Legisladores desactivaron dos proyectos sobre el aborto

La Legislatura desactivó ayer los dos proyectos de ley que aludían al aborto a través de la creación de un programa denominado “de protección a la mujer embarazada y el niño por nacer”.

Tras una reunión conjunta de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia, a cargo de la peronista Sara Assán, y de Protección de los Derechos de la Mujer, presidida por la oficialista Graciela Medina, se anunció la firma de un dictamen unificado que rechazó ambas iniciativas.

“En nuestra Constitución ya se habla sobre los derechos del niño por nacer. Están en vigencia además tratados internacionales y leyes nacionales y provinciales. El debate no está cerrado, vamos a seguir trabajando fuertemente por los derechos. Coincidimos en que no podemos volver atrás, desde 1921 el Código Penal (Argentino) trata el tema de la mujer (embarazada) en caso de violación. No queremos avanzar sobre una materia que tiene que ver con leyes de fondo, que son nacionales y exceden la competencia provincial”, detalló Medina.

Assán explicó que la normativa nacional penal habilita la interrupción del embarazo cuando es consecuencia del abuso sexual. “Como Legislatura no podemos resolver algo diferente. Si bien sí podemos hacer aportes, ya están funcionando en Tucumán programas de contención. Es valorable y respetable que una mujer decida llevar hasta el final el embarazo y tener el bebé, y de la misma manera es valorable y respetable el caso de la mujer que toma una decisión distinta. Atendiendo que hay legislación (de fondo), no consideramos necesario avanzar con otra norma desde estas comisiones. Entonces, firmamos un dictamen en rechazo”, confirmó la peronista.

Una de las propuestas en cuestión había sido aportada en 2017 por el radical Raúl Albarracín, y la más reciente, a inicios de mes por el justicialista Marcelo Caponio. Entre ambos textos sumaban 31 firmas, sobre un total de 49 posibles. Si bien tenían varios puntos coincidentes, el último de los proyectos proponía alternativas para desalentar la interrupción del embarazo, incluso en casos de abuso. Ayer a la mañana, según fuentes oficiales, el vicegoberandor Osvaldo Jaldo, en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), le transmitió al titular subrogante de la Cámara, Fernando Juri (PJ), la decisión de desactivar la polémica. Al mediodía, las comisiones de Familia y de Derechos de la Mujer fueron convocadas por sus presidentas. Tras una hora de discusión, con la participación de Juri en la mesa, se descartó que sean sancionados.

Medina aclaró que no se busca desestimar la puesta en marcha de medidas estatales para garantizar derechos, sino que se buscará “un debate que traiga más claridad en el futuro”. “Hemos hablado sobre la posibilidad de que tengamos una ley provincial propia (de educación sexual integral), no es un camino que esté cerrado”, señaló la oficialista. Assán agregó que la Legislatura está trabajando en lograr consensos. “Surgió el tema de la necesidad de hablar sobre la educación sexual desde la adolescencia. No es un tabú, es algo sobre lo que se habla hoy”, indicó. La peronista Stella Maris Córdoba también se expresó a favor de estos debates. “Tenemos que establecer un protocolo intrahospitalario para el tratamiento del aborto no punible para casos de violación”, dijo la ex diputada. Estas cuestiones no tienen plazos oficiales. Según trascendió, no habría margen para llevar esos asuntos al recinto en el actual período de sesiones ordinarias.

“Las dos vidas”

“Ambos proyectos de ley tenían el sentido de salvar las dos vidas, de acompañar con toda la asistencia del Estado a la mujer embarazada y al niño por nacer, respetando las normas legales y constitucionales de la vida desde la concepción”, señaló Caponio tras la reunión, a la que asistió en carácter de oyente. Añadió que la decisión de las comisiones fue “en virtud de la situación política y la discusión que han generado”. Y manifestó que la iniciativa que aportó “no prohibía el aborto en caso de violación, como establece el Código Penal, sino que se tomaban medidas de protección a la víctima del delito y de información para que adopte la decisión crea correspondiente”. Además, remarcó que la Legislatura debe avanzar con la ley de Educación Sexual Integral y con la sanción del protocolo para aplicar el aborto no punible en caso de violación.