuevo Código. No se pueden hacer las cosas a los ponchazos, con una Corte que todas las semanas, por una razón u otra, está desintegrada. No se puede hacer en 10 meses lo que no se hizo en seis años, que es desde cuando la propia Corte impulsó el nuevo Código Procesal Penal”, remarcó.