Rescindirían el contrato de la obra de San Martín 730 por su “abandono”

En 2014, cuando la Caja Popular de Ahorros (CPA) autorizó la contratación directa para la obra de restauración del centenario inmueble de San Martín 730, consignó que se debía evitar la licitación pública por “razones de necesidad y urgencia”. A casi cuatro años de aquellas actuaciones, el Tribunal de Cuentas (TC) le aconsejó a la CPA que rescinda el vínculo con la empresa adjudicada, Dosal Constructora.

“La obra continúa paralizada, lo que ya advertimos en nuestro informe anterior del 2 de mayo de 2018; efectivamente, ya no existen nuevas causas técnicas que justifiquen la paralización y el abandono de la misma”, indicó el departamento de Ingenieros Fiscales del TC. Sobre la base de ese informe técnico, el ente de control dictó el jueves pasado el acuerdo 2.092, en el cual se observó con carácter de formal oposición la resolución 260/18 de la Caja Popular, a través de la cual se apuntaba a reprogramar los plazos en la ejecución de los trabajos a favor de la empresa.

Eduardo Jairala, interventor de la CPA, confirmó a LA GACETA que iniciará las consultas ante el departamento Jurídico del organismo crediticio sobre los pasos a seguir con respecto al contrato con Dosal Constructora. “(Un representante de) la empresa vino a vernos (el viernes), y nos dijo que su idea era terminar la obra. Pero el Tribunal de Cuentas es el Tribunal de Cuentas”, explicó el funcionario, tras aclarar que su preocupación central es determinar si existe un posible riesgo de derrumbe del muro.

Inauguración y traslado

El edificio en restauración fue inaugurado en 1913 como sede del Banco Francés. En 1922 fue adquirido por la Caja Popular de Ahorros, que funcionó allí hasta su traslado a la sede actual, en 1939. Desde entonces, el inmueble cobijó diversas reparticiones.

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El 17 de noviembre de 2014, el entonces interventor de la CPA, Armando Cortalezzi -hoy titular del Concejo capitalino- firmó la resolución 760, que autorizaba la contratación directa, en el marco de la Ley de Obras Públicas, para la “restauración estructural del edificio de calle San Martín 730”. Se fijó en $3,1 millones el monto total de la erogación y se invitó a cinco firmas al cotejo de precios: Ce Hache SRL, Perfosuelo SRL, Camaro Construcciones SRL, Avant Garden SRL y Dosal SRL. Un mes más tarde, a través del acuerdo 4.571 de 2014, el Tribunal de Cuentas autorizó el procedimiento, tras constatar que “las razones de necesidad y urgencia” justificaban la contratación por vía directa.

Al año siguiente se llevó a cabo otro trámite para determinar un nuevo costo. El 3 de junio de 2015, tras una serie de advertencias administrativas, el Tribunal de Cuentas aprobó el gasto de $4,5 millones, a valores de mayo de ese año (acuerdo 2095/15).

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La empresa Dosal Constructora resultó adjudicataria de los trabajos de restauración. En su último informe de composición societaria publicado en el Boletín Oficial (aviso 184.485) consta que la gerenta designada es Marta Silvia Cánepa. Según los registros de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el domicilio fiscal de la firma es avenida Roca 290. Allí funciona una sucursal de la empresa Red de Colores. LA GACETA dialogó con personal de la firma, según el cual allí también opera Dosal Constructora. Pero la gerenta no se encontraba en el local. Tampoco hubo posibilidad de contactarla en su casa. “Está de viaje”, aseguró una mujer, vía telefónica.

El origen de la adjudicataria de la obra de San Martín 730 se remonta al 27 de octubre de 2010, cuando los hermanos Jorge Alurralde y Rodolfo Alurralde conformaron la sociedad, cuyo nombre parece ser acrónimo de “dos Alurralde”. La integración fue modificada el 27 de octubre de 2011, dos días antes de que Jorge Alurralde asumiera como administrador del Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC), cargo que todavía ocupa. El funcionario alperovichista transfirió entonces su participación societaria a su hijo, Mariano Alurralde. El 18 de junio de 2014, los dos dueños vendieron la firma a Cánepa y a Luis Alberto Radino, según los registros del Boletín Oficial (aviso 184.485). La transacción tuvo lugar seis meses antes de la resolución de la CPA que autorizaba el cotejo de precios para la obra de la calle San Martín 730. LA GACETA dialogó con Jorge Alurralde y su hermano, quienes ratificaron que ya no tienen vinculación alguna con Dosal Constructora.

Ahora, la Caja Popular debe definir el futuro del contrato para la restauración del centenario edificio. Jairala aseguró que, al asumir en noviembre pasado, se dio con que había unos 10 certificados pendientes por pagar. A raíz de esto, explicó, iniciará una investigación interna para determinar las razones de la demora, ya que había disponibilidad presupuestaria. “Logramos abonar hasta enero pasado. La intención era llegar a marzo, pero el acuerdo reciente del Tribunal de Cuentas frena todo eso”, señaló. Estimó que resta un 30% de los trabajos de restauración, por lo que debe analizar los procedimientos para concretar la obra. “Vamos a consultar con los abogados de Jurídico cómo se rescinde el contrato, porque a eso hay que hacerlo”, resumió Jairala.