10 Noviembre 2018
El caso de la obra de refacción la Facultad de Derecho fue emblemático en la investigación del fiscal federal Carlos Brito. Mediante la resolución 173/11 se dispuso el pago de $ 6.9 millones a la empresa Betón S.R.L., “un desembolso del 62% más del monto original reclamado por el adjudicatario, esto es $ 4,2 millones, sin que la empresa haya justificado un real perjuicio por la demora en la entrega para el inicio del trabajo, al tiempo que se incluyeron cambios injustificados, como la ampliación de contrato, para el reconocimiento y pago de mayores rubros”, sostiene.
Además, “se le reconoció a Betón mayores costos por el alquiler de un inmueble, en Laprida 460. La empresa solicitó $ 217.800 en concepto de alquiler por 19 meses, no existiendo constancia en el contrato de alquiler que permitiera justificar ese monto. De este modo, la contratista reclamó el pago de $ 11.500 -sin contar con apoyo documental -, cuando el monto verificado de alquiler fue de $ 7.000 mensuales. Consecutivamente, la Universidad amplió el reclamo de alquiler hasta el 30 de abril de 2012, resolviendo abonar siete meses más que los reclamados por Betón SRL de los previstos para la finalización de la obra. Así, se pagó un 37% más del monto inicialmente verificado por la contratista”.
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