Ojeda Ávila: “cometí errores formales, pero no actué de mala fe”

Walter Ojeda Ávila resistió durante siete días los embates por los antecedentes que presentó a quienes debían dar acuerdo legislativo a su designación como vocal transitorio de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. A las 11.45 de ayer y luego de haber sido acusado de mentir en forma reiterada, el abogado desistió de ser juez precario mediante una nota que dirigió a Sandra Mendoza, la oficialista que preside la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura. “Han tomado estado público errores de tipo formal en los que incurrí al momento de confeccionar mi curriculum vitae, pero que de ninguna manera traen aparejado un actuar ardidoso o de mala fe, y respecto a los cuales oportunamente manifesté las aclaraciones que me solicitaron”, expresó Ojeda Ávila.

El aspirante a juez interino escogido por el gobernador Juan Manzur dijo que daba un paso al costado con el fin de evitar “un indebido e inmerecido desgaste” hacia su persona. Y, por ello, solicitó a Mendoza que no sea tratado su pliego por la Legislatura. El 30 de octubre, la mayoría de los integrantes de la comisión de Peticiones y Acuerdos aconsejó al pleno que apruebe el nombramiento, el segundo concretado por Manzur con la Ley de Subrogancias sancionada a comienzos del año pasado y el primero que otorgaba el interinato a un abogado litigante. Firmaron el dictamen los oficialistas Mendoza, Daniel Herrera, Marcelo Caponio, Sara Assán y Zacarías Khoder. El amayista Silvio Bellomío, que originalmente había dicho que apoyaba a la mayoría, tomó distancia el lunes y anticipó que era su intención votar en contra del nombramiento. En minoría, el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) manifestó que las irregularidades detectadas en el currículum de Ojeda Ávila eran “insalvables” y que este no estaba en condiciones de impartir justicia.

“En casi 20 años de ejercicio profesional, mi conducta intachable, con apego a la ley, al decoro y a las buenas prácticas tribunalicias me ha granjeado el respeto de mis colegas y de la sociedad, que hoy deseo conservar”, afirmó Ojeda Ávila. En la misiva recordó que su idoneidad para ejercer como camarista había sido acreditada por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que lo incluyó en el listado de posibles subrogantes para la Cámara de Apelaciones. Al despedirse, Ojeda Ávila envió saludos a Mendoza; al gobernador, a quien agradeció por la confianza depositada; a la Legislatura, que lo había tratado con “deferencia”, y a las autoridades del CAM.

La situación del postulante a la judicatura provisoria se complicó día tras día a partir de que trascendiera que había declarado que obtuvo un premio por no reprobar materias de la carrera de Abogacía pese a que el certificado analítico contenía 19 aplazos, discrepancia advertida por Colombres Garmendia durante la audiencia en la comisión. El lunes, nueve representantes de minorías políticas se unieron para exigir a Manzur que retirara el pliego en atención a las numerosas anomalías halladas en los antecedentes de Ojeda Ávila, entre ellos un título de máster apócrifo, según las autoridades de las universidades de Barcelona (España) y de Mar del Plata (se informa por separado). Firmaron la misiva los legisladores José María Canelada, Rubén Chebaia, Eudoro Aráoz, Luis Brodersen, Claudio Viña, Colombres Garmendia, Luis González, Alfredo Toscano y Adela Estofán de Terraf. En paralelo, el Colegio de Abogados de la Capital adoptó distintas medidas dirigidas a esclarecer la polémica.

Las reacciones en contra de Ojeda Ávila se intensificaron este miércoles en coincidencia con su renuncia, e incluyeron acciones del Ministerio Público Fiscal; del CAM, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Al descartar que una cátedra de su unidad académica premiara a alumnos por “no reprobar pruebas”, como adujo el ex aspirante a juez cuando rectificó la información sobre el galardón controvertido, la decana Adela Seguí añadió: “es un deber inherente a la ética de la abogacía la veracidad en un concurso para ejercer un alto cargo al que habilita, justamente, la profesión jurídica, que exige tener una vida de acuerdo a la ley”.