Por Federico Türpe
17 Noviembre 2018
“Si uno tiene parientes, tiene que designarlos o hacerlos designar (en el Estado). Lo menos que se puede hacer por un pariente es nombrarlo en algún lugar. ¿Cuál es la gravedad? Me parece una cuestión lógica”.
Esta indecente defensa pública del nepotismo más descarnado precisa de algunas aclaraciones.
a) No pertenece a ninguno de los usurpadores del Estado en beneficio propio, como pueden ser los concejales o legisladores tucumanos.
b) La ampliación predicativa “o hacerlos designar” es sensiblemente más grave que “designarlos”, ya que al nepotismo le suma otras figuras delictuales, como asociación ilícita, tráfico de influencias, cabildeo, abuso de poder o incluso extorsión o amenaza, entre otras faltas graves.
c) “Me parece una cuestión lógica”. Qué nos dice el diccionario de “lógica”: método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas.
Que un funcionario público suponga que nombrar (o hacer nombrar) a parientes en la administración pública, sin que medie mérito o idoneidad alguna, sea un acto coherente y sin contradicciones, nos dispara dos conclusiones importantes: que el funcionario le está mintiendo a la sociedad, o que el funcionario desconoce las reglas básicas de una democracia republicana. Ergo, ya sea por su falta de ética o por su ignorancia, el funcionario debería renunciar (o hacerse renunciar).
d) Lo mismo con la afirmación interrogativa “¿cuál es la gravedad?”. Por deshonestidad o por ineptitud, debería irse (o hacerse ir).
e) Sobre todo si la afirmación en la que se defiende y admite el nepotismo a cara descubierta pertenece a un magistrado que debe impartir justicia, como ocurre en esta ocasión, donde se trata del juez jujeño Isidoro Cruz.
d) Tampoco debe descartarse en este caso el axioma jurídico “ a confesión de parte relevo de pruebas”, ni una posible apología del delito.
Cruz interviene en la escandalosa causa que involucra al abogado tucumano Carlos Marti Coll, a su esposa con anhelos de dejar de serlo Tulia Snopek, y al gobernador de Jujuy y actual solicitante de Snopek, Gerardo Morales.
Un caso repleto de irregularidades, con denuncias de abuso de autoridad, utilización de los tribunales con fines personales, bochornoso maridaje entre la política y la Justicia y un sinfín de ultrajes a los que nos tiene mal acostumbrados el poder argentino, que hacen que el nepotismo se haya soldado al hueso de la política nacional de tal forma que hasta los jueces lo defienden sin sonrojos ni antifaces.
Enajenación total
“Lo menos que uno puede hacer por un pariente…” Una idea que confirma el nivel de enajenación de la cosa pública que tenemos los argentinos.
Un cáncer que no deja de avanzar y que mantiene al país en estado terminal desde hace décadas. Una metástasis que no respeta ideologías ni partidos políticos y que ha infestado a los tres poderes del Estado de parientes, amigos, amantes o socios.
Que ahora en Jujuy gobierne Cambiemos es anecdótico, pese a que a los agrietados les encante escupir para arriba.
Así hemos llegado al escándalo que ya no escandaliza de tener en Tucumán la Legislatura más costosa de la Argentina y a nadie se le mueve un pelo. Cada parlamentario le cuesta a los tucumanos la friolera de 200.000 pesos por día (con un presupuesto de 3.200 millones por año, que obviamente no contempla sólo a los legisladores) y los colegas locales de Isidoro Cruz miran al suelo y silban bajito.
Algún magistrado debe preguntarse cómo podemos gastar 200.000 pesos por día en un legislador mientras las cloacas están reventando en toda la ciudad. Pregunta similar que se hacen los gremios estatales: ¿por qué sí hubo 650 millones para los sueldos legislativos pero no hay el mismo monto para toda la administración pública, que son 100.000 empleados?
