BARCELONA-MADRID.- El Gobierno de Cataluña, presidido por el independentista Joaquim Torra, recuperó ayer el control de las instituciones con la toma de posesión de los nuevos consejeros en el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno regional en Barcelona. Las juras se produjeron siete meses después de que el anterior Ejecutivo fuera suspendido tras la ilegal declaración de independencia.
“Este Gobierno asume el compromiso de avanzar hacia la construcción de un Estado independiente”, aseguró Torra en su discurso, poniendo fin a un periodo excepcional en Cataluña en el que la administración regional estuvo 218 días en manos del Gobierno central.
La nueva etapa en Cataluña asoma marcada además por el inesperado cambio en la presidencia del Gobierno español, ocupado por el socialista Pedro Sánchez.
Torra anunció que entre las primeras medidas de su mandato se contarán la recuperación de las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional y un plan para revertir los efectos del artículo 155.
Al grito de “libertad” durante la toma de posesión, los nuevos consejeros reivindicaron a los que consideran presos y exiliados del anterior Gobierno regional, encabezado por Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española y refugiado en Alemania a la espera de que se decida sobre su extradición a España. Desde Berlín Puigdemont publicó un mensaje en Twitter para felicitar al nuevo gobierno regional catalán. “El camino continúa y en buenas manos. Un Govern (Gobierno) de mujeres y hombres comprometidos con la libertad: la del país, que quiere decir necesariamente la de las personas que lo conforman”, escribió.
En el acto, Torra tuvo palabras para Sánchez, a quien invitó a “hablar”, a “tomar riesgos” y a negociar “de gobierno a gobierno” y expresó su “clara disposición al diálogo”, al que calificó como una herramienta “imprescindible para resolver conflictos de la manera que lo hacen en el mundo civilizado”.
La Fiscalía del Estado alemán de Schleswig-Holstein pidió el viernes formalmente la extradición de Puigdemont por “rebelión y malversación de fondos públicos”, así como su ingreso en prisión por considerar que persiste riesgo de fuga. La decisión estará en manos del tribunal, que en el pasado ya evidenció discrepancias con la Fiscalía sobre la validez de esos cargos, según la ley alemana. (Télam)