Cirugía mayor por la ventana de diciembre

Puede que en la última sesión del año el oficialismo practique la cirugía mayor a una institución sensible para el funcionamiento del Poder Judicial: el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Esa intervención tocará la integración original del órgano encargado de preseleccionar a los magistrados, fiscales y defensores oficiales. Si triunfa el proyecto del factótum del Gobierno en la Justicia, el legislador Marcelo Caponio, el Consejo incorporará a dos autoridades más: los jefes de los ministerios públicos Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila. Caponio motivó la remodelación en la necesidad de dar participación a los representantes de los institutos creados en 2017 en la preselección de los “magistrados que a futuro estarán bajo su dirección y coordinación”. Pero en términos de poder, este cambio “inocente” rompe el nervio del CAM: su composición equilibrada. Bastará que los dos legisladores afines al gobernador, los ministros públicos y un par de los varios consejeros solícitos que hay se pongan de acuerdo para imponer su voluntad en la configuración de la Justicia.

La propuesta de Caponio alteró a las altas esferas tribunalicias. La historia particular de los consejos de la magistratura argentinos, que existen en esta geografía desde la reforma constitucional de 1994, resulta ilustrativa: constantemente, las ampliaciones del organismo implicaron su partidización política y el bloqueo de su capacidad para cubrir vacantes judiciales mediante concursos públicos transparentes en plazos razonables.

Sucedió en la órbita nacional durante el kirchnerismo y el organismo correspondiente dejó de funcionar. La Justicia Federal se llenó de vacantes, cuando no de jueces precarios -carentes de estabilidad, ergo, débiles- o de jueces en propiedad que abarcaron varios despachos, sin estar como es debido en ningún lugar. El servicio se resintió para la ciudadanía, jubilados y víctimas incluidos, pero a los poderosos les fue de maravilla: erosionados los controles, la corrupción tuvo su impunidad.

El proyecto para reformular el CAM avanza sobre la que quizá sea la única conquista institucional del triple período del ex gobernador José Alperovich. La integración con ocho miembros y sus respectivos suplentes (uno de la Corte local; un juez y un abogado de la capital y del sur, y dos legisladores de la mayoría y uno de la minoría) es fruto de una judicialización sin precedentes en Tucumán, que incluso fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los convencionales constituyentes “de José”, hoy casi todos antialperovichistas fervientes, habían dado a su entonces amo la potestad para organizar el Consejo como quisiese, a meros golpes de decreto.

Aquella creación atribuida a Jiménez, en ese momento ministro de Gobierno y Justicia, no prosperó por la decisión del Colegio de Abogados de la Capital. Los valores en juego empujaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo hacia un oxímoron jurídico: declaró inconstitucional un fragmento de la Constitución en gran medida porque hería la independencia judicial. Como consecuencia de este pleito, la provincia pasó tres años privada de nombrar jueces. Fue un sacrificio mayúsculo en pos de formatear unos Tribunales menos ligados a los intereses de la política y, por lo tanto, “más peligrosos” para quienes se sienten por encima de la ley. La instauración del CAM lesionó la cultura del “vamos por todo”. Siempre se supo que ese triunfo republicano era frágil y que en cualquier momento podían regresar los embates.

En el oficialismo están listos para decir que la reforma promovida por Caponio incrementa el número de consejeros provenientes de la Justicia y que, por ende, el Consejo no corre peligro. El opositor radical José María Canelada sostiene justo lo contrario: dijo que el gobernador Juan Manzur “está arrodillado” ante Jiménez y pronosticó que a los Tribunales les aguarda más oscuridad. El propio presidente de la Corte, Daniel Posse, acaba de admitir que probablemente ni él, ni Jiménez, ni Navarro Dávila ofrezcan garantías de transparencia absoluta. “Por distintos motivos pueden cuestionar nuestras figuras”, dijo en referencia a otra “novedad” del mismo género de la pretendida para el CAM: la reestructuración de la Junta Electoral mediante la incorporación del ministro de la Defensa nombrado por Manzur en reemplazo del representante de la Legislatura. Si Posse sugirió compensar ese déficit de credibilidad con veedores nacionales y extranjeros, ¿habrá que llamar otros tantos para el CAM?

El Gobierno persiste en su determinación de otorgar a los ministerios públicos igual jerarquía que a la Corte, pese a que la propia Constitución alperovichista sostiene que esta es la cabeza de todo el Poder Judicial. El primer paso dado en ese sentido “supraconstitucional” terminó siendo avalado por el alto tribunal en 2017. ¿Qué pasará con el retoque consumado de la Junta y el proyectado para el CAM, justo ahora que los vocales quieren unánimemente recuperar la morgue que la Legislatura entregó al Ministerio Público Fiscal? Malas noticias para esa pretensión: Caponio, además de sumar a Jiménez y a Navarro Dávila al Consejo, quiere habilitar al primero para disponer con la calidad de “depositario” los autos y bienes de significativo valor secuestrados en los procesos penales. ¿Cuánto tardarán los fiscales y sus dependientes en moverse en vehículos de alta gama ajenos, como sucedió en otras jurisdicciones? En cualquier caso, la iniciativa es una señal negativa para la Corte que procura que la Legislatura le devuelva el control sobre quienes hacen las autopsias.

Un príncipe del foro suele repetir que la ingenuidad hace tiempo que hizo las maletas y se mandó a mudar de Tucumán. Esa lógica advierte que una remodelación del Consejo de la magnitud propuesta, si fuese seria, jamás podría ser planteada de un día para el otro, como sucedió en este caso. Los legisladores de Asuntos Constitucionales recibieron los proyectos este viernes y hoy a las 10 se reunirán para formalizar el dictamen, un trámite para la mayoría legislativa. Sin disimulo, la mesa está servida para que esta cirugía institucional mayor entre y salga por la ventana de diciembre.