Tras el veto, se mantienen los aumentos tarifarios

Tal y como lo había anunciado, el presidente Mauricio Macri comunicó ayer oficialmente al Congreso el veto a la ley de Emergencia Tarifaria sancionada en el Senado durante la madrugada de ayer. El mandatario focalizó sus argumentos en la falta de potestad del Congreso para fijar tarifas y en el costo fiscal de $ 115.000 millones” del proyecto aprobado por impulso de la oposición.

Tras la conferencia de prensa brindada desde la provincia de Salta, Macri envió una nota formal a ambas cámaras, acompañada por las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Energía, Juan José Aranguren, para ratificar que “se observa totalmente” la flamante ley para limitar los aumentos de tarifas.

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Ayer Macri se reunió en Cachi (Salta) con el gobernador de esa provincia -y aliado político- Juan Manuel Urtubey. Tras el encuentro, brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó al PJ y aseguró que el tercer trimestre será “el más peleado”. Sin embargo, sostuvo que con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y apuntalando el acceso al crédito, “la Argentina va en camino a crecer y fortalecerse cada vez más”.

Respecto del veto a la ley que frenaba el ajuste de tarifas de este año, Macri aseguró: “era algo anunciado porque esta ley nació sin ninguna posibilidad de continuar, no está financiada y quienes la votaron no dijeron de dónde saldría la plata para ella, más de $ 110.000 millones”.

Costo fiscal

Macri recordó que el costo fiscal que demandaba la iniciativa de la oposición hubiera obligado a suspender beneficios sociales, entre ellos la AUH, y consideró que pretendía instalar otra vez la inequidad tarifaria en el país. El jefe de Estado opinó que ahora son los gobernadores y senadores los que deben explicar por qué votaron “algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que no era viable. ¿Fue una demostración de poder del peronismo? Ya sabemos que tienen mayoría en las cámaras parlamentarias, pero que no se confundan: el poder lo tiene la gente”, sentenció.

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Consultado sobre el costo político del veto, aclaró que “no viene a hacer lo que es bueno para mí sino lo que le conviene al futuro de la Argentina, y ese futuro está ligado a tener energía”.

En este punto, reclamó a la oposición “responsabilidad, porque no pueden pensar que pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente”.

A su vez, opinó que la votación de la ley para retrotraer las tarifas fue “una recaída, un lapsus”, y confió en que “vamos a demostrar que la mayoría del país entendió que no podemos dar mensajes contradictorios, porque todavía tenemos una dependencia importante del mundo”.

Reconstruir la confianza

Macri explicó que es prioritario “reconstruir la confianza, y para eso fuimos al FMI, para tener acompañamiento en las necesidades financieras que solidifiquen el crecimiento que tuvimos en siete trimestres y lo continúen por 20 años”. En relación al impacto que tendrá la suba de tasas y el aumento del dólar en la economía real, reconoció que en 2018 se crecerá menos de lo esperado debido a la sequía, pero afirmó que “Argentina va camino a crecer, va en rumbo claro de crecimiento basado en la inversión”.

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En este sentido, instó a la CGT a sumarse al proceso de reconstrucción de la confianza. “La CGT hace un paro ¿y eso qué cambia? Nada. Pero sí cambia estas mesas sectoriales que estamos haciendo con los sectores productivos, para que ellos sean participantes activos para ayudarnos a bajar el costo argentino sin bajar el salario de los trabajadores”. Más allá de la conducta que adopte la CGT, la multisectorial sindical convocó para el próximo viernes a un paro y a una marcha nacional en contra de la decisión adoptada por el presidente de la Nación respecto de la vigencia de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos privatizados.

Subas del 1.600%

Los aumentos de las tarifas treparon hasta cerca de un 1.600 por ciento desde la asunción de Macri a fines de 2015, en particular en la región metropolitana de Buenos Aires, donde se aplicaban subsidios a las empresas distribuidoras y al consumo de luz, agua y gas. En el resto del país, los servicios públicos ya registraban desde varios años antes valores más altos que en la capital y sus alrededores, donde habita cerca de un tercio de la población nacional.

La norma sancionada por el Senado, y luego vetada por el jefe de Estado, retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y dispone que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las PyME, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.

El veto presidencial, que ya había sido anticipado por el Gobierno, se confirmó a horas de que el Senado aprobara, tras un extenso debate, la ley para morigerar la suba de las tarifas públicas impulsada por el peronismo.