Embargan a Manzur y a otros imputados por $ 440 millones

El juez federal Claudio Bonadio está convencido de que el pliego de la licitación para la compra de los kits materno-infantil que componía el Plan Qunita fue redactado con el objetivo de permitir que ganaran las seis empresas denunciadas. Ese documento es el que autorizó el 30 de enero de 2015 el actual gobernador, Juan Manzur, aún como ministro de Salud de la Nación, y por el cual ahora volvió a ser procesado, sin prisión preventiva.

En un fallo de 72 páginas que evalúa la situación del mandatario y de otros cuatro imputados (Ver aparte), el magistrado federal concluyó que Manzur es coautor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público. A su vez, a él y al resto de los alcanzados por el fallo les trabó un embargo por $ 440 millones.

La novedad judicial pone a Manzur más cerca del juicio oral, teniendo en cuenta que el expediente que tiene como imputados a los ex funcionarios kirchneristas Aníbal Fernández y Daniel Gollán ya está en manos de un tribunal de Comodoro Py. El viernes, el mandatario dijo que se encontraba tranquilo y seguro de su accionar, por lo que volvería a apelar la resolución de Bonadio.

A lo largo de las páginas, el juez ataca la redacción del pliego licitatorio, porque -entiende- permitió sobreprecios y direccionamiento de las compras.

“Pese a la variedad de rubros distintos y a la regulación expresa en sentido opuesto, los imputados eligieron diagramar un pliego para una licitación de renglón único con componentes muy variados, pliego que no está previsto en el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional. Este fue avalado por todas y cada una de las instancias que intervinieron en la tramitación del expediente, sin ninguna objeción, entre ellas el doctor Manzur”, advierte Bonadio.

“Se generó de este modo a plena conciencia ya que la normativa es clara y precisa, un pliego que simulaba la libre competencia de interesados pero que en la realidad, de manera encubierta -o no tanto- limitaba la oferta a unos pocos favorecidos que podían por medios espurios reunir todos los artículos previstos en la licitación, en los cortos plazos establecidos (la primera entrega era a los 30 días hábiles de notificada la orden de compra)”, amplía.

En un capítulo referido sólo a la situación del gobernador, Bonadio sostiene que a Manzur se le achaca su participación en el “hecho completo”, porque autorizó la convocatoria a licitación con “un pliego irregular”. Puntualmente, hace referencia al sistema de “renglón único”.

“Mencionó el entonces ministro que el pliego cumplía con todos los requisitos exigidos por las normas, que se decidió licitar los bienes a modo de kit a efectos de disminuir el dispendio de recursos administrativos que significaba llamar a 48 licitaciones, más la complicación logística que hubiera importado para el Ministerio el armado del kit que del modo licitado trasladaba esa tarea al oferente. Ahora bien, en primer lugar efectivamente se prevé una excepción (legal), que debe ser justificada, pero para no dividir en renglones una cantidad importante de unidades iguales. Nunca de bienes de distintos rubros que no sean afines”, expone.

Según la acusación, el plan Qunita generó un perjuicio económico “considerable” a las arcas del Estado, ya que la partida presupuestaria librada fue de $ 1.097 millones para 140.000 kits, cuando la prevista originalmente para la operación era de $ 675 millones para 150.000 kits.

El mandatario había sido procesado por Bonadio por primera vez en febrero de 2016; aunque luego fue sobreseido. A instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se volvió a investigar su participación. Ahora, Manzur deberá apelar y esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación acceda a revisar la sentencia de la sala III de la Cámara de Casación Penal, que volvió a involucrarlo en la causa.