Las instituciones ligadas al caso “Ojeda Ávila” empiezan a mirar al futuro

El caso del abogado Walter Ojeda Ávila expuso falencias relevantes en los controles de los antecedentes de los aspirantes a juez. Ayer, mientras el profesional acusado de mentir de manera reiterada en el currículum desistía de ser nombrado camarista subrogante de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, las miradas se volvían hacia el órgano que incluyó su nombre en la nómina de jueces precarios elevada al Poder Ejecutivo: el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). La organización que preside Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ya recibió pedidos de informes de legisladores de la oposición y de modificaciones reglamentarias por parte del Colegio de Abogados de la Capital. Además, este miércoles atendió a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°1 de esta capital, que fue a buscar los papeles que presentó Ojeda Ávila en los ocho concursos en los que participa para ser magistrado en propiedad.

Aunque el postulante es cuestionado por al menos cuatro de los antecedentes que declaró en la Legislatura a partir de que el gobernador Juan Manzur lo escogió camarista subrogante de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, en el CAM inquietaba en particular el título de Máster de la Universidad de Barcelona que consideraron apócrifo autoridades de la institución española y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (se informa por separado). El legislador oficialista y vicepresidente del Consejo, Fernando Juri, aseguró que el diploma de posgrado polémico no había sido valorado a los fines de la calificación del currículum que practica el órgano de preselección de jueces (se informa por separado). Otras fuentes indicaron que Ojeda Ávila presentó el presunto título al inscribirse en concursos abiertos durante este año. Estofán, por su parte, anticipó que los consejeros iban a evaluar si correspondía excluir al concursante, quien compite para ser titular del cargo de camarista de Apelaciones que, hasta este 7 de noviembre, iba a desempeñar provisoriamente.

Ojeda Ávila ya se quedó sin la judicatura precaria, pero, además, podría perder la posibilidad de ser juez titular; recibir una sanción por parte del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio, y hasta ser condenado en sede penal. Los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf consideraron que, además, las instituciones debían tomar los recaudos necesarios para evitar otros escándalos parecidos. “Vamos a pedir la modificación de la ley de CAM y sesiones públicas. Se descubrió un caso, pero ahora tenemos la obligación de dar certeza a los tucumanos de que no hay otros. Esa responsabilidad es de todos los que intervienen en el proceso de selección de jueces”, dijeron en un parte de prensa. Por medio de una nota, los opositores pidieron a Estofán que precise cómo fue la actuación del Consejo respecto de Ojeda Ávila y que, si correspondiese, anule las resoluciones adoptadas en función de antecedentes falsos. Canelada y Estofán de Terraf añadieron: “razones institucionales de peso exigen a todos los actores a transparentar y solucionar la crisis en la que nos ha sumido la actitud abyecta del mencionado candidato Ojeda Ávila”.

Según el opositor Alberto Colombres Garmendia (PRO), que exhibió la primera contradicción del currículum de Ojeda Ávila al entrevistar al abogado en la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura, hay luces de alarma en el CAM, pero también en el Poder Ejecutivo. “Es inaceptable que el Gobierno avance con la designación de este tipo de candidatos a juez sin haber advertido las falencias en su preparación profesional: falló todo el equipo de asesoría del Poder Ejecutivo”, dijo en un comunicado. Tanto él como el radical Eudoro Aráoz, por separado, criticaron que Manzur no haya retirado el pliego y que el affaire terminara con la dimisión del postulante. Aráoz expresó que el caso “Ojeda Ávila” obligaba a redoblar la vigilancia: “el gobernador nunca cesará en su empeño de cooptar la Justicia con magistrados sumisos, que cierren las puertas a todo intento de investigar los hechos de corrupción”.

El Colegio de Abogados planteó una idea más concreta a Estofán: modificar el reglamento para obligar a los concursantes a presentar los certificados analíticos universitarios y que estos incidan en el puntaje otorgado a los antecedentes (en el presente basta con acreditar el título de abogado). “Obedece esta solicitud al hecho de haber tomado estado público los certificados analíticos de algunos postulantes que reflejan un deficiente rendimiento académico y exigen un análisis más estricto al tiempo de confeccionar las ternas que habrán de remitirse al Poder Ejecutivo”, dijeron el presidente Marcelo Billone y el secretario Guillermo Arévalo. Los dirigentes profesionales aludieron no sólo a los 19 aplazos que recibió Ojeda Ávila mientras cursaba la carrera y que quedaron a la vista la semana pasada en la fase legislativa de su designación, sino también a los 31 reveses que acumuló en 21 materias el ya ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila. Antes de convertirse en jefe de los defensores, Navarro Dávila había concursado en el Consejo Asesor de la Magistratura y ejerció seis años como fiscal de esta capital. Sin embargo, su desempeño académico recién emergió en octubre, cuando Manzur dispuso el ascenso. A diferencia de Ojeda Ávila, Navarro Dávila sí obtuvo el aval de la Legislatura.