La respuesta salta a la vista cuando recorremos los pasillos de los tribunales tucumanos y descubrimos, como en una novela de García Márquez, que los mismos (pocos) apellidos se repiten despacho a despacho. Hay cargos judiciales que parecen escribanías que siempre quedan en familia y se heredan de generación en generación.
Al lector escéptico, a ese que piensa que estamos exagerando cuando decimos que han (hemos) tomado por asalto al Estado, y por eso estamos condenados a vivir en una crisis perpetua, lo invitamos a pasear por la vereda de la Honorable Legislatura, en Muñecas al 900, cualquier día a la mañana, entre las 7 y las 9, cuando ingresa la mayoría del personal, y descubrirán un verdadero desfile de modelos. Y menos mal que hay cupo femenino… Porque la política, sobre todo si es clientelar, también es machista, sexista y cosificante.
No hay que olvidar que cuando un empleador contrata a un empleado primero piensa en los intereses y necesidades del empleador, no del empleado.
El Estado soy yo
La alienación de la cosa pública subvierte los valores esenciales y genera un estado de confusión que afecta hasta a los más lúcidos. Lo que es bueno para mí parece que debería ser bueno para todos.
Es normal en Argentina que los políticos hablen del Estado en primera persona. Ejemplos paradigmáticos son Cristina Fernández, José Alperovich o el propio Juan Domingo Perón. “Yo quiero”, “yo pienso”, “yo voy a hacer tal cosa”, son expresiones que utilizaron siempre que hacían referencia al Estado.
Es más grave y más difícil de contradecir cuando se habla o se acciona en supuesta representación de una mayoría.
Por ejemplo, ¿por qué un crucifijo preside el recinto legislativo? Un órgano que supuestamente representa y defiende también los intereses de miles de tucumanos que no son católicos. Lo mismo, y más grave aún, ¿porque también hay cruces encabezando la mayoría de las salas de juicio oral? Lugares donde, por el contrario, deberían ser un templo de asepsia, ecuanimidad, neutralidad, transparencia, independencia y autonomía absoluta respecto de cualquier otro interés que no sea el de impartir justicia, aún aquellos valores que tengamos muy naturalizados o que nos resulten por demás nobles.
Podemos usar símbolos religiosos arriba de la cama o en la entrada de la casa o donde se nos ocurra, pero no en una oficina pública y menos en espacios tan sensibles del Estado, como son los poderes legislativo y judicial. En todo caso, si coincidimos en que la mayoría de la población cree en Dios o profesa alguna fe, entonces deberían estar todas las religiones representadas en entes estatales.
El Estado no puede contaminarse con intereses y necesidades personales ni sectoriales, por más abnegadas o misericordiosas que estas sean.
Ocurre que la demagogia representativa que nos gobierna está para cosas más importantes, como esforzarse por minimizar el aberrante embarazo de una mujer violada o declarar a Tucumán provincia provida, medida que seguro sacará a miles de niños de la pobreza en la que nacen.
¿Cuál es la gravedad?, se pregunta el incauto que no entiende por qué es incorrecto que haya una Virgen en una comisaría, o que un legislador tenga 15 secretarias jóvenes y bonitas o que la asistente de un juez sea su hija.
Lo que está bien para mí, está bien para todos, ¿o no?
La apropiación del Estado no es sólo económica, también es simbólica y gestual. Tenemos un problema cultural muy grave, pero más grave es que los que son parte del problema se presenten como los únicos que serán parte de la solución.
Casi 1.400 contratos políticos en el Concejo Deliberante de la capital, además de los 500 empleados permanentes, son una puñalada para el vecino que rompe el auto en cada bache.
Que un juez diga que está bien contratar parientes en el Estado se llama subversión. Porque los valores están subvertidos. Y hemos naturalizado la subversión de tal forma que ya nos resulta muy difícil ver la distorsión. Cómo se le puede pedir a una Justicia que investigue el clientelismo, el nepotismo, la prostitución del empleo público, si lo ejercita y lo promueve.
Nadie lo explicó mejor que el brillante Marshall McLuhan: “no sé quién descubrió el agua, pero seguramente no fue un pescado”.
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