Causa "DAU": Una pista de salud fue pagada pero no existe, reveló un testigo

La obra debería haber sido construida en 2010, en Lules, por personal de la DAU y con la provisión de DC Construcciones. Los materiales fueron comprados y recibidos, indicó un ingeniero del Tribunal de Cuentas.

AUDITORÍA. El ingeniero fiscal Coroleu Astorga relató ayer ante el tribunal una inspección que realizó en Lules. la gaceta / foto de franco vera AUDITORÍA. El ingeniero fiscal Coroleu Astorga relató ayer ante el tribunal una inspección que realizó en Lules. la gaceta / foto de franco vera

El testimonio de un ingeniero fiscal del Tribunal de Cuentas, Federico Coroleu Astorga, podría convertirse en un elemento clave para la acusación contra Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) entre 2007 y 2012.

El profesional relató su participación en los informes de auditoría a la gestión del ex funcionario alperovichista, que está imputado de los presuntos delitos de fraude al Estado y de negociaciones incompatibles con su cargo.

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En una inspección realizada en 2015, junto a personal de la DAU y un contador del propio TC, Coroleu Astorga se apersonó en la intersección de la ruta 301 y el camino a la Papelera, en Lules. Allí debía haber una pista de salud con bancos, merenderos, basureros y hasta una ornamentación con troncos de eucaliptos. “La obra es inexistente. Los materiales fueron comprados, pero la obra no está ejecutada”, confirmó el ingeniero fiscal.

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El abordaje de este trabajo específico fue cuestionado por la defensa de Brito, a cargo de Arnaldo Ahumada y de Francisco García Posse (se incorporó ayer).

La polémica giró en torno a que esta obra no está incluida en el listado de las objetadas en el requerimiento de elevación a juicio, realizado en 2014 por el fiscal de Instrucción Arnoldo Suasnábar y confirmado por la ex jueza Mirta Lenis de Vera.

En 2013, el Tribunal de Cuentas giró a la Justicia provincial una auditoría en la que se constataron supuestas anomalías en 86 trabajos, sobre más de 500 efectuados por la administración de Brito bajo el régimen de contratos directos de la ley 7.960.

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Mientras este proceso administrativo avanzaba, la investigación penal también lo hacía en paralelo. Así, ante el Tribunal de Cuentas, Brito logró que se regularizara su situación en decenas de casos, aunque aún tiene pendientes 39 obras supuestamente irregulares. En la Justicia penal, en tanto, se lo acusa también por 39 casos, pero el número es una casual coincidencia, ya que sólo un par de los expedientes objetados por el requerimiento de elevación a juicio tienen concordancia con los rechazados por el ente de contralor. Por eso, el fiscal de Cámara, Carlos Saltor, apuesta a la inclusión como prueba de las auditorías actualizadas. El objetivo de la defensa es que sólo se trabaje sobre la base de lo elevado desde la investigación.

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La veta abierta que encontró el Ministerio Público fue que en el requerimiento fiscal aparecía el expediente de la obra de la pista de salud de Lules. Así, pudo consultarle a Coroleu Astorga sobre ese caso puntual. Según el ingeniero fiscal, las facturas y los remitos indican que los materiales fueron adquiridos. Se pagó unos $3.000 a Pinturería España SRL y $27.000 a DC Construcciones, una de las firmas supuestamente “fantasma” con la que habría operado Brito. En los papeles, los elementos aparecen recibidos por Lidia Figueroa, ex jefa de Obras por Administración de la DAU vinculada precisamente a DC Construcciones (firmó el contrato de alquiler de su sede).

Los defensores de Brito insistieron en varias ocasiones si era posible que los materiales fueran destinados a otro lugar o que la obra fuera vandalizada. Coroleu Astorga desestimó ambas posibilidades. También le marcaron que había bancos frente a una gruta, pero el ingeniero fiscal les aclaró que no tenían relación la pista de salud. “No hay rastros de que se haya hecho”, afirmó.

